Los medios privados del Ecuador, al igual que en Venezuela y Bolivia, están desempeñando un rol actores políticos de oposición, pese a que repetidamente lo desmienten.

 La experiencia venezolana, donde los medios privados reemplazaron a los desprestigiados partidos políticos de oposición, e incluso se involucraron en el golpe de Estado de abril de 2002 para derrocar al presidente electo democráticamente, Hugo Chávez Frías, no ha pasado desapercibida para sus similares del Ecuador. Y para tratar de establecer una estrategia frente al gobierno de Rafael Correa buscan consejeros del exterior a quienes entrevistan profusamente.

 
Así por ejemplo, Ricardo Trotti, director de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), les aconsejaba: “Mi punto de vista es que los medios no podemos caer en el juego, en la diatriba, el antagonismo y terminar haciendo lo que nos acusan, oposición. Eso les encanta a ellos y por eso nos provocan”. (El Universo, 3 – 06-2007)

 
Pero los directivos de los medios no le están haciendo caso a Trotti. Juran y rejuran que no caerán en la tentación de reemplazar a los partidos políticos y que su papel no es intervenir en la lid política sino de “informar con rigor y objetividad y aplaudir cuando haga falta”, pero los métodos que utilizan y las agendas que tratan de imponer al país los delatan y hacen todo lo contrario de lo que predican.

En una extensa carta al diario El Universo (uno de los de mayor tiraje que se edita en Guayaquil) el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, le recordaba que “Nadie habla desde la imparcialidad” y que el periódico tenía todo el derecho de ser “un espacio militante de crítica y oposición al proyecto político del gobierno de Rafael Correa” pero que tenía “la obligación moral de comunicárselo a sus lectores”. Además, agregaba que lo que “resulta carente de ética es que, habiendo definido una línea de oposición, se pretenda mantener la neutralidad desde el discurso” (El Universo, 29-07-l 2007)

 
Que se calle

 
A los medios no les gusta el discurso confrontacional de Correa. El Presidente, ciertamente, ha cuestionado duramente a los grandes medios como también a los banqueros y a las elites -a las que llama los pelucones- que han dominado el país durante toda la vida republicana. El discurso confrontacional está en concordancia con los objetivos del proyecto político de “la revolución ciudadana” y posibilita que el mensaje quede grabado en la mente de la gente. Correa, frecuentemente denuncia no solo que hay mafias en los medios sino que estos son incompetentes, mediocres, racistas y corruptos. Los medios no están acostumbrados a ser cuestionados: son el poder que está por encima del bien y del mal, que goza de impunidad, cualquier crítica es interpretada como “atentado a la libertad de expresión”.

Por ello, los editorialistas como los políticos de oposición, en numerosas ocasiones, han pedido a Correa que se calle, que guarde silencio, que no confronte, que sea tolerante e incluyente con las clases adineradas que “también forman parte del país”.

Tampoco están de acuerdo que se devele la “relación incestuosa” entre el poder económico financiero y el poder mediático. Correa, en varias ocasiones, ha señalado que los principales canales de televisión están en manos de los banqueros. Y ha citado casos concretos: Fidel Egas, además de ser el mayor accionista del Banco del Pichincha, uno de los más grandes y fuertes del país, es accionista mayoritario del Canal 4 (Teleamazonas) con alcance nacional, además de que su grupo es propietario de las revistas Gestión y Diners. El grupo Isaías es propietario de los canales Telecentro, Gamavisión y Cablevisión y de las radios Universal, radio K 800 y Radio Carrousel. El grupo económico El Juri, uno de las más fuertes del país, es dueño del canal Telerama, también de alcance nacional. Sobre estas denuncias, los medios, por supuesto, no profundizan ni les dan seguimiento, pero gastan mucha tinta, papel y espacio para informar y comentar sobre ciertos hechos y expresiones equivocadas del presidente Correa como las de parafrasear a Tony Blair, quien calificó a los medios de “bestias salvajes”, o referirse a una periodista como “gordita horrorosa”. Cabe indicar que este claro cuestionamiento de Correa al poder mediático se vio desdibujado cuando eligió como blanco a algunos periodistas de los medios y no a sus patronos, provocando el rechazo de los gremios periodísticos, que, en ciertos casos, se alinearon con los empresarios de la información.

Esta relación entre banca y medios se puso en evidencia cuando el presidente Correa envió un proyecto de ley al Congreso para regular las altísimas tasas de interés que cobran los bancos y que les han permitido acumular pingües ganancias. En esta oportunidad, los bancos, coaligados con los medios, emprendieron una millonaria y agresiva campaña para oponerse al proyecto, consiguiendo finalmente que los diputados desechen la propuesta de Correa y aprueben una ley que favorece a los bancos. Así quedó evidenciado que en los medios hay un conflicto de intereses, y que, en esa medida tienen una imposibilidad estructural para cumplir su función social en democracia, pues la información y la opinión que emiten es su propia información y opinión, reñida con el interés general.

 Preservar el monopolio

 
Otro temor de los grandes medios es perder el monopolio del manejo informativo pues el gobierno ha anunciado la necesidad de contar con sus propios medios. Por lo pronto, el gobierno de Correa tiene, como mecanismo de información, una cadena radial que se transmite los días sábados. Además cuenta, con sitio Web ( http://www.presidencia.gov.ec ), proyecta reanudar las transmisiones de la Radio Nacional del Ecuador e instalar un canal estatal, que ha encontrado dificultades pues el Estado, a pesar de que es dueño de las frecuencias radioeléctricas, no cuenta con una (en VHF) para poder salir al aire. Asimismo, el gobierno ha recuperado, de las manos de los grupos económicos de Guayaquil, el periódico El Telégrafo, que perteneció a los banqueros, convirtiéndolo en un medio estatal.

 
Los medios han puesto el grito en el cielo ante el anuncio gubernamental de que se controlará la programación que frecuentemente incita a la violencia y al racismo, y para velar por su calidad artística, cultural y moral, como dispone la Ley de Radiodifusión y Televisión reformada de 1995 que nunca ha sido aplicada. Es que, para los medios dominantes, solo existe un modelo posible de comunicación: el modelo corporativo que proviene de la matriz estadounidense, “motivado por las ganancias y sostenido por las ventas de publicidad”. En este esquema todo vale. Ciertos medios no dudan en utilizar las tres “eses” (sensacionalismo, sexo y sangre) para lograr mayor tiraje o rating, y no les importa apelar a los instintos más primarios del ser humano para conseguir sus objetivos mercantilistas. En este modelo, los medios no admiten ningún tipo de control ni estatal ni ciudadano.

Se deslegitiman

 Los grandes medios actúan con espíritu de cuerpo y se muestran contrarios al proyecto de socialismo del siglo XXI anunciado por Correa. Pese a que el programa de Correa se corresponde a una tendencia de centro-izquierda que busca rescatar la soberanía e impulsar políticas sociales redistributivas en el marco del capitalismo, los medios, coaligados con la derecha, no le han dado tregua a Correa y lo han atacado en forma sistemática y despiadada para intentar echar abajo su proyecto, utilizando todas las armas.

 
Sin embargo, la ofensiva mediática parece no estarles dando los resultados que esperan sus mentalizadores. Vale recordar que durante la consulta popular para la Asamblea Constituyente realizada el 15 de abril del 2007 la mayoría de medios se opuso a ella. Los titulares así como el grueso de los editorialistas decían que se trataba de una novelería, que el pueblo está desinformado, que no sabe ni entiende de lo que se trata. Sin embargo, el pueblo se pronunció en un 82 por ciento a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, comprobándose que los medios no solo que han perdido influencia sino que han dejado de sintonizar con las corrientes ciudadanas que exigen cambios.

 
Los medios conservan su poder. No han sido afectados. Pero el resultado no esperado del enfrentamiento con Correa es que están perdiendo credibilidad y que en sectores ciudadanos no solo se escuchen voces que llaman a dejar de comprar los periódicos o a apagar la televisión, sino que haya una búsqueda urgente de otras formas de comunicación, como ya sucedió durante el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en abril del 2004.

Un asunto ciudadano

 En este contexto, uno de los puntos débiles del Gobierno de Rafael Correa es el de la comunicación no solo para hacer frente a las elites que pretenden conservar el statu quo sino para viabilizar su propio proyecto. Durante la campaña electoral y en los meses que lleva de gestión, el régimen ha puesto énfasis en la propaganda que ciertamente ha sido creativa y exitosa pero ha descuidado dotarse de una estrategia de comunicación e impulsar políticas públicas en este terreno.

 
Las políticas públicas de comunicación implicarían revisar el reparto de frecuencias radioeléctricas, que han sido adjudicadas como botín político, y proceder a su democratización; fortalecer los medios alternativos y comunitarios; incentivar la diversidad lingüística y cultural; promover y fortalecer el control ciudadano sobre la programación de los medios corporativos.

 
Una estrategia de comunicación, entre otros puntos, implica abrir un debate sobre el tema, una apropiación y una decisiva participación de todos los estamentos sociales, para que la comunicación deje de ser un asunto que solo involucra a los medios, los periodistas o los funcionarios.

 
Existe un clamor en varios sectores para que en la nueva Constitución, se establezca una clara separación entre los grupos de poder económico y los medios, evitando la concentración de los bienes comunicacionales y simbólicos en pocas manos. Esta sería la mejor vía para afectar al poder mediático corporativo. Así mismo, será vital consagrar “La comunicación como un derecho humano fundamental inherente a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el territorio nacional, y que sirva de base para el ejercicio de todos los demás derechos (humanos, sociales, culturales, políticos y económicos)”, como señala una propuesta de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Quito.

- Eduardo Tamayo G. es periodista e investigador ecuatoriano.

Publicado en la revista de ALAI América Latina en Movimiento, No. 423, agosto  2007.