Damos por descontado que una real democracia no puede desarrollarse sin partidos políticos. Esta es una de las razones fundamentales por la cual nuestra democracia peruana resulta siempre tan endeble. Sin embargo, los partidos políticos como tal pueden ser también susceptibles de corrupción, lo cual no es nada nuevo. Cuando los intereses de ciertos grupos de poder logran manejar a los partidos políticos o, peor aún, a ciertos individuos en función de su conveniencia estamos hablando de un sistema democrático que obedece al dinero y ya no a la representación de los ciudadanos. Algo así acaba de ocurrir en Estados Unidos.

 

La semana pasada el alto Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió anular los topes máximos de las cantidades de dinero que los contribuyentes a título personal pueden asignar a candidatos y partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existe un límite monetario para aquellos que deseen, con sus recursos, financiar a determinadas figuras y/o determinados partidos políticos. Los defensores de esta decisión han señalado que las donaciones no pueden por sí mismas ser fuente de corrupción y que al eliminarse los topes, se contribuye a la “libertad de expresión” defendida en la primera enmienda de la Constitución de ese país.  Pero este argumento resulta por demás débil y hasta falaz.

 

El panorama estadounidense en esta materia queda de la siguiente manera: La ley federal que fijaba en 123.200 dólares la cantidad máxima que podía donar un particular durante dos años a candidatos o partidos políticos, ha sido derogada. Ahora, esos máximos monetarios se han eliminado, sin embargo, se ha dejado intacto el monto de 2.600 dólares que puede recibir un candidato a un cargo federal por cada contribuyente particular. Con este nuevo contexto la pregunta es, ¿se modificará pronto también ese monto individual? Todo puede pasar. La puerta está abierta.

 

Sin embargo, no es la primera vez que una iniciativa de este tipo busca concretarse en Estados Unidos. El precedente de la misma ocurrió en el 2010 en que el tribunal eliminó también los límites de los fondos que las corporaciones y sindicatos podían aportar a las campañas electorales. Esta precedente, vuelto norma, ha sido, al igual que la reciente norma aprobada el jueves, fuertemente criticado por el propio presidente Barack Obama.

 

Si bien no podríamos oponernos a que quien sugiere que todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir con sus candidatos y/o partidos de preferencia, lo cierto es que dicho ideal dista de la realidad. La cruda realidad, tanto en Estados Unidos como en Perú, por ejemplo, es que aquellos que tienen mayores recursos tendrán la oportunidad de contribuir de manera más significativa con los candidatos que, seguramente, les permitan mantener e incrementar su dinero. De esta manera mientras más ricos, más posibilidades de colocar a sus representantes en un espacio de decisión política que debería ser elegida democráticamente por la voluntad de la ciudadanía y no por aquella ciudadanía de mayores recursos. Este escenario tiene un nombre: plutocracia.

 

Lamentablemente, este paso en Estados Unidos nos hace pensar también en la necesidad de regular el financiamiento de partidos. Nada mejor para el fortalecimiento de los mismos que el financiamiento transparente y público de las tiendas políticas que son, finalmente, quienes permiten el desarrollo del sistema democrático. Es cierto que una campaña política no puede ganarse sin recursos, imaginen el panorama cuando la ventaja de unos sobre otros, en términos de recursos, es altisonante. ¿Acaso los representantes que logren hacerse de un escaño en el parlamento son aquellos que le harán oposición a las normas de regulación que fiscalicen a sus patrocinadores? Imposible. Se trata pues, de la victoria del dinero, del poder de unos muy pocos y sus billeteras, y no de la elección popular. Estados Unidos ha dado, en realidad, un paso hacia atrás y nosotros vemos desde aquí cómo se instaura en el norte la democracia del dinero o, mejor dicho, la democracia S.A.