La inseguridad ha empeorado en las últimas semanas y la ciudadanía se ve afectada por la delincuencia común y el crimen organizado. Han aumentado los asaltos y agresiones en los autobuses urbanos y extraurbanos; así como en las calles, residencias, comercios, y hasta en los centros educativos. Los asesinatos múltiples en horas del día y en calles céntricas han convertido nuestras ciudades y carreteras en un campo de batalla, solo comparado con el mismo nivel de bajas que tiene lugar en la guerra de Irak. Es atemorizante el aparecimiento día a día, de cadáveres con visibles señales de crueles torturas y ejecutados con métodos propios de las ejecuciones extrajudiciales. La sociedad guatemalteca observa, con gran preocupación e incertidumbre, una escalada de violencia y actos delictivos sin precedentes en la historia de nuestro país, sin que las autoridades tengan una estrategia para contrarrestarla. No existe una política de seguridad, como parte de una Política de Estado. La Agenda de Seguridad que rige, es impuesta desde el exterior en función de los intereses norteamericanos en el combate al terrorismo. Pero en Guatemala no existe esa amenaza, y la única que se conoce, es promovida por la visión de cómo se maneja el propio Estado. La ola de asesinatos sistemáticamente es explicada por las autoridades, como “lucha entre pandillas o ajuste de cuentas”, sin que medie una verdadera investigación para encontrar a los responsables y someterlos a la justicia. Esa mentira repetida constantemente, ha llegado a ser parte de la conciencia ciudadana. Casi ninguna investigación prospera, porque nuestro sistema de justicia se encuentra inmerso dentro de lo obsoleto y sus instituciones están infiltradas por la delincuencia organizada. Lo que si ha evolucionado hacia métodos superiores, es la impunidad. La debilidad institucional es aprovechada por el crimen organizado, que ha encontrado en Guatemala un paraíso fiscal, dónde hacer negocios resulta la mayor de las ganancias. Hay delitos que no son tipificados en nuestros códigos, por lo que son cometidos sin temor a persecución. El delincuente comete todo tipo de delitos, sabiendo que lo más que habrá será una torpe investigación. Eso quedó demostrado cuando en una semana se produjeron tres robos a agencias bancarias y, días antes el robo de más de US$8 millones en el Aeropuerto la Aurora, donde la investigación se ha topado con las propias mafias que copan las estructuras del Estado. Todo eso a pesar de que el Ministerio Público, MP, se ha dedicado a contactar a posibles testigos, tener algunas versiones, estudiar videos y elaborar fotos robot de los asaltantes. Pero las pesquisas sólo han generados supuestos, con los que la Policía inició operativos como el nuevo allanamiento en la casa de Otto Herrera, esperando descubrir otros millones de dólares, como hace varios años. Pero en el plano público el robo evidenció las debilidades e incapacidad del Estado para brindar seguridad. Como si fuera poco, el asalto también hizo pasar a segundo plano, el impacto que se pretendía lograr contra la narcoactividad, con el operativo de las fuerzas combinadas de seguridad que se desarrollaba en San Marcos; así como la imagen que se pretendía proyectar hacia fuera del país, para lograr la certificación de Estados Unidos. En el marco del operativo en San Marcos, se considera una debilidad del Estado decretar un Estado de Prevención para hacer operativos contra la siembra de estupefacientes. La no satisfacción de las necesidades de la sociedad, coloca al gobierno en la disputa de la población contra la narcoactividad. Por un lado el Estado no da respuestas a las demandas sociales, pero ésta recibe del narcotráfico grandes incentivos. Se debe combatir con energía la narcoactividad, pero no a costa de sacrificar la sociedad; no construyendo un Estado policiaco donde la población sea el enemigo interno, como se hizo en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los despliegues de fuerza sólo contribuyen a abrir las heridas de la guerra, innecesario en una etapa de construcción de una cultura de paz. Guatemala dejó de ser puente en el trasiego de drogas, para convertirse en base de operaciones de la narcoactividad, con negocios multimillonarios de los capos, con una basta infraestructura, medios y recursos, en los que se involucran comercio y actividades de fachada. Disfrazados de empresas, varios negocios de las mafias han prosperado, aprovechando la libertad de empresa; en donde se deja hacer, se deja pasar. El lavado de dinero, es visible, incluso en la gran estabilidad de la banca privada y nacional. Las mafias han permeado las estructuras de la administración del Estado y éstas, de manera indirecta, amparan sus grandes operaciones. La participación de agentes de la PNC en esos ilícitos ha sido comprobada; así como la captura en EEUU de altos jefes de la desaparecida SAIA. Las instituciones políticas se han convertido en blanco de sus operaciones, para que de manera clientelar y desde actividades legislativas casuísticas, sean favorecidos por determinados partidos. Se preparan en la participación del próximo evento electoral, lo que presupone un aumento de la violencia en ese campo. En medio de este trágico escenario resulta vital dotar al Estado de las herramientas necesarias para hacerle frente a esa escalada de violencia; aprobando las leyes de seguridad pendientes, que oscuros intereses económicos y del crimen organizado, siguen deteniendo en el Congreso. De la misma manera es necesario construir el Sistema Nacional de Seguridad, que diferentes instituciones y fuerzas políticas han diseñado desde hace algún tiempo, para hacer frente a las complejas fuerzas que amenazan la seguridad. Como parte del fortalecimiento democrático y del Estado, se hace indispensable fortalecer la institucionalidad de la seguridad ciudadana, y dotarla de una nueva mentalidad de servicio. Es impostergable, convertir a la justicia en un sistema, y no como existe actualmente: instituciones obsoletas y dispersas, sin ninguna coherencia. Algo que se planteó como necesario ayer y no se construyó; ahora es necesario impulsarlo con el retraso que significará en su efectividad para mañana. - Arnoldo Villagrán - Coordinador de producción del Reporte Diario y Analista de Incidencia Democrática. Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
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