El presidente venezolano Hugo Rafael Chávez se ha asumido varias veces como “peronista”, cosa que, al menos que se sepa, no ha hecho el jefe del estado boliviano Juan Evo Morales Ayma, aunque lleve esos nombres de pila como un homenaje de su madre a Juan Domingo Perón y a su segunda esposa, María Eva Duarte. Sin embargo, en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se han tomado aspectos y profundizado otros que traen reminiscencias de la Constitución Nacional argentina de 1949, amén de aquellas cuestiones específicas que hacen a las tradicionales naciones aborígenes.

Una de esas profundizaciones de la Constitución Argentina de 1949 de carácter social, eliminada por un simple decreto del gobierno golpista de Pedro Eugenio Aramburu en 1956, meses después del derrocamiento de Perón en 1955, es la que surge del artículo 398 de la CPE boliviana. El artículo 38 de la norma argentina que tuvo como gran hacedor al constitucionalista Arturo Sampay levantaba la consigna de que la tierra debía tener una función social, como la propiedad en su conjunto, y en ese caso particular reivindicando los derechos de los labriegos, lo que popularizó la consigna “la tierra para quién la trabaja”.

Claro que ya antes, durante el proceso militar iniciado en 1943, que devino en antioligárquico bajo la creciente influencia del propio Perón, ya se había avanzado en el tema de la explotación de la tierra a través del sancionado “Estatuto del Peón Rural”. En tanto el trabajo esclavo o semiesclavo se mantuvo en casi todo el riesgo de la región. Hasta hoy mismo el gran gigante iberohablante, Brasil, sigue constituyendo un paradigma en la materia como lo reconocen sus propios organismos gubernamentales, amén de numerosos sectores sociales.

Bolivia ha dado un salto notable en aras de su transformación con su nueva constitución al establecer hacia el futuro una nueva política de tenencia de tierras. No es una reforma agraria distributiva ya que se mantiene la gran propiedad rural de los antiguos propietarios, uno de cuyos máximos exponentes es Branko Marinkovic, el líder nazi de Santa Cruz de la Sierra. Los viejos latifundios serán respetados, pero no podrán generarse nuevos mayores a las 5.000 hectáreas . En general lo que ha predominado es la distribución de la tierra ociosa y de la propiedad pública. El gobierno brasilero realizó algunas expropiaciones en los últimos años como las aproximadamente 1,6 millones de hectáreas en el estado de Roraima para generar el área de producción aborigen de Raposa Serra do Sul, aún en debate en el Superior Tribunal de Justicia de la Unión ante la oposición de los viejos apropiadores arroceros blancos.

En la Argentina los mayores avances se habían dado entre 1973 y 1974, bajo la gestión de José Ber Gelbard al frente del Ministerio de Economía con las iniciativas a avanzar sobre las tierras libres de mejoras y con el Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra , lo cual causó una cerrada oposición por parte de los grandes propietarios rurales de entonces.

Pero la cuestión de la tierra es de muy antigua data y está ligada al crecimiento de los estados y a la justicia distributiva a lo largo de los 6.000 años de historia humana. En las primeras grandes formas estatales, como el Egipto del Imperio Antiguo, la tierra era de propiedad del faraón como representante solar por lo que no existían los dueños individuales. Eso dio lugar a la gran expansión y el poder de las tercera y cuarta dinastía, las que dejaron las herencias de la pirámides de la meseta de Gizah. Cuando la nobleza y la jerarquía eclesiástica se apoderaron de las tierras se generó la nomarquización (feudalización), los nomarcas desintegraron el poder real y  el reino que hasta había diseñado el primer sistema de correos se hundió en el caos del que dan cuenta las “Lamentaciones de Ipuwer”.

La nueva constitución boliviana no es de carácter socialista al mantener la concepción de la propiedad privada productiva tanto urbana como rural, aunque haya hecho claros avances a favor de los sectores populares y en particular de los pueblos originarios. Algunas décadas atrás, un historiador francés, Louis Baudin, escribió un interesante libro titulado “El Imperio Socialista de los Incas”, amén de otros como “La vida cotidiana en tiempos de los últimos incas” y hasta estudios sobre el rol de la mujer en el incanato.  Pero “El imperio socialista de los incas” fue el que tuvo más difusión y tuvo gran aceptación en su momento tanto en ámbitos académicos como en sectores políticos de izquierda.

Pero más allá de lo notable del sistema político, económico y social del incanato, en muchos aspectos más evolucionado que los europeos de su época, mejor se puede hablar de un cierto estado paternalista, multiétnico, integrador. En una tesina allá por 1980 me referí al carácter planificador que iba desde una estructura de vías de comunicaciones o correos, al estilo de la vieja Roma, pero a algo particularmente notable para cualquier economista serio, sobre todo ante la impactante crisis de nuestros tiempos: la planificación productiva y el intercambio de bienes. Había producciones de las zonas costeras y de baja altura; de las zonas de alta montaña y de las terrazas andinas; y la correspondiente a los faldeos tropicales. Así había disponibles cereales, tubérculos, frutas, proteínas animales y fibras textiles, entre otros bienes. El mayor problema estaba ligado con la falta de animales de transporte adecuados, ya que los camélidos americanos a los que se apelaba no tienen una suficiente capacidad de carga.

A diferencia de los posteriores diseños europeos para América Latina no se sufrían problemas como el señalado por el gran economista argentino Alejandro Bunge, en su obra “Una nueva Argentina”, propio del diseño que dio al país la visión colonialista que el hoy Reino Unido dio al país. Bunge llamó a la Argentina “país abanico” por su centralización en el puerto capitalino y sus consecuencias de “superproducción e infraconsumo” en las diferentes economías regionales, sobre todo en las más alejadas a dicho puerto. Malgrado de los terratenientes de origen europeo, como el citado Marinkovic, la nueva constitución recupera la idea integradora del estado multiétnico integrador de los pueblos originarios.

Y la cuestión de la tierra constituye un eje central. Como lo fue históricamente en todas las etapas de crecimiento de diferentes civilizaciones. Es muy poco probable que la famosa y no tan cierta “democracia ateniense” (en verdad una aristocracia extendida) hubiese podido darse a lo largo del Siglo V antes de nuestra era (ANE) si muy a comienzos del Siglo VI ANE no hubiese existido un señor llamado Solón de Atenas, luego uno de los “Siete Sabios de Grecia”, que realizó una serie de reformas económicas, como la creación del dracma (moneda que duró 26 siglos hasta ser absorbida por el euro) y la reforma tributaria, pero, esencialmente una virtual reforma agraria al dejar sin efecto las deudas de los campesinos pobres y liberar de la servidumbre a todos aquellos que habían caído en ella por no haber pagado aquellas. Atenas resolvió en buena medida sus graves conflictos sociales de entonces e inició una nueva etapa económica que le permitió una centuria después asumir el imperialismo armado, suavizado algo más tarde en imperialismo comercial.

También en Roma la cuestión de la tierra fue clave para su despegue. Habían pasado unos tres siglos y medio desde su mítica fundación el 21 de abril del 753 ANE y la por entonces república tenía 142 años de vida desde el abandono de la monarquía. Los problemas tenían cierta similitud con los de la Atenas previa a las reformas de Solón en algunas cuestiones. Por ejemplo, era enorme la cantidad de hombres libres que se habían convertido en siervos por no pagar sus deudas y la tierra registraba una creciente concentración en manos de quienes se habían ido apropiando de las ganadas por la extensión del estado o por la apropiación de las de aquellos deudores insolventes.

Así fue como un tribuno de la plebe llamado Cayo Licinio Calvo Estolon, conocido simplemente como Licinio, allá por el 367 ANE eliminó la servidumbre por deudas y los que habían caído en ella fueron liberados. Pero además puso fin al latifundio ya que se fijó un tope para la propiedad de 500 yugadas, el equivalente a nada más que 125 hectáreas (40 veces menos que las 5.000 a futuro de la nueva CPE boliviana). Las tenencias superiores Las sanciones para los incumplidores eran muy graves al punto de que al propio Licinio se le aplicó una multa de 10.000 ases cuando se descubrió que sobrepasaba esa cifra. Eso dio lugar a que en Roma se generara un capitalismo agrario basado en la contratación de trabajadores libres asalariados, básicamente de aquellos que habían recibido 30 yugadas ( 7,5 hectáreas ) como resultado de la división de la tierras excedentes a las 125 hectáreas . Ello no se cumplió cabalmente, sobre todo en la Etruria (hoy Emilia Romana) lo que motivó un nuevo proyecto en la materia de Tiberio Sempronio Graco en el 134 ANE. El definitivo abandono de estos principios y la regeneración de los latifundios y la aparición de una masiva esclavitud productiva fue posterior a las Guerras Púnicas a fines del Siglo III ANE. En tanto la vuelta a la servidumbre de los hombres libres apareció en la segunda mitad del Siglo III a partir de la ley “De capitatio iugatio” (suerte de renta potencial de la tierra) del emperador ilirio Cayo Aurelio Valerio Diocles (Diocleciano); campesinos libres a los que Constantino, décadas después, convirtió en “siervos de la gleba”, es decir parte de la propiedad.

Pero el ejemplo más claro de la vinculación del atraso con la servidumbre y la explotación de la tierra fue el informe del ejército ruso al zar Alejandro II explicando su derrota en la Guerra de Crimea. Rusia perdió la guerra en el Caucazo frente a soldados que llegaban desde miles de kilómetros por mar. Para el ejército ruso la explicación era clara: no había trenes, no había caminos y no había hombres libres. Por lo tanto urgía modernizar el país y declarar la liberación de los siervos. Alejandro II hizo caso y en 1861 liberó los siervos y les entregó las tierras, que los nobles explotaban sin ser legítimos dueños, en propiedad colectiva a los nuevos hombres libres. De todas maneras la cuestión de la tierra siguió siendo una cuestión central a la hora del fin del zarismo en 1917 y, en particular, meses después, con la Revolución Bolchevique.

También a mediados del Siglo XIX se dieron dos fenómenos con alguna similitud. La Restauración Meiji en el Japón y la industrialización de la actual Alemania. En ambos casos los estados centrales impusieron a sus terratenientes financiar la modernización de sus países. Daimios japoneses y junkers alemanes dejaron de ser simples productores primarios y, bajo la planificación estatal, se convirtieron en navieros, químicos, siderúrgicos y otras actividades de avanzada. La tierra no fue fraccionada pero la visión feudal de la explotación había llegado a su fin.

La nueva CPE boliviana está lejos de equipararse a la Ley Licinia en materia de reasignación de tierras pero avanza en algunas cuestiones que tienen antecedentes en el país y otros de América Latina como en la Chile de Salvador Allende o en el México de la revolución de Emiliano Zapata y Pancho Villa o la frustrada visión del gran rioplatense José Gervasio de Artigas. Un reciente anuncio sobre expropiación de latifundios que explotaban aborígenes en servidumbre marcha en esa dirección.  Seguramente para Evo y el resurgir de los pueblos andinos originarios, a no mucho andar, la cuestión de la tierra irá por más.

- Fernando Del Corro es periodista, historiador graduado en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE)  de la UBA en “Historia Económica Argentina” y subdirector de la carrera de “Periodismo económico” y colaborador de la cátedra de grado y de la maestría en “Deuda Externa”, de la Facultad de Derecho de la UBA. De la redacción de MERCOSUR Noticias.