Los menonitas van avanzando en su dominio territorial. Tienen su propia estrategia. Con apariencia de mansos, calladitos y pacifistas, van siendo los dueños de la geografía del Municipio de Charagua y pronto lo serán de todo el Chaco.

Cada hijo está con el derecho, obligación, de recibir por lo menos 80 hectáreas de cultivo, lo cual en una sociedad tan prolífica resulta ya un atentado contra los territorios de Bolivia.

Son la autonomía principal de Bolivia y nadie, ni los mismos indígenas, en el mejor de los casos, podrán llegar a tanto grado de independencia territorial y política.

Pero de momento, para fines prácticos, concreto lo siguiente: Se les debería renovar sus convenios en base por lo menos a estos 7 puntos.

1. Cada colonia debería tener ESCUELA BOLIVIANA y con maestros nacionales (si luego ellos, como se hizo con los japoneses en 1973 en la colonia San Juan de Yapacaní, quieren tener como cuestión extracurricular o complementaria sus propias clases de cultura menonita no se les debería poner obstáculo).

2. Cada joven debería hacer el SERVICIO MILITAR de Bolivia.

3. En cada Colonia se debería izar la BANDERA BOLIVIANA, por lo menos en las efemérides nacionales.

4. Deberían pagar IMPUESTOS como todos los bolivianos y no deberían gozar de aranceles de favor en las aduanas.

5. Se les debería LIMITAR EL CRECIMIENTO TERRITORIAL, prohibir su compra de tierras a ganaderos y frenar su incursión en tierras de TCO. Los menonas son los principales causantes de la especulación y subida del valor tierra en todo el Chaco. Los ganaderos, en el futuro, solamente podrían vender tierras a los indígenas o a las TCO. La compra de tierras por parte de los menonas, si ello se permitiera en caso extremo, debería ser cuestión de Estado.

6. Se les debería controlar con la máxima responsabilidad su grado lamentable de destruir bosques y desequilibrar el MEDIO AMBIENTE.

7. Se debería favorecer, y hasta exigir, la EQUIDAD entre varón y mujer menonita.

-  Francisco Pifarré es jesuita y educador

CipcaNotas, Boletín Virtual No 270, Año 8. Febrero de 2009.
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