El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosello, quien aboga por la anexión integral de la isla a los Estados Unidos, anunció para el próximo 13 de diciembre la realización de un referendo, que determinará la decisión del pueblo puertorriqueño de permanecer en su condición actual de Estado asociado, integrarse a la Unión norteamericana o independizarse de ese país. La intención del gobernador Rosello de que Puerto Rico pase a formar parte de la Unión norteamericana ha dado lugar al enfrentamiento entre el patriotismo puertorriqueño y las conveniencias de los Estados Unidos, que controla la isla desde hace cien años. El llamado a un referendo, para terminar así con la existencia de la isla como ghetto privado de su derecho a elegir, es uno de los argumentos de Rosello para concretar la medida de estadización el próximo 13 de diciembre. Sin embargo, el Congreso podría no reconocer legalmente el resultado del referendum. Así también la Casa Blanca y el Congreso norteamericano tomaron en cuenta la posibilidad de negar a los puertorriqueños el derecho a la ciudadanía estadounidense, vigente desde 1917, en caso de que Puerto Rico apunte a la independencia o alguna asociación soberana con los Estados Unidos. Legalidad cuestionada La legalidad del mecanismo a aplicarse en diciembre comenzó a ser fuertemente cuestionada por miembros del Partido Popular Democrático (PPD), que ha anunciado ya, a través de su presidente Aníbal Acevedo Vilá, que radicará su impugnación a la ley de plebiscito la semana próxima. Para ello, combinará estrategias políticas y legales y apuntará a la defensa del "pueblo estadolibrista". El PPD manifiesta su rechazo a la medida, señalando que se trata de un proceso abusivo y discriminatorio, que intenta arrebatar a los puertorriqueños su Estado Libre Asociado (ELA), cuando el gobernador Pedro Rosello no pudo derrotarlo en las urnas. Así, quienes apoyan el Estado Asociado actual plantearon iniciar un juicio a fin de declarar ilegal el referendo. ?Fin del Estado Libre Asociado? Pese a la figura de "Estado Libre Asociado" impuesta desde 1952, la relación que ha mantenido Puerto Rico con los Estados Unidos, se enmarca en una dinámica colonial. Sin duda se trata de una figura especial pues, por un lado, los puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense, utilizan el dólar americano, cumplen el servicio en el ejército estadounidense, sus relaciones exteriores y defensa son conducidas por Estados Unidos, mientras que, por otro, la isla no cuenta con el derecho a voto en el Congreso norteamericano, ni sus habitantes participan en la elección del presidente de Estados Unidos; tiene leyes propias, aunque subordinadas a las de los Estados Unidos, así como su propio Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tras varias décadas de haber insistido que el pueblo de Puerto Rico había ejercido su derecho a la autodeterminación con la institución del Estado Libre Asociado, a inicio de 1989 el gobierno norteamericano finalmente admitió que en este país había un "problema político". Tras lo cual dio inicio a un proceso para que el pueblo portorriqueño se pronuncie sobre su status a través de una consulta. En esta consulta, celebrada el 13 de noviembre de 1993, el 48% del electorado votó por el Estado Libre Asociado, mientras el 46% lo hizo por la anexión de Puerto Rico como estado federado de los Estados Unidos. El resto fue voto independentista. Según los sondeos, en la actualidad la población parece apoyar cada vez más la opción de que Puerto Rico pase a constituirse en el 51? estado de la Unión norteamericana. Sin embargo no está aún claro si en Washington ella tendrá luz verde. Lo que si parece hacer consenso en uno y otro lado es que ha llegado el momento para despejar el "problema del status".