Un senador opositor, dueño de tierras y reses, luego de ratificada la Constitución Política del Estado, se asombra del veredicto popular que sanciona, como latifundio, la propiedad de tierras por sobre las 5 mil hectáreas. Pide una revisión a cargo de gente entendida. Comprensible en alguien que considera, a las leyes, como normas que deben favorecerlo.

El caso es que se suma a un catedrático que llegó a ser dignatario, reclamando una revisión de la constitución por entendidos, como él. Ya no se trata, a su entender, de uno o dos artículos, de un tema u otro. Quiere hacer una revisión completa. En otros términos: quiere invalidar el trabajo de la Asamblea Constituyente; desprecia los avances que se hicieron en reuniones con prefectos y otras autoridades; no le interesan los ajustes que, por último, permitieron la convocatoria a los referendos. Que el pueblo se haya pronunciado, no tiene importancia. Él es la autoridad que pondrá en regla la Ley Mayor. Nosotros, debemos acatar su inapelable sentencia.

Pero dos son poca muestra. Se suman analistas, politólogos y, ¡cuándo no!, comiteístas que no se han enterado de que el país cambió. Ninguno de ellos contribuyó, con algún aporte a este avance; fueron opositores desde antes que se redactara un solo artículo de la nueva Constitución. Es decir, no querían, no quieren y no querrán por ningún motivo, que cambien las reglas del juego. Así siempre sucedió con los grupos de poder, y sus acólitos, que quedan fuera de la historia.

La tierra improductiva

Es cierto que no es lo mismo una extensión determinada en Santa Cruz o La Paz, en El Chaco que en Pando. Hay condiciones diferentes, por supuesto. Pero el acaparamiento de grandes extensiones rurales, ha sido una constante para los dueños del poder. Y, esa constante, es factor principal del despoblamiento de nuestro extenso territorio nacional.

Un poco de historia, no nos caerá mal. Las encomiendas coloniales fueron eso: encomiendas, no concesiones ni donaciones, ventas o transferencias. Los encomenderos eran responsables de que la tierra produjese, para lo cual debían cuidar que los indígenas originarios mantuviesen un nivel de trabajo al menos suficiente. El producto de la encomienda era vendido por el privilegiado. Esa era la norma, aunque aquel patrón colonial se considerase dueño de la tierra. En esa condición, los criollos que se beneficiaron con la creación de la república, se proclamaron dueños de la tierra y de los colonos; es decir, dueños de haciendas y vidas.

Pero, como la larga guerra de independencia agotó la explotación de minerales, los grupos de poder se interesaron por las tierras que aún permanecían en poder de las comunidades campesinas. Con Donato Muñoz, como artífice, durante el sexenio de Mariano Melgarejo, decretaron la farsa de la ex vinculación. Los dueños originarios de la tierra debían demostrar sus derechos en un tiempo límite. El engaño fue que el decreto fue conocido por los criollos y se informó a los indígenas cuando había vencido el plazo. Así enriquecidos, los dueños del poder convirtieron a todos los originarios en peones de sus haciendas, pagados con la concesión de una parcela para su sustento, a cambio de trabajar gratuitamente la tierra del gamonal e incluso prestar servicio en la casa del patrón.

Todo esto se prolongó hasta el año 1952, pese a que, una década antes, formalmente se abolió el pongueaje. Los señores de la tierra, aliados a los barones del estaño, mantuvieron el atraso como condición de país empobrecido. ¡Aún así se atrevían a proclamar la República!

La tierra parcelada

Quizás haya sido una visión apropiada en ese tiempo. Quienes vivimos tal época, asumimos que, ése, era un paso trascendental. Las haciendas y latifundios fueron distribuidos entre los campesinos, que asumieron esa denominación genérica y formaron sindicatos, en el mismo esquema que la organización obrera.

Pero no había propiedad comunitaria. No se consideró la unidad de los pueblos originarios. Más bien, se intentó formar cooperativas. Es cierto que, ya a principios de los años ’40, se organizó un movimiento en esa dirección. Pero la cooperativa no pudo consolidarse. La razón es visible ahora; no lo era entonces.

De ese modo, la tierra resultó parcelada y, a la vuelta de una generación, comenzó a expulsar a los campesinos. Arracimados en los cinturones de miseria de las ciudades, de su condición de pobres pasaron a miserables. Estaban dadas las condiciones para emigrar hacia otros países, por miserables que fuesen las ofertas; aquí, no tenían ni siquiera esa posibilidad.

Cincuenta años después, la situación es desastrosa. Millones de hombres y mujeres han salido de Bolivia como expulsados. Es evidente que emigraron profesionales y gente de clase media baja. Pero, fundamentalmente, son los campesinos quienes componen esa población que podemos calificar, apropiadamente, como exiliados económicos.

En tanto, las propiedades rurales en los valles y las tierras bajas, han restablecido el latifundio. Es decir, la propiedad de la tierra no tiene una función productiva, sino meramente comercial. Se compra al Estado a precios ridículos para, luego de algún tiempo, venderla con grandes ganancias.

Esa es la norma. Por lo menos lo será hasta el momento en que entre en vigencia la Constitución aprobada el 25 de enero pasado.

Los reclamos del terrateniente

Para lograr un consenso que permitiera el referendo simultáneo, se hicieron concesiones. Esto es cierto y debemos asumirlo; no sólo reconocerlo. Pero asumir, es una obligación de todos. Haber aceptado que los latifundios existentes al momento de promulgarse la nueva Carta Magna, no serán tocados, a menos que se compruebe que no están produciendo, es un acuerdo entre todos los partidos con representación parlamentaria. En el MAS, con grandes reticencias, las organizaciones sociales aceptaron  tal concesión. Pero debe ser vigilantes, pues los terratenientes creen que pueden seguir pidiendo más y más tierras.

Alguien dice, uno más entre tantos, que cinco mil hectáreas es insuficiente para trabajar un hato vacuno que rinda alguna ganancia. Así parece, si los dueños de los frigoríficos, pagan una miseria por las reses y se llevan la parte del león. Doscientos dólares por un novillo que rinde más de 300 kilos de carne. Agreguemos la venta del cuero y de los huesos. O los ganaderos se dejan explotar o, como socios de los frigoríficos, explotaron al Estado a expensas de sus aparentes pérdidas.

Desde 1950, cuando se hizo el primer censo agropecuario en Bolivia, hasta 2001, cuando ocurrió el segundo, en el Beni se contabilizó la misma cantidad de ganado: 3 millones de cabezas. Si consideramos que los terratenientes ganaderos no hacen otra cosa que dejar que las reses pasten por su cuenta, contratando un número mínimo de obreros para vigilar que se mantengan, llegamos a la conclusión de que, estos señores, buscan que el Estado les pague su desidia.

En esas mismas condiciones –dejar por su cuenta al ganado- 5 mil hectáreas, equivalen a un hato de mil cabezas. Lo demás son cuentos de quienes están esperando inundaciones para cobrarle al Estado las pérdidas que sí cuentan con precisión.

La tierra productiva

Un millón de kilómetros cuadrados, es una extensión ilimitada, si tomamos en cuenta la escasa población humana. Debemos hacer un inventario mediante el cuál, conozcamos qué cantidad de tierras son apropiadas para el pastoreo, cuáles sirven para la agricultura y qué cantidad de bosques debemos preservar. No podemos olvidar, tampoco, el cuidado de nuestros caudales fluviales que no aprendimos todavía a manejar. Esta es nuestra riqueza. Ese el futuro de Bolivia. Que unos cuantos hacendados pretendan mantener su estilo de vida, no puede desviarnos del camino. Es el camino de la construcción de una sociedad nueva, en la que ellos, tienen que cumplir un papel, muy importante por cierto: producir.

- Antonio Peredo Leigue es senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.