México

Calladitos, los defensores de Calderón

Eduardo Ibarra Aguirre

18/03/2014

Opinión

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Estadísticas dadas a conocer por integrantes del gabinete de Seguridad Nacional al reportero Gustavo Castillo García, del diario La Jornada, corroboran que de 2006 a 2012 los homicidios dolosos se incrementaron 84 por ciento, al pasar de 11 mil 806 a 21 mil 728; las extorsiones 130 por ciento y los secuestros 92 por ciento. En los últimos renglones delictivos la estimación es en base a los casos denunciados, y es sabido que los no denunciados son superiores al 90 por ciento.

Los porcentajes ponen en relieve, por si aún hiciera falta, un fracaso en toda la línea en el sexenio de Felipe Calderón, el señor que disfrazado con el uniforme de batalla de general de cinco estrellas que rebasaba sus muñecas y hombros, decretó la guerra contra el narcotráfico para: legitimarse en la silla presidencial, meta que nunca logró; satisfacer la exigencia de sellar la frontera sur de Estados Unidos desde territorio mexicano, formulada por George W. Bush, el iluminado que, decía, hablaba con Dios durante la invasión de Irak, para reconocer al “gobierno de las manos limpias”; pero también para satisfacer un reclamo nacional que tuvo como respuesta una mayor dosis de luto, violencia, dolor y desplazados.

Como bien advirtió Joaquín López-Dóriga en la última entrevista que a modo le realizó a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús en Los Pinos para El Noticiero: “Usted va a ser recordado por el número de muertos”. Y el fracasado político que goza de Harvard con la espléndida pensión a cargo del bolsillo de los causantes, y disputa lo que dejó de Partido Acción Nacional, hoy sus más entusiastas defensores no aparecen en la plaza pública. Como bien pregunta La Rayuela: “¿Dónde quedaron los apasionados defensores de la guerra de Calderón contra las drogas? ¿Por qué no alzan la voz?”

Ni la alzarán, con la excepción de sus más fieles seguidores que tiene en el Senado, y menos lo harán “los representantes de la sociedad civil” que no sólo aplaudían la estrategia militarista de Calderón Hinojosa, sino regañaban a los que no cerraban filas con él y ahora suscriben con entusiasmo las políticas del gobierno en turno a nombre de sus ONG, que de no gubernamental tienen poco.

El fracaso de las políticas de seguridad pública del gobierno que más bellos discursos realizó sobre el “estado de derecho” y que con harta frecuencia confundía con la diestra, fue de tal magnitud que el gobierno sucesor, el de Enrique Peña, estableció la ventanilla única para los agentes de Washington que intervienen y espían en México, privilegió la coordinación institucional en los tres niveles de gobierno y mayor colaboración con los tres poderes de la Unión, multiplicó el trabajo de inteligencia y disminuyó la belicosidad mediática del discurso y la propaganda oficiales.

Como revelan las mismas cifras, lo anterior es del todo insuficiente pues los secuestros pasaron de 733 (en 2006) a mil 407 (en 2012) y a mil 695 (en 2013). Y las extorsiones pasaron de 3 mil 157 denuncias (en 2006), a 4 mil 582 (en 2012) y 8 mil 42 (en 2013).

Seguramente por lo anterior, el plan de seguridad pública del gobierno de Peña Nieto, en proceso de elaboración, contempla el retiro gradual del Ejército y la Marina de las tareas policiacas, función que por ninguna parte contempla la ley de leyes, pero que la Suprema Corte “legalizó” por encargo de Calderón y bajo presión de la cúpula castrense.

Retiro que estará condicionado a que las corporaciones policiales se consoliden y profesionalicen, pero no en menor medida a las exigencias de la Casa Blanca, principal interesada en desgastar a los ejércitos de América Latina porque alguna resistencia oponen o pueden hacerlo al expansionismo estadunidense.

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