Después de 26 años, las cámaras tratan una herramienta legal que pueda remplazar la Ley de Radiodifusión establecida por la dictadura. El gobierno quiere defender su iniciativa contra viento y marea.

 

Pensar el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la lógica de lo que ha sido la conducta habitual de los legisladores argentinos, es un factor que juega en contra.

 

Cuando los parlamentarios se encuentran en sus respectivas provincias reciben presiones de todo tipo, para recordarles “atención, ese es un proyecto del Ejecutivo, pero vos te debes el territorio y en, el territorio, para hacer comunicación, dependes de ciertos medios”.

 

Hay dos provincias que son emblemáticas en lo que hace a esa dependencia. En Córdoba, el diario la Voz del Interior pertenece por partes iguales al Grupo Clarín y a La Nación. Lo mismo sucede en Mendoza, con el diario Los Andes. En otras jurisdicciones se registran situaciones similares. Las empresas Clarín y La Nación son fieles exponentes del sector mediático concentrado.

 

Los principales bloques opositores se oponen pero sin acuerdos entre ellos. Por una parte el PRO (el derechista partido del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri) y la derechizada Unión Cívica Radical (UCR) quieren que el tema se debata a partir de de diciembre, cuando las cámaras ofrecerán una composición menos favorable al gobierno, como consecuencia del resultado de los comicios de medio término de junio pasado.

 

Posiciones similares, aunque con matices, adoptaron el Acuerdo Cívico y Social (ACyS), aún encabezado por la también derechista Elisa Carrió, y Proyecto Sur, del cineasta Pino Solanas, proclamado de centro izquierda pero en los hechos distante de las iniciativas gubernamentales.

 

Los principales dirigentes de la UCR y el PRO se declararon en contra de la nueva ley de medios por motivos políticos, si argüir ni un sólo cuestionamiento técnico. Pareciera que el juego es oponerse por oponerse, aunque en realidad defienden los intereses de los oligopolios mediáticos.

 

En conferencia de prensa, y acompañado por otros jefes de su sector, Macri manifestó que “Argentina, por suerte, tiene hoy un buen sistema de prensa, con diversidad y con pluralidad; y lo que deberíamos discutir es cómo mejorarlo; pero eso debe hacerlo la nueva composición del Congreso, porque la actual es legal, pero ya no es legítima; ha sido modificada por el voto de los argentinos”. Una muy particular interpretación de le legislación argentina, al borde de su desconocimiento.

 

Siguiendo esa misma postura, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, amenazó con no dar quórum en las diversas cámaras del Congreso, y el jefe del bloque de senadores del mismo partido, Ernesto Sanz, se mostró aterrado ante la posibilidad de un “monopolio K” en los medios.

 

"Personalmente, creo que no habría que dar ni quórum", declaró Morales a Cadena ECO. Justificó su postura diciendo que "hay un gobierno con mayoría en el Congreso, que no va a garantizar la discusión democrática".

 

"El Gobierno va por la restricción de las libertades y tiene una posición obcecada, no acepta sugerencias", dijo el jefe de la UCR, a la vez que denunció que "el oficialismo, lo único que quiere es controlar a todos los medios de comunicación”. Nótese que la expresión “control” de medios fue acuñada por el Grupo Clarín al día siguiente de hacerse público que el gobierno presentaba su proyecto en el Congreso.

 

Por su parte, Ernesto Sanz dijo que le "aterra pensar" que el "monopolio" de los medios de comunicación "esté en manos" del gobierno nacional. Afirmación que describe un escenario de ninguna manera previsto por el proyecto gubernamental.

 

Por otro lado, Margarita Stolbizer, desde ACyS, advirtió que es necesario “debatir ahora”, y estuvo en sintonía con el pedido del líder de Proyecto Sur, Pino Solanas, quien aseguró: “No se pueden hacer los duros y querer sacarlo en 15 días, pero tampoco cajonearlo porque hace 30 años que lo tenemos en un cajón".

 

"Se debe debatir ahora. No es posible plantear ni un tratamiento ‘express’, que impida el debate, ni tampoco esperar al mes de diciembre", declaró Stolbizer.

 

La legisladora consideró que habría que "consensuar una buena agenda" y reunirse para trabajar "cuatro veces por semana y no una", con el propósito de consultar a todos los sectores. "Se trata de una ley estratégica y hay mucha gente que tiene mucho por decir", añadió. Lo que esa dirigente desconoce es que el proyecto gubernamental lleva más de cuatro meses de debates en diversos foros sociales y profesionales.

 

Para Stolbizer se trata de “una oportunidad para que todos podamos demostrar madurez y voluntad de tener una buena ley", y deslizó una crítica a sus compañeros de Coalición, al declarar que "ese debería ser el interés de la oposición".

 

Pino Solanas aseveró que el debate por una nueva ley de radiodifusión "hay que empezarlo" porque hace "30 años que está en un cajón", pero planteó objeciones sobre algunos aspectos del proyecto oficial.

 

Si bien Solanas destacó que el proyecto oficial tiene "muchas cosas buenas", señaló que "en su letra chica se niegan las cosas buenas". Calificó de "inadmisible" una comisión de control del espacio radioeléctrico "bajo dominio absoluto del Poder Ejecutivo" y planteó, en cambio, que este punto se resuelva con "pluralidad, transparencia, y credibilidad".

 

Regular la radiodifusión es garantizar instancias de pluralismo y diversidad. El proyecto gubernamental se inscribe en los mejores principios y estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

 

Un ejemplo de ellos es la Declaración aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000. En su principio 12 establece que los monopolios u oligopolios en la radiodifusión afectan la democracia y restringe la libertad de expresión. La ley vigente desde la dictadura, que el actual proyecto del gobierno se propone arrumbar, permitió la creación de los grupos monopólicos que, encabezados por Clarín, cierran filas en contra de todo cambio legislativo.

 

Además, ese principio añade que deben regir leyes especiales para prevenirlos (a los monopolios), y que los mecanismos de asignación de frecuencias y licencias deben ser tramitados en forma democrática, transparente y respetuosa en cuanto a igualdad de oportunidades.

 

- Diego Hernán Córdoba | Redacción de APM