A comienzos de abril, una misión del Fondo Monetario Internacional realizó una de sus habituales visitas a la Argentina. Presidida por la temida Teresa Ter-Minassian, jefa de los auditores del FMI que revisan las cuentas argentinas, la misión acordó con el gobierno de Carlos Menem que para cumplir con las metas esperadas por este organismo financiero internacional, el gobierno argentino debía hacer un recorte de 1000 millones de dólares en los gastos públicos presupuestados para el año en curso. A la hora de podar, el Ministerio de Economía decidió aplicar los principales recortes a la cartera de Educación, mermando su presupuesto en 280 millones de pesos, 100 de los cuales correspondían al sostén de las universidades nacionales y el resto a la construcción de aulas y equipamiento para escuelas primarias. Menem decidió cumplir con las decisiones del FMI firmando un decreto del Poder Ejecutivo que convalidaba el recorte. Pero allí se encontró con el primer escollo: la entonces ministra de Educación Susana Decibe se negó a convalidar el decreto con su firma y al día siguiente, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Oscar Shuberoff anunció públicamente que si se producía el recorte presupuestario él se vería obligado a cerrar la universidad a partir del 1 de octubre. A partir de allí, la sociedad argentina tomó conciencia de la gravedad de los hechos y comenzó a movilizarse para impedir lo que consideraba un ataque al sistema educativo gratuito que rige en el país para la enseñanza pública y que abarca todos los niveles, incluyendo los estudios universitarios de grado. Al negarse a firmar, la ministra de Educación amenazó con renunciar si, de todas maneras, el recorte se producía. Mientras tanto, las universidades comenzaron su movilización, siendo la UBA, los colegios secundarios que dependen de ella y las escuelas secundarias y terciarias de la ciudad de Buenos Aires las que lideraron la lucha contra la decisión presidencial. La UBA cuenta con una población estudiantil de alrededor de 260 mil personas, repartidos en 13 facultades, y el más grande grupo de investigadores del país, que produce el 44% de la investigación en el sistema universitario argentino. Una vez aprobado el decreto por sus pares, la ministra renunció el 7 de mayo y fue rápidamente reemplazada por su viceministro, Manuel García Solá, quien de inmediato expresó su coincidencia con la decisión presidencial. A esta altura, miles de estudiantes, profesores, maestros y padres, acompañados por la población en general, se lanzaron a la calle a manifestarse contra medidas que significaban para muchos la pérdida del año lectivo y un mayor deterioro del sistema educativo argentino, que fuera en una época el más sólido de América Latina, en materia de recursos, investigación y nivel académico. Marcha atrás La protesta de la comunidad educativa tuvo muchas manifestaciones, pero ninguna de ellas violenta. Alumnos y profesores salieron a las calles, avenidas y parques a dar clases públicas, cortando el tránsito con sus bancos y pizarrones. Se organizaron marchas a la casa de gobierno, al Congreso Nacional, a la sede del rectorado y al Ministerio de Educación. Miles de estudiantes con carteles de protesta, disfrazados imitando al presidente Menem, con bombos y tamboriles como comparsa carnavalesca recorrían las calles con cánticos nada agradables para las autoridades. "Traigan al gorila musulmán para que vea que este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea, por la educación", versaba uno de los cantos más populares, en el que se calificaba al presidente como un "gorila", apodo dado en la Argentina a la derecha ultraliberal y "vendepatria", históricamente opositora al peronismo. Los cánticos de los estudiantes coincidían con las encuestas callejeras que diversas empresas que miden la opinión pública realizaron durante esos días de mayo en el país. Las encuestas mostraron que un 86% de la población consultada opinaba que, de estar en sus manos, otorgaría a la educación la mayor partida del presupuesto nacional. Alentados por el apoyo popular, los estudiantes organizaron también "abrazos" a los edificios de sus facultades y escuelas, reuniendo así a cientos de personas de todas las edades y condición social en verdaderas cadenas humanas en defensa de la educación pública. Mientras las ciudades con sedes universitarias se convertían en un caos de tránsito y movilizaciones, los partidos de oposición decidieron rechazar el decreto del Poder Ejecutivo en el Congreso e impedir que se produjera el recorte. Para ello, el propio presidente Menem había comenzado a dar marcha atrás sobre su resolución y estaba dispuesto a reducir el recorte a Educación. Pero la pulseada en el Congreso, avalada por las protestas ciudadanas permitió que la oposición lograra la adhesión de los diputados y senadores del propio oficialismo. Finalmente el 12 de mayo votaron junto a los partidos opositores una ley en la que dejaron sin efecto el recorte de 280 millones de dólares en las partidas del Ministerio de Educación. Este hecho, que fue festejado por toda la población, dejó una profunda herida en el gobierno de Carlos Menem. Con sólo cinco meses para las elecciones generales del mes de octubre, la figura del presidente argentino se debilitó aún más por pretender aplicar medidas políticas totalmente antipopulares, que le significaron perder el apoyo de su propio partido. La situación también fue aprovechada por el pre-candidato del Partido Justicialista a la presidencia de la Nación, el gobernador Eduardo Duhalde, de la provincia de Buenos Aires, quien utilizó la oportunidad para que los diputados que le son adeptos le ayuden a diferenciarse del gobierno de Menem, en vistas a la próxima contienda electoral. La situación llevó a que el ministro de Economía tuviera que realizar una nueva consulta con el FMI, por la imposibilidad de aplicar los recortes solicitados. El propio FMI pareció reconocer que era imposible hacer frente a tanta fuerza popular y legislativa y decidió aceptar la situación, que significa un aumento en el déficit del país para este año. Si bien es cierto que ganó la educación gracias al apoyo de todo el pueblo, también es cierto que cada vez más las grandes decisiones políticas y presupuestarias se toman en ámbitos totalmente alejados de los intereses ciudadanos. La vida y las esperanzas de los pueblos parecieran quedar a la deriva, atadas a un puñado de tecnócratas que sólo responden al mundo financiero transnacional.