El desempleo, la corrupción, la inflación y el deterioro de la situación económica de los uruguayos están creando un clima de inconformidad e incertidumbre de tal magnitud que muchos hablan de estallidos sociales similares a los ocurridos en Argentina.

El gobierno de José María Sanguinetti impulsa un programa de reforma del Estado que prevé la supresión y en algunos casos la privatización de 90 instituciones públicas, con lo que miles de empleados podrían ser despedidos.

Además de ello, el régimen de la coalición de los partidos Blanco y Colorado aprobó la reforma de la seguridad social sin consultar a los trabajadores y jubilados y una ley de ajuste fiscal que perjudica a los asalariados.

Crece el desempleo

Uno de los aspectos que más preocupa a los uruguayos es el desempleo. Según datos oficiales, el 11 por ciento de la población económicamente activa (PEA), estimada en 1'300.000 personas, se encuentra desocupada. Si a ello se suma los subocupados (informales, trabajadores familiares no remunerados, trabajadores precarios e inestables, etc.) tenemos que casi 600 mil uruguayos (el 46% de la PEA) afrontan serios problemas laborales

Los más afectados son los jóvenes menores de 25 años de ambos sexos, quienes encuentran grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo. En el caso de las mujeres, el servicio doméstico constituye una válvula de escape a la desocupación: solo en Montevideo hay 40.000 mujeres dedicadas a este trabajo.

El retroceso en el empleo se da sobre todo en el sector de la construcción. Durante los ocho primeros meses, la comercialización de cemento para obras públicas y privadas se contrajo en un 20.4%. La paralización de la construcción es notoria en el balneario de Punta del Este, 150 km. al este de Montevideo, donde se edifican casas y apartament05 para los turistas, en su mayor parte argentinos.

Para la ministra de Trabajo, Ana Lia Piñeyrúa, el desempleo es "un problema preocupante pero no alarmante". Sin embargo, el dirigente sindical Eduardo Fernández discrepa con estas apreciaciones, agregando que los niveles de desocupación son consecuencia directa de la política económica uruguaya y de la competencia desfavorable en el ámbito del MERCOSUR. Esto se evidencia, por ejemplo, en la planta de fertilizantes ISUSA, que enfrenta una situación de cierre como consecuencia de la competencia de los productos importados de Brasil y Argentina. Una situación de crisis, igualmente, se evidencia en la industria frigorífica.

No se ven posibilidades de mejoría en el corto plazo. "El empleo seguirá cayendo tanto en cantidad como en calidad (precariedad, terciarización, subempleo) y la combinación de la caída del empleo con restricciones refleja la gravedad de la situación actual de los trabajadores", señala un informe preparado por el economista Daniel Olesker para la central sindical unitaria PIT-CNT

Caen los salarios

Al problema del empleo, se suma el deterioro de los salarios. En los primeros ocho meses del año, la inflación llegó al 25,7 por ciento, que en América Latina solo fue superada por Venezuela con un 29,4%.

De otro lado, en estas últimas semanas, senadores y diputados discuten el proyecto de presupuesto del Ejecutivo que marcará los destinos y la distribución del dinero del Estado en los próximos años. Distintos sectores de la actividad pública como las fuerzas armadas, la policía, el poder judicial y la educación reclaman mayores rubros.

En estas condiciones, los trabajadores estatales agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), con el apoyo de la central única, PIT-CNT, se han movilizado tanto para incidir en la orientación que debe tener el presupuesto nacional como para reclamar estabilidad laboral y salarios justos.

El 12 de septiembre, unos 10.000 funcionarios efectuaron un paro y marcharon del centro de Montevideo hacia la sede del Congreso en donde exigieron que la política tributaria que se determine en el presupuesto estatal no afecte a las capas más humildes de la población. La marcha fue considerada una de las más grandes de los últimos años y un anticipo de luchas más profundas.

En este mismo mes se movilizaron los empleados judiciales, los trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los maestros fiscales, quienes realizaron una serie de paros zonales en procura de recuperar sus alicaídos salarios y mejorar las condiciones en que realizan su trabajo.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 220, ALAI, 12-10-1995, Quito.