La dominación política, económica y cultural del imperio tiene un nuevo rostro, maquillado a lo largo de 62 años.A 62 años de la justa de la Revolución de 1944 permanece en la realidad nacional, la destrucción de las conquistas de ese proceso, por la intervención mercenaria de 1954, que planificó, financió e impulsó la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, en nombre de la “libertad y la democracia”, por considerar que la Revolución guatemalteca, constituía una amenaza para su seguridad, por la infiltración comunista en su seno. Esto dio como resultado el cierre de los espacios políticos de participación, la exclusión, marginación la intolerancia, la profundización de la pobreza y la represión política, las dictaduras de todo tipo y la construcción de un Estado Autoritario y contrainsurgente. Estas fueron las causas internas que provocaron el enfrentamiento armado, que se extendió a lo largo y ancho del país, durante 36 años. Lo más trágico del fin de la guerra y la firma de la paz, fue que los Acuerdos de Paz no se hayan cumplido, porque en pleno siglo XX nuevas corrientes económicas y de pensamiento de derechas, impidieron que los Acuerdos se convirtieran en la base para convertir al país en un modelo de desarrollo. El gobierno que firmó la paz no concebía que el Estado debiera convertirse en un rector de la economía nacional. En cambio el Estado fue desmantelado, reducidas sus funciones y vendidos sus activos, para que fueran las leyes del mercado las que produjeran el desarrollo; algo que aún esperamos los guatemaltecos. Esto mientras se acrecientan los problemas económicos, políticos y sociales, que por su acción colateral del desarrollo supuestamente resolvería el mercado rebalsando la riqueza con la que se salpicaría la sociedad, convirtiéndola en muchos empleos, oportunidades y crecimiento económico, algo que durante dos décadas no se ha producido. Esto ha generado renovadas posiciones políticas y nuevas alternativas para la sociedad. Sin embargo ante estas nuevas posibilidades, los neoliberales ya tienen su antídoto: si antes las aspiraciones sociales fueron caracterizadas como lo fue la amenaza del Comunismo, ahora son consideradas “populismo”. Lo cierto es que crece el descontento ciudadano, que no ve acrecentados sus niveles de una vida digna y algunos sectores avanzados, voltean a ver hacia la izquierda. A 62 años los actores son los mismos, y subyace el problema de la inequitativa distribución de la riqueza y de la tierra, como una de las principales causas del crecimiento de la pobreza. Ésta se ha manifestado como una constante, ahora con su variante de extrema pobreza, como también el limitado acceso a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, y demás políticas públicas, que deberían estar impulsadas desde los gobiernos, en tanto políticas de Estado. El problema del uso y tenencia de la tierra, sigue movilizando a los grupos campesinos, y el desarrollo rural cobra fuerza, en tanto la oligarquía mantiene su incansable lucha por derrotar los conceptos de la propiedad social. Ahora sale a luz que la Revolución Democrática de 1944 -que pretendía modernizar el país, sacar a la sociedad del régimen semi feudal y consolidar el sistema capitalista - nunca fue una amenaza real para la “seguridad” de los Estados Unidos como se hizo creer en su momento. La verdad sobre la destrucción de 10 años de democracia en Guatemala, fue aceptada finalmente en 2003 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, al mismo tiempo que, durante una conferencia en Washington, se desclasificaron los documentos que así lo comprobaron. Pero en el Siglo XXI, la dominación política, económica y cultural del imperio tiene un nuevo rostro, maquillado a lo largo de 62 años. Es en esas condiciones que los trabajadores deben emprender sus nuevas cruzadas y poder identificar el nuevo escenario de lucha. Ahora se plantea la flexibilidad laboral y su variante extrema, la desregulación, la cual radica en los postulados del neoliberalismo que propone individualizar las relaciones laborales, hasta el límite de lo posible. Para alcanzar ese objetivo postula, por una parte, la no intervención del Estado en las relaciones de trabajo, de forma tal que cada trabajador negocie libre e individualmente con el empleador, la venta de su fuerza de trabajo. Llevada a sus máximas consecuencias esta propuesta supone la abrogación de la legislación del trabajo y su sustitución por el Derecho civil, así como la abstención estatal en el área administrativa y judicial, lo que supone la abolición de la Administración del trabajo y de la Justicia especializada. Para que la individualización de las relaciones laborales fuera completa, sería necesario además, evitar la acción sindical, la autonomía y la autotutela colectivas. Se pretende dar por eliminadas todas las conquistas de los trabajadores y su organización, como las más importantes, que a lo largo de su historia de lucha fueron logradas. Como un aspecto abolicionista de las libertades de los trabajadores, consideran los neoliberales que la legislación debería proscribir o limitar, hasta el límite políticamente posible, la acción sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Esto porque en esta concepción económica son prácticas monopólicas a través de las cuales los trabajadores tratan de elevar artificialmente el precio de la mercadería que venden, refiriéndose a su fuerza de trabajo, lo cual viene a “ensuciar” el libre juego de la oferta y la demanda entre cada trabajador individualmente considerado y cada empleador concreto. Esto explica que, por lo general, las demandas de flexibilización se concentren en el derecho individual del trabajo y no se inquieten por el carácter restrictivo que a menudo ostenta la legislación sindical. Para los neoliberales la no intervención del Estado y la reducción de sus funciones, ha permitido al capitalismo no cultivar el "lado social" del capital, razón por la que adversan el Estado de Bienestar, o como ellos le llaman: “Papá Estado. Conminándolo a no desarrollar políticas públicas en beneficio de los sectores sociales más vulnerables. Y desde el propio sector sindical, pero sobre todo en los sindicatos pro patronales o pro gobiernistas, se cultivan elementos que alimentan esa situación, cuando la mayoría de los trabajadores no se ven beneficiados con las acciones de sus dirigentes, lo cual contribuye al propio debilitamiento de la acción sindical, que en esas condiciones subiste como un mero “símbolo de las bondades patronales”. El debilitamiento de los sindicatos, por negociaciones pactadas bajo la mesa, o por la aceptación de convenios que favorecen a los patronos, les coloca en una posición muy difícil, en la que a veces se ven obligados a legitimar medidas flexibilizadoras, que a la vez contribuyen a acentuar aquel debilitamiento. Esto ha sido así, desde que la dirigencia sindical, no se recupera de los golpes sufridos en el pasado contrainsurgente, y por la no preocupación de la dirigencia sobreviviente, en la formación de nuevos cuadros. Sin embargo el elemento principal sería el deterioro de la organización de los trabajadores, la cual se ha dispersado y desnaturalizado su lucha reivindicativa, por posiciones o aspiraciones políticas de sus dirigentes, que han servido de escalón en proyectos particulares. El resultado es una lucha contra un sistema neoliberal, aunque con raíces oligárquicas y conservadoras, que impone el paso a todos los sectores sociales y a la organización sindical, que sigue sin comprender su nuevo escenario de lucha. - Arnoldo Villagrán - Coordinador de producción del Reporte Diario y Analista de Incidencia Democrática. Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
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