Impactos de la minería sobre los derechos de los pueblos indígenas

Miguel Palacín Quispe

25/02/2014

Opinión

^-A ⁺A

Quiénes somos

En el Abya Yala, nombre originario de América, habita una de las mayores civilizaciones indígenas del planeta: 50 millones de personas de más de 400 pueblos indígenas. En particular, en los Andes Centrales y Mesoamérica vive el 90% de los indígenas americanos, herederos de grandes civilizaciones cuyos procesos fueron abruptamente interrumpidos con la conquista europea.

Minería en la historia

En Sudamérica, la región andina fue la cuna de la metalurgia. Hubo dos grandes centros en los que son hoy el altiplano peruano-boliviano (Tiahuanaco) y la costa norte peruana (Mochica), desde donde se difundieron los conocimientos a Chile y Argentina, Colombia, Panamá y México. Artistas especializados elaboraban objetos de adorno y para las ceremonias espirituales. La extracción de metales no fue considerada una actividad económica hasta la invasión europea al Abya Yala.

Neoliberalismo y minería

A partir de esa invasión y hasta nuestros días, la extracción primaria de materias primas ha sido el eje del desarrollismo en la región. En los años noventa el neoliberalismo redujo el ámbito regulador de los Estados y los reestructuró para adecuarlos a las necesidades del mercado, a fin de garantizar las condiciones para el libre desenvolvimiento de las inversiones. Uno de los más beneficiados ha sido el sector minero.

Precio de los metales

Parte de este proceso es el aumento de los precios de los principales metales en el mercado internacional durante la última década. El 1 de enero de 2002 la onza de oro tuvo un valor de US$ 278, el 1 de enero de 2006 subió a US$ 530, y el 1 de enero de 2010 alcanzó el valor de US$ 1.120. A finales de noviembre de 2011 el precio de la onza de oro ya giraba alrededor de US$ 1.750. El 1 de enero de 2002 una libra de cobre tenía un valor de US$ 0,70, mientras el 2 de diciembre de 2011 se negociaba en US$ 3,54. En consecuencia, durante este periodo las principales empresas mineras obtuvieron ganancias que superaron las utilidades de cualquier otro sector económico en el mundo, incluyendo el sector farmacéutico y las telecomunicaciones.

Inversión minera

Mientras los precios de los metales se incrementaban, las compañías mineras aumentaron sus gastos de exploración en América Latina de unos 450 millones de dólares en 2002 a 3.1 mil millones de dólares en 2008. Cinco países (México, Perú, Chile, Brasil y Argentina) tradicionalmente atraen la mayoría de los gastos de exploración. De acuerdo a las cifras proporcionadas por la ONG peruana CooperAcción, en 2008 las inversiones en estos cinco países sumaron 2.568 mil millones de dólares, representando el 82.8% de todas las inversiones en el continente. Hoy se puede decir que toda la región andina cuenta con el crecimiento más acelerado de inversiones mineras de la última década.

Minería y despojo territorial

En América Latina existe una superposición de concesiones mineras con resguardos indígenas, tierras comunales, parques nacionales y otras áreas que gozan de algún tipo de protección. El otorgamiento de derechos mineros a empresas transnacionales implica el despojo de derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Estas comunidades ven cómo estas empresas gozan del apoyo explícito de los gobiernos bajo pretextos como el empleo y el desarrollo, para a finalmente despojarles sus territorios y acabar con sus saberes y la sustentabilidad de sus procesos económicos y sociales.

Minería, agua y medio ambiente

A eso se debe sumar el aumento de la competencia por el agua, debido a que la industria minera metálica necesita cantidades enormes de agua fresca para separar los metales buscados de otros minerales presentes en la roca. Asimismo, la industria genera graves impactos asociados con el uso de grandes volúmenes de sustancias químicas de alta peligrosidad, como son la contaminación ambiental y los problemas en la salud de personas que habitan en zonas cercanas a una mina. La actividad minera es hoy unas de las actividades más destructivas y contaminantes del planeta.

Minería y conflictos sociales

La actividad minera es una de las principales fuentes de conflicto en todo el continente. Cada proyecto minero desencadena un proceso conflictivo que empieza con la actividad de exploración y se prolonga mucho más allá del periodo de explotación de los metales, tal como se puede verificar en casos emblemáticos de la minería latinoamericana, como son los de Cerro de Pasco, Yanacocha y La Oroya (Perú), el Valle de Siria (Honduras), el Cerro San Pedro (México) y Esquel (en Argentina).

Minería y criminalización

En este contexto de conflictividad y protesta contra los emprendimientos mineros, los gobiernos del continente han ido aplicando severas restricciones a los medios tradicionales de expresión y de oposición. Tácticas comunes como los bloqueos de carreteras y las manifestaciones suelen ser producto de muchos meses o años de esfuerzos infructuosos por hacerse escuchar a través del diálogo. En América Latina la protesta ha sido objeto de una represión directa y de procedimientos judiciales, la defensa de un derecho se ha convertido en delito.

Minería y derecho a la consulta

Los Estados siguen promoviendo proyectos mineros sin procesos adecuados de consultas previas a las comunidades, violando las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. Varios gobiernos del continente han ido aprobando leyes que regulan la obligación de realizar dichas consultas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha llevado a cabo en el continente una sola consulta que trate específicamente la puesta en marcha de algún proyecto minero, que se ajuste al espíritu de la consulta de la legislación internacional y que además goce del aval de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Defensa de derechos

A pesar de la aplicación de estas estrategias de criminalización y medidas para asegurar el acceso a los minerales, al menos en América Latina la tarea no les ha sido del todo fácil. Mientras se busca aniquilarnos a través de políticas represivas, los pueblos indígenas no hemos permanecido impasibles ante esta arremetida neoliberal. Por el contrario, la agresión a nuestros derechos se ha traducido en nuestra visibilización como actor político, creciente articulación continental y paso de la resistencia a la propuesta y la acción.

Perú: actores de la resistencia

Las comunidades campesinas y nativas se han constituido en el actor central de la resistencia frente al avance indiscriminado de la minería. Se calcula que de las 5.680 comunidades reconocidas con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras. La expansión continúa y hoy las concesiones mineras ocupan cerca de 22 millones de hectáreas, representando el 17% del territorio nacional.

Perú: criminalización de la protesta

Las acciones de protestas que se emprenden cuando se agotan todos los intentos de diálogo son criminalizadas. El segundo gobierno de Alan García (2006-2011) emitió un paquete de decretos legislativos que distorsionan los tipos penales para ser aplicados a quienes protestan. Uno de ellos incluye dentro de la figura de extorsión hechos usuales en las movilizaciones sociales, como tomar locales, impedir el libre tránsito, perturbar elnormal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecuciónde obras legalmente autorizadas. Y fija penas de hasta 25 años por estos hechos. Producto de ello, existen actualmente alrededor de un millar de dirigentes y líderes indígenas perseguidos y procesados por defender los derechos de sus comunidades.

Ecuador: priorización de la minería

El Gobierno de Rafael Correa ha establecido la actividad minera como una de sus prioridades. En atención a ello, se ha aprobado una Ley de Minería y se ha constituido la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) en diciembre del 2009. Esta posición gubernamental de hacer del Ecuador un país minero refleja la continuidad y profundización del modelo extractivista de los recursos naturales.

Ecuador: impactos ambientales y sociales

Una de las mayores preocupaciones de las poblaciones que resultan directamente impactadas por la actividad minera es la contaminación de las fuentes de agua en zonas frágiles y ricas en biodiversidad como la Cordillera del Cóndor, donde se encuentran los megaproyectos Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Panantza, San Carlos y Quimsacocha, entre otros. Todos estos proyectos tienen como común denominador el no haber sido consultados a las comunidades que habitan en las zonas de influencia de dichos proyectos.

Ecuador: criminalización de la protesta

Como consecuencia de la vulneración del derecho a la consulta, en el Ecuador las comunidades, sus líderes y pobladores en general vienen siendo víctimas de la criminalización de las protestas. A estas personas y organizaciones se les califica de delincuentes e incluso se les acusa de terroristas y saboteadores, con el objetivo de desprestigiar sus luchas ante el resto de la sociedad y generar temor o desmovilización social en torno a la defensa de derechos fundamentales que son reconocidos por la Constitución del Ecuador y respaldados por instrumentos internacionales.

Colombia: expansión de la minería

Las reformas legales llevadas a cabo en Colombia a partir del 2001 abrieron el camino para la entrada masiva de empresas mineras transnacionales. Durante los años siguientes, el gobierno de Álvaro Uribe inició la expedición de títulos mineros sin ningún tipo de rigor, sumando actualmente cerca de 45 millones de hectáreas, lo cual representa aproximadamente el 40% del territorio colombiano. De hecho, en Colombia una sola empresa, La Anglogold Ashanti, había solicitado en 2006 la concesión para la explotación minera de más de 4 millones de hectáreas en no menos de 300 municipios.

Colombia: minería y conflicto armado interno

Últimamente la situación se ha tornado aun más alarmante, debido a que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que su programa de desarrollo económico se sustenta en “las 5 locomotoras del desarrollo”, una de las cuales es la minero-energética. Las zonas mineras coinciden con zonas de guerra interna en territorios indígenas, provocando desplazamientos forzosos, asesinatos y desapariciones en los pueblos indígenas.

Bolivia: minería y pobreza

Bolivia es considerada un país tradicionalmente minero. Desde la época incaica y luego en la Colonia, la minería siempre ha sido una de sus principales actividades económicas. Sin embargo, Bolivia es uno de los países más pobres de la región, lo cual evidencia que esta actividad extractiva no ha contribuido al desarrollo ni a la economía nacional, más bien todo lo contrario, ha generado una enorme deuda socioambiental y pasivos imposibles de remediar.

Bolivia: expansión minera

Las cordilleras oriental y occidental cubren cerca del 42% del territorio boliviano y actualmente en ellas se ubican más de 2200 prospectos en plata, estaño, antimonio, wolframio, plomo, zinc, cobre, bismuto y otros. El precámbrico, con una extensión del 18% del territorio, tiene una zona metalífera con más de 100 prospectos de oro, platino, níquel, tantalio, platino, hierro y otros. Y la llanura beniana abarca el 40% del territorio boliviano y tiene depósitos de estaño, wolframio y oro. Encima, el gobierno de Bolivia ha anunciado la explotación de litio proveniente de los salares del altiplano, siendo esta la principal reserva de este mineral a nivel mundial.

Bolivia: un discurso diferente

Si bien en los últimos años ha aumentado la participación privada en el sector de la minería, favoreciendo el crecimiento de la minería mediana, la minería chica y las cooperativas, el Estado impulsa una mayor presencia estatal a través de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). El arribo al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el dirigente cocalero Evo Morales a la presidencia, y el intelectual y ex guerrillero Álvaro García Linera a la vicepresidencia, generó enormes expectativas. La reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y luego un avanzado discurso dirigido a realzar el cuidado de la Pachamama agregaron valor a la gestión del mandatario Morales.

Bolivia: discurso y realidad

A pesar del claro y energético discurso del presidente Morales en espacios internacionales, al interior del país las expectativas respecto al ejercicio de derechos y respeto a los pueblos originarios y su relación con la Pachamama han ido en decadencia. La contaminación ambiental y la falta de respeto a los derechos de las comunidades y poblaciones por parte de las empresas mineras ha sido una constante en diversos departamentos de Bolivia.

La propuesta indígena andina

Como hijos de la Madre Tierra, los pueblos indígenas andinos tenemos una opción distinta, sustentada en el buen vivir, en la armonía y el diálogo con la naturaleza. Y en las dos últimas décadas, hemos avanzado sustancialmente en nuestra organización y articulación. Nuestro reto es hacer realidad el pleno ejercicio de nuestros derechos conquistados, todo ello compartiendo y construyendo con el conjunto de movimientos sociales una alternativa distinta al Extractivismo capitalista neoliberal.

https://www.alainet.org/en/node/83476?language=en