El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito en Honduras en 1995, eliminó la Doctrina de Seguridad Nacional, DSN, que constituía la estrategia de seguridad de Estados Unidos, la cual constituyó el asidero en el que se basó la Contrainsurgencia de los Ejércitos Latinoamericanos. La DSN, planteaba que el Estado debía ser el centro de la Política de Seguridad, con lo se que aseguraba su supervivencia; así como consideraba a la Población como el “Enemigo Interno”. La Seguridad Democrática por el contrario, considera que el centro de las actividades del Estado en materia de seguridad debe ser la población, el ser humano. Según el Tratado, en su artículo 78, indica: “El presente Tratado sustituye todas las normas que en materia de seguridad o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de los Estados Centro Americanos, ODECA, y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieren adoptado a nivel regional”. La ODECA ya no existe, y las normas en materia de seguridad a las que se refiere dicho artículo, fueron las de la DSN. Tal tratado, además de constituirse en la base de lo que seria la SEFAC, dio un viraje en las concepciones sobre seguridad. Los Acuerdos de Paz, la denominan “Seguridad Integral”, porque además de contener el componente democrático, se considera que la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales. Considera que los desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la pobreza extrema, la discriminación social y política, la corrupción, entre otros, constituyen factores de riesgo y amenaza directa para la convivencia democrática, la paz social y, el poder, el orden constitucional democrático. El rasgo característico de la historia política de Guatemala, ha sido el autoritarismo. En sus diferentes etapas, el Estado guatemalteco ha sido casi sin excepción la expresión de sistemas de dominación, sostenidos gracias al poder coercitivo estatal, que invariablemente utilizó la fuerza para mantener el control político, en beneficio de los sectores económicos minoritarios. La política estadounidense para América Latina incorporó nuevos elementos, al mismo tiempo que continuó poniendo énfasis en la DSN y la lucha contra el “enemigo interno”, se propuso combatir la pobreza y la exclusión política, por considerar que éstas favorecían la propagación del comunismo. Es decir, éste podía ser derrotado mostrando las ventajas del capitalismo y de la libre empresa. La asistencia para el desarrollo se convirtió en un pilar de las nuevas relaciones con el continente. La Alianza para el Progreso, aprobado en la Reunión Interamericana de Montevideo de 1961, fue el instrumento para lograrlo y una de las formas de contrarrestar los efectos que la revolución cubana, ejerció con su ejemplo, sobre los revolucionarios del continente. En nuestro país, desde la contrainsurgencia, la Agenda de Seguridad incorporó dentro de su estrategia, la propia Agenda de Desarrollo. El desarrollo, pasó a formar parte del proyecto contrainsurgente, y los recursos invertidos por el Estado, pretendían neutralizar al movimiento revolucionario guerrillero, que tenía amplias bases en la población. Dentro de los conceptos de la Seguridad Democrática, la Agenda de Desarrollo y la Agenda de Seguridad están separadas, por constituir fenómenos de distinta naturaleza. Además porque el Bienestar y Desarrollo, son funciones y políticas de Estado. Por esa razón, el Concepto de Seguridad Democrática, Indica la condición de bienestar que se genera por la acción de desarrollo que promueve el Estado, y la definición de políticas de desarrollo cuyas medidas específicas están destinadas a procurar la condición de bienestar. “La condición democrática del orden político establece que las instituciones del Estado se erigen en función de los intereses colectivos de la sociedad, y en su defensa: El Estado existe para la sociedad, y no a la inversa. Consecuentemente, entre la seguridad de la persona humana y la de las instituciones políticas, existe una independencia total”. Los conceptos y parámetros de la Seguridad Democrática, deberían entenderse perfectamente en los acuerdos firmados ahora en junio por los partidos políticos. En estos se plantea la construcción del Sistema Nacional de Seguridad; concientes de la crisis de seguridad que atravesamos los guatemaltecos. De no existir otra alternativa, se puede caer en el pecado de recoger de nuevo la DSN, vigente en la mentalidad conservadora, y pretender llevarla a la práctica, dada la poca información sobre la Seguridad Democrática y la vocación antidemocrática de algunos partidos políticos. Se debe tomar en cuenta que muchos sectores plantean “la mano dura” y la preferencia por un “régimen autoritario”, si eso les resuelve las grandes carencias económicas y de seguridad. En la realidad significaría un retroceso en los avances de la democracia, motivado por la no solución de los problemas de seguridad, y de ningún tipo desde el Estado. De ser así, se constituiría en un nuevo obstáculo y retroceso para la profundización y ampliación de la democracia, que se debate entre la desigualdad y la pobreza, a pesar de existir esfuerzos por consolidarla. En nuestro medio, la percepción de democracia consiste únicamente en que existan elecciones periódicas. Pero el crecimiento económico insuficiente, las profundas desigualdades y el sistema jurídico y servicios sociales ineficientes, que propiciarían la consolidación de la democracia, han provocado el malestar de la sociedad y socavado la confianza en esas elecciones. Eso porque los gobiernos elegidos democráticamente, aún no cumplen las aspiraciones populares. Este déficit entre gobernantes y gobernados, nos hace considerar que la reforma del Estado debe ir aparejada al propio desarrollo de la democracia, para convertirse en fenómenos de la misma naturaleza: el desarrollo integral. Fuente: Boletín Noticias y Análisis de Tendencias Nº 995 Incidencia Democrática www.i-dem.org Guatemala, 27 de junio de 2006