Los países de América Latina día a día viven un conjunto de conflictos relacionados al acaparamiento y apropiación de tierras, esto, en manos de grupos empresariales que progresivamente nos llevan a vivir en tiempos del neo-gamonalismo y de la neo-hacienda.

En tiempos de posmodernismos y neoliberalismo, algunos supuestos “dueños de la historia”[1] nos llevan de un salto al pasado y de un gran brinco a enfrentar una gran crisis económica y un sistema político basado en la plutocracia.

Para analizar esta situación en nuestro país, tomemos como ejemplo un estudio recientemente difundido por la ONG CEPES^[2], donde indica que: “de las 128 millones de hectáreas de tierras con que cuentan el Perú, un 31% es objeto de un contrato de hidrocarburos; un 15% está sujeto a una concesión minera; y casi un 6% forma parte de una concesión forestal. En materia de biocombustibles la superficie destinada a abastecer de insumos para la producción alcanzaría poco menos de 68 mil hectáreas, en manos de 4 inversionistas”. Otro dato resaltante: Según un reciente estudio del Institute of Physics (iop) del Reino Unido, entre los años 2005 y 2006 se dieron en concesión 26 lotes en la selva peruana, de los 52 que se han registrado hasta fines de 2009. A estos habría que añadir diez proyectos más que se están negociando, con lo cual el total de concesiones ocuparía 444.432 km2, lo que es igual a 56,8% de la Amazonía peruana.  Como si no fuese suficiente, Perupetro tiene previsto ofrecer 18 lotes adicionales, con lo cual el área de territorio amazónico peruano bajo concesión llegaría a 70%.

No habría mayor observación a éste proceso si estuviéramos hablando de un territorio baldío, pero, estamos sobre una zona de vida que representa a nivel internacional una de las pocas grandes reservas de agua y biodiversidad subsistente. Del mismo modo, hay que entrever cuán beneficioso resulta éste negocio extractivo. ¿Cuánto del capital y la ganancia de estas actividades queda en el país y cómo se reparte el mismo de modo que genere una sostenibilidad económica, ambiental y social?, ¿es equitativo y justo éste proceso?, ¿solamente nos dedicamos a brindar materias primas para construir grandes ciudades y financiar las grandes guerras que las arrasan?

Antes de la Reforma Agraria de 1969, en Perú ningún latifundio sobrepasaba las 30 mil hectáreas de terreno, después de la Reforma Agraria, el Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, se estableció que en la Costa ningún propietario podía aprovechar más de 150 hectáreas como máximo para tierras directamente conducidas y de 15 a 55 hectáreas en la sierra y ceja de selva, pudiendo duplicarse esta última cantidad en virtud de una serie de requerimientos. En 1991 el Decreto 011-1991 del Estado peruano, permitió llegar a acumular hasta 1000 hectáreas para proyectos de irrigación. En el gobierno de Fujimori y en el marco de la Constitución de 1993, se dio pie a la famosa Ley de Tierras[3], que rompió con la restricción explicita de la acumulación de tierras.

A la fecha, existen diversos proyecto de ley para frenar el acaparamiento de tierras en el país, el año 2010 dos de estos fueron archivados y desde el año 2011, se viene dando un nuevo intento por frenar esta situación bajo el proyecto de ley Nº 545/2011-CR que viene discutiéndose en el Congreso y que plantea límites máximos sobre la propiedad de tierras agrícolas a la que puede acceder cualquier persona natural o jurídica que actúe de manera individual o conjunta, diferenciando estos límites según sea éste en la costa, sierra o selva peruana.

En estos últimos días, la Asociación de Exportadores de nuestro país, se ha opuesto públicamente a que el Estado ponga límites a la propiedad de la tierra[4]. El Congreso y todos los peruanos(as) tienen la palabra al respecto.

En consonancia a ésta situación, llega a Lima la gran marcha de la población de Cajamarca por su derecho y el derecho de todos los peruanos al agua[5]. Una oportunidad más para que el presidente electo, militar en retiro, Sr. Humala Tasso, considere que en éste país de todas las sangres, no caben los lobistas ni los neo-gamonales. Todos se preguntan: ¿realmente éste gobierno será el gobierno “del gran cambio” o será el gobierno de las mismas mentiras electorales de la plutocracia reinante? Esperamos una pronta respuesta, y que esta se base realmente en los principios de una: Democracia, la misma que debe ser interpretada como: gobierno del pueblo y no como gobierno de menos de un centenar de empresarios ambiciosos hijos de ese dios de la avaricia que en la Biblia se denomina: Mammon[6].

Construir un Perú y una América Latina, democrática, justa, donde exista mayor igualdad, más trabajo y una real: menor pobreza, implica sincerar la política e impulsar un modelo económico que permita que seamos un país soberano y que administra adecuadamente sus recursos, para el bien de todos y no de unos cuantos. Los modelos extractivistas son caducos, generan dependencia y nos condenan a ser un país primario exportador, que cuando los mercados van cambiando, no nos dejan sino inmensos bolsones de pobreza y toda la depredación de nuestros recursos y el impacto ambiental producto de este. Ya hemos vivido esta historia con el guano y el salitre y tantos otros productos que “generaban desarrollo” y nos dejaron algunas cosas buenas, pero más calamidades que bondades. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Esperaremos que los “MOVADEFs” se conviertan junto al narcotráfico, algunos narco congresistas y narco empresarios y los otros ambiciosos, en los constructores de nuestra historia?