Panamá

El costo de la actividad minera será la destrucción de ecosistemas

CELA

25/02/2011

Opinión

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El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), “Justo Arosemena”, institución multidisciplinaria con sede en la ciudad de Panamá y dedicada a la investigación social, ve con suma preocupación el afán del presente gobierno de facilitar la explotación minera en todo el territorio nacional, ignorando las protestas legítimas de los pueblos originarios y de la mayoría de los ciudadanos panameños, quienes se oponen a la minería a cielo abierto por sus efectos desastrosos sobre el patrimonio ambiental y cultural del país.

El costo de la actividad minera promovida hoy por el gobierno será la destrucción de ecosistemas naturales - desde cuencas hidrográficas hasta ecosistemas marinos - y de culturas humanas que basan su subsistencia en prácticas agrícolas, pecuarias y pesqueras de larga tradición.

Restando la plusvalía captada por unos cuantos inversionistas extranjeros y sus socios locales, los pocos beneficios monetarios que aportaría la minería a las comunidades afectadas y al país en general – en salarios, impuestos y regalías – no compensarán en absoluto la destrucción ambiental y cultural.

Una simple mirada a la realidad del país indica que las instituciones estatales responsables por el cuidado del ambiente, el ordenamiento territorial y el bienestar social, se encuentran totalmente desprovistos de medios para afrontar los impactos de la minería en la escala y forma que está promoviendo el gobierno.

Desprovistos de su tierra y de su manera de vivir, parte de las poblaciones afectadas buscarán necesariamente espacio en las ciudades del país - especialmente en la Región Metropolitana de Panamá y Colón - las cuales son y serán incapaces de absorberlas de manera productiva, lo que llevará a mayores contradicciones sociales y ambientales con impactos negativos de largo alcance.

Ante la aprobación de Ley 8 que reforma el Código Minero de Panamá, el CELA se solidariza con los pueblos originarios panameños, en especial con los pueblos Ngäbe y Bugle, y se une a todos los ciudadanos preocupados por el bienestar y la sostenibilidad del país.

Manifestamos nuestro rechazo a la política minera equivocada del gobierno y opinamos con firmeza que la Ley 8 debe ser derogada. Nos comprometemos como científicos, profesionales e investigadores de la realidad social panameña y latinoamericana, a seguir de cerca esta problemática y estar presentes con nuestra acción solidaria cuando sea necesario.

Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), "Justo Arosemena" 23 de febrero del 2011

Comité directivo:

Marco A. Gandásegui, h. Carmen A. Miró G. Miguel A. Candanedo

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