Guatemala

Niñez sufrió tortura antes de morir durante el conflicto armado

Alba Trejo

27/01/2010

Opinión

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Guatemala, enero (Especial de SEMlac).- Así se inició la masacre. Los niños fueron ejecutados a golpes en la cabeza con un mazo de hierro. Otros pequeños agonizaron al ser arrojados vivos a fosas comunes o pozos secos, y sobre sus cuerpos delgados y pequeños dejaron caer la humanidad sangrante, moribunda o sin vida de los adultos, provocándoles la muerte por asfixia.

Niñas y niños fueron atados de pies para luego estrellarlos contra los muros o los árboles y causarles una muerte dolorosa. Algunos más, sin siquiera haber sido destetados, fueron atados unos a otros como manojos y quemados vivos ante la mirada impotente de sus padres.

Fueron atrocidades como estas las que motivaron a Fredy Pecerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), a presentar ante el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, un documento en el que señala que al menos 25 por ciento de las víctimas de la guerra en este país del área fueron menores.

Pedraz es quien conoce del proceso promovido en 1999 por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, por crímenes de lesa humanidad y genocidio, contra los generales militares de alto rango.

Un proceso que se desprende del conflicto armado interno que vivió este país centroamericano por cerca de 36 años, entre 1960 y 1996 y dejó 200.000 muertes, la gran mayoría pertenecientes a las 21 etnias de este territorio, personas asesinadas en sus propias comunidades.

Los golpes secos en las cabezas de los pequeños indígenas de apenas tres años de edad predominaron como la forma más fácil de acallar sus gritos, su llanto y su miedo ante lo que acontecía en las comunidades.

En el resto de edades, el trauma por proyectil de arma de fuego cegó la vida de forma más rápida para quienes se resistían a las violaciones sexuales, o intentaban defender a sus padres de la muerte inminente.

Los municipios más afectados fueron Rabinal, Baja Verapaz; y Nebaj, Cotzal, Chajul y Zacualpa, en Quiché, donde el porcentaje de niños víctimas, menores de 18 años, fue de 25 por ciento. Silke Gatermann, de la FAFG, dijo a SEMlac: "consideramos que los datos encontrados en estos municipios son bastante representativos del país".

El dramático documento que Pecerelli entregó, busca, además, que se tome en cuenta a las pequeñas víctimas para que se investigue y castigue a quienes cometieron los asesinatos, tras realizar 800 exhumaciones de personas masacradas, 22 por ciento mujeres.

Quizás fueron 3.465 las y los niños que murieron en la guerra, señala el informe "Demos a la niñez un futuro de paz". La duda persiste porque se desconoce el número exacto, debido al silencio de las familias víctimas, destaca Evelyn Blando, de la Coordinadora Nacional para los Derechos Humanos.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), es más explícito al señalar a SEMlac que por cada 100 muertos en la guerra, 18 fueron niños y niñas.

Por ejemplo, en la masacre ocurrida en una población denominada Dos Erres, durante la guerra, fueron asesinadas 178 personas en una noche; las osamentas recuperadas dentro del pozo demuestran que 67 de ellas (41,35 %) corresponden a niños menores de 12 años, con una edad promedio de siete años, y en 74 casos el sexo es indeterminado, ya que por tratarse de infantes los rasgos de dimorfismo sexual no se manifiestan, explicó Pecerreli.

Las atrocidades que le tocó vivir a la infancia guatemalteca en aquel fuego cruzado, cuando las órdenes militares buscaban acabar con la "semilla", tenían como componente golpear hasta destrozar los cráneos, disparar un tiro atravesando la nuca o la muerte premeditada con un lazo presionado hasta desangrar las pequeñas gargantas, destaca Rodenas.

Fueron escenas grotescas también para aquellos adultos que lograron salvarse y que, al recordar, no pueden detener las lágrimas de impotencia ante tanta brutalidad, tal como lo describe Jesús Tecú, una víctima de la guerra.

Este hombre de 40 años de edad tenía 10 cuando le tocó ver cómo a su hermano de año y medio le colocaron un lazo para ahorcarlo, y luego lo agarraron de los pies estrellándole contra las piedras.

El testimonio de Tecú se ha convertido en uno de los 29 solicitados a funcionarios judiciales de Guatemala por las autoridades españolas, como parte de las investigaciones del delito de genocidio y la muerte de las niñas y niños, cuyas osamentas son ahora desenterradas por médicos forenses.

Los cuerpecitos examinados por los antropólogos revelan un historial de sufrimiento ocasionado con un palo de madera o metal, una piedra, una patada fuerte o golpes contra una pared, piedra o árbol.

La FAFG ha documentado 669 masacres cometidas durante el período que abarcó el enfrentamiento armado y, en sus conclusiones, señala que los niños mayas fueron el blanco del terror del genocidio.

El recuento lo resume así: de 1632 osamentas recuperadas, 34 corresponden a menores de 0 años (no-natos), 297 a niños de 0-3 años, 401 a niños de 3-12 años, y 341 de niños de 13-17 años, es decir el 23,25 por ciento del total de las osamentas recuperadas.

El 93 por ciento de estos crímenes fueron perpetrados por agentes del Estado guatemalteco. El 83 por ciento de las víctimas eran descendientes mayas, mientras el 17 restante correspondió a ladinos (no indígenas), según un reporte de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.

En este país, 60 por ciento de la población de 14 millones pertenece a la población autóctona.

A sangre fría, así describe a SEMlac Aura Elena Farfan, representante de "Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)" las acciones del ejército contra la niñez durante la guerra. FAMDEGUA es una entidad que denunció la tortura de niñas y niños que fueron quemados vivos o sus cuerpos fueron partidos a machetazos.

El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria RWANDA, resumió lo vivido por estos y otros niños y niñas guatemaltecas de la siguiente forma: "Para el ejército, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, la violación de mujeres, jóvenes y niñas era un arma más de una guerra sin ley".

Su balance es que un tercio de las víctimas de abusos sexuales eran menores de 17 años y 35 por ciento sólo tenía 11 años. En su conjunto, pese al tiempo transcurrido, esos hechos no han sido investigados por las autoridades guatemaltecas y los delitos siguen impunes, señala el tribunal.

Evelyn Blanco, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, agrega a SEMlac que, afortunadamente, en la actualidad se conoce más de la violencia a que fue sometida la niñez durante la guerra, especialmente el tema de la infancia desaparecida, aunque -señala- aún es difícil el acceso a este último asunto.

Blanco destaca que entre 100.000 y 150.000 niños sobrevivientes quedaron huérfanos y otros miles fueron robados y vendidos a familias adoptivas con un nombre falso por parte del ejército guatemalteco.

"Ni el ejército, ni los orfanatos quieren brindar la información", lo que no permite avanzar en la investigación de más del 80 por ciento de los casos que están documentados, destaca la activista desde la oficina que inició una búsqueda de la niñez que fue captada por el ejército y otra que salió huyendo a la montaña, tras sentirse amenazada en sus comunidades.

Pese a que Guatemala es el país latinoamericano con mayor número de violaciones de desaparición forzada, es también donde menos el Estado ha promovido acciones que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, indica Blanco.

La investigación sobre la niñez desaparecida no podrá ser resuelta si el Estado de Guatemala, especialmente el ejército, sigue negando la información sobre el paradero final de los niños y niñas capturados en los operativos militares.

La Secretaría de la Paz, a través del programa Nacional de Resarcimiento (PNR), documenta todos estos casos para resarcir el daño ocasionado a la población indígena en el conflicto armado. Entre estas medidas que aún no se terminan de concretar está la creación de un monumento a las víctimas, además del resarcimiento en efectivo, la donación de viviendas, el perdón y reconocimiento del Estado por haber ocasionado tanto daño.

Fuente: http://www.redsemlac.net/web/

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