Las instituciones civiles siguen en muchos casos sin ser creadas, mucho menos sin ser fortalecidas y desarrolladas.Después de la firma de la paz ha sido constante el desgaste político sufrido por los gobiernos en sus dos primeros años de gestión. El PAN inició con buen pie y cosechó los aplausos de la población y la comunidad internacional por haber firmado la paz. Pero al implementar sus políticas neoliberales, por las que impuso la privatización, la balanza de las críticas tuvo más peso en el lado contrario porque no cumplió con los propios Acuerdos que firmó. Lo mismo sucedió con el Gobierno del FRG, con Alfonso Portillo a la cabeza, con los escándalos de corrupción, nepotismo y demás lacras ya conocidas, a pesar de haberse enfrentado a los intocables empresarios. El mismo desgaste sufre ahora el gobierno de la Gran Alianza Nacional, GANA, desde hace más de un año, debido a la no concreción de su programa de gobierno y porque los flagelos que aquejan a la sociedad se han incrementado. El común denominador de ese desgaste ha sido, fundamentalmente, por la insatisfacción de las demandas de la sociedad; porque inversión social, obras de infraestructura, seguridad, educación, salud, y aún la reacción necesaria ante los desastres naturales con lo que tanto se vanaglorian; constituye una sobrada obligación de todo gobierno, en tanto administra el Estado. El Estado es constituido para cumplir con varias funciones, pero las básicas son garantizar el bienestar y desarrollo; brindar seguridad e integrar los componentes del Estado en un proyecto nacional. El enfrentamiento entre corrientes económicas, una por fortalecer el Estado para lograr el bienestar, y la otra por reducirle funciones y dejarle únicamente la de resguardar la seguridad, nos ha tomado en una situación de crisis económica. Se ha venido a desmantelar y reducir las funciones de un Estado ya de por si debilitado, centralizado, pequeño, obsoleto y sin poder cumplir con sus funciones básicas. Como hemos indicado varias veces, si una administración no implementa su programa en el primer año de gobierno; pasa la expectativa y legitimidad creada en las elecciones y se desarrollan los anticuerpos que caracterizarán la pérdida de credibilidad, lo que a la larga se transforma en ingobernabilidad. De entrada el gobierno de GANA, por acción perversa del anterior Congreso dirigido por el FRG, se enfrentó al hecho de no contar con un presupuesto adecuado para impulsar sus proyectos iniciales, los cuales se irían desarrollando durante los cuatro años; dentro de éstos los megaproyectos. La lucha por la transparencia no le funcionó como necesitaba y los Comisionados para el impulso de tal o cual política pública, quedaron en el camino como buenas intenciones. En el caso del de Seguridad y Defensa, desde el inicio se fue de la coalición de gobierno a formar su propio proyecto. La lucha por la seguridad, supuestamente la única función que debería cumplir el Estado, según los neoliberales, está muy lejos de concretarse. Si bien es cierto que el gobierno de GANA ha realizado golpes contundentes contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, éstos aún no responden a una política de seguridad, que provenga de una Política de Estado. Con un golpe, no se terminó el crimen organizado ni la narcoactividad. Esto significaría permanencia en el tiempo y en las agendas de gobierno, sin importar las autoridades de turno. Nos llama la atención que a pesar de lo positivo de los resultados, de los operativos en Pavón y Petén, tengan la lógica de una “operación de limpieza”, en que las fuerzas de seguridad van, operan, ocupan terreno, pero luego se retiran. Es decir no hay permanencia, porque tampoco hay continuidad. En esas condiciones pueden pasar jugando al gato y al ratón por mucho tiempo. Y dados los intereses económicos que se mueven dentro del crimen organizado, después esas amenazas tendrán nuevas formas, otros territorios y nuevos actores. Lo que no es correcto, bajo ningún punto de vista, es que los operativos que se han realizado, y los que se han estado anunciando, tengan como soporte, la suspensión de las garantías constitucionales de la sociedad o sectores de la población. A pesar de que el gobierno tiene la facultad de imponer estados de excepción, porque considera que así se puede operar con mayor facilidad; esa es la lógica que está utilizando el gobierno de Estados Unidos: sacrificar libertades de la sociedad por seguridad. Es la lógica del Estado policiaco y fue la lógica de las dictaduras militares, del Estado autoritario y la contrainsurgente. En el fondo se sigue considerando a la población como el enemigo interno. Hemos conocido que el gobierno dispone de dos recursos para ejercer su dominio. El poder hegemónico, que lo constituye la capacidad de imponer su dominación, logrando la aceptación de la sociedad y evitando las expresiones de disenso [1]. Por el contrario el poder coercitivo, es la capacidad de imponer su dominación mediante el uso de la fuerza, que incluye reprimir las expresiones de disenso al orden establecido e imponer obediencia. El poder coercitivo como único medio de dominación no es suficiente, porque como le está ocurriendo al gobierno de GANA, impone un desgaste continuo que afecta los intereses mismos de la dominación. Aunque al final de su gobierno, no es gran problema, pero si lo es de cara a las próximas elecciones. En las actuales condiciones políticas expresa la debilidad del Estado, no contar con la fortaleza política y no tener ninguna justificación para suspender las pocas instituciones que han ido consolidando la democracia. Es una forma de crear anticuerpos, dentro de una población cansada de abusos y violaciones a sus derechos que sufriera durante el conflicto armado. Es parte de la cultura de violencia e intolerancia que heredamos de los regímenes dictatoriales. Es la única forma que conocen de ejercer el poder y tener el control político de la población, cuando ya no se tiene la legitimidad política para poder gobernar. Lo que de verdad refleja esa situación es una gran debilidad, al no poder mantener su dominio y acción política con la aprobación y apoyo de la misma sociedad. El reposicionamiento que en los últimos meses ha tenido el Ejército, corresponde a la necesidad de que de soporte a las tareas de seguridad ciudadana, y por los compromisos internacionales que, en materia de seguridad, Guatemala tiene con los Estados Unidos. Es precisamente en la seguridad ciudadana donde esta administración tiene su principal déficit y deuda con la sociedad. De ahí que por necesidades de gobernabilidad sea el Ejército, de nuevo, la única institución que se ha fortalecido. Las instituciones civiles siguen en muchos casos sin ser creadas, mucho menos fortalecidas y desarrolladas. En condiciones políticas diferentes, el Ejército sería utilizado de nuevo en cualquier aventura política autoritaria. Sería legal, por cuanto no han cambiado las normas constitucionales que lo permiten, sobre todo darle funciones de seguridad interna. En esas condiciones de debilidad es que gobierna GANA. En esas condiciones tiene asegurado su desgaste. Nota [1] Hacia una política de seguridad para la democracia, POLSEDE. Documentos finales, Tomo I. Pg. 86 - Arnoldo Villagrán - Coordinador de producción del Reporte Diario y analista de Incidencia Democrática. Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
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