El balance de los primeros meses de la política económica del gobierno Lula revela que las medidas adoptadas, sin excepción, obedecen ciegamente a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Atónita, la población que apostaba al cambio presencia a Palocci y a Meireles practicando un malanismo ortodoxo, condenado por el voto popular. Mismos remedios, mismos efectos. La inestabilidad económica no afloja y las autoridades continúan al remolque de movimientos especulativos del mercado -eufemismo utilizado para designar los intereses del capital financiero-. Y así, el enorme entusiasmo generado por la victoria de la esperanza comienza a ser empañado por el sentimiento claustrofóbico de que todo continúa igual. Administrando la crisis El mercado cambiario se demuestra incólume a las pirotecnias de las autoridades monetarias y oscila erráticamente al sabor de los humores de los grandes especuladores internos y externos, alimentando a las arcas de quien especula contra el Real a costa del Tesoro Nacional. A pesar de la presencia de un "capo" del mercado financiero internacional en la presidencia del Banco Central, la especulación contra el Real no decrece. El valor del dólar resiste a la baja, la escasez del financiamiento externo persiste y la fuga de capital no cesa. Empujada por aceleración de los precios de los productos directa o indirectamente atados al dólar, la inflación ignora las metas concertadas con el FMI, poniendo en jaque el futuro de la precaria estabilidad. La apertura de la economía, funcional para contener la elevación de los precios en la época del cambio supervalorizado y de abundancia de financiamiento externo, ahora, revela su lado pro inflacionario. El sistema de indexación de las tarifas de los servicios públicos recién privatizados, sistema legitimado por las agencias reguladoras creadas por Fernando Enrique Cardoso (FHC), genera inercias inflacionarias difíciles de ser vencidas sin grandes sacrificios para el nivel de actividad y para el empleo. El apretón monetario y el choque de intereses para frenar la especulación contra el Real y asfixiar el traslado de la inflación a los precios refuerzan las tendencias recesivas y agravan el desempleo. Son medidas que premian el rentismo en detrimento de la producción, trasladando el costo del ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Mientras la decisión de aumentar en 1,5 punto porcentual los intereses de los títulos públicos representa una transferencia anual de aproximadamente R$ 13 mil millones de reales para los tenedores de títulos públicos federales ?más de 7 veces el aumento líquido de recursos destinados a los programas englobados en - Hambre Cero-, el desempleo bate records y el rendimiento medio del trabajo registra nuevas disminuciones. El refuerzo del superávit primario para neutralizar el impacto de los intereses sobre el déficit público -un compromiso con el FMI- perpetua antiguas injusticias fiscales, inviabiliza la política social y lanza más agua en el molino de la recesión. La saña de aumentar la recaudación a cualquier costo hace que la acción de Hacienda siga rigurosamente el mismo padrón de la era FHC, como queda evidente en el retroceso en relación a la corrección de la tabla del impuesto a la Renta de la Persona Física. El recorte adicional de R$ 14 mil millones promovido en el ya extraordinariamente apretado presupuesto federal, correspondiendo R$ 5 mil millones a los ministerios del área social, prácticamente paraliza la acción del gobierno federal. La decisión de privilegiar el recorte del gasto como medio para buscar el superávit primario, con el argumento de que así se estaría actuando sobre las causas de los desequilibrios fiscales -la alta presencia del Estado en la economía-, es un retroceso en relación a la administración anterior, revelando un inaceptable alineamiento de las autoridades económicas con los espectros más reaccionarios de la familia neoliberal. Al preservar del recorte las políticas que actúan sobre los efectos de los problemas, como en ?Hambre Cero?, el peso del ajuste fiscal quedó por cuenta de los programas sociales estratégicos, que atacan las causas de la pobreza y de las desigualdades sociales. La estrategia es reciclar el modelo Preocupado con el sentimiento de perplejidad que se ampara de su base de apoyo social y política, el presidente pide calma. Afirma que estamos en un periodo de transición y condiciona el abandono de la orientación ultraortodoxa de la política económica a la implementación de las llamadas "reformas institucionales". Es una paradoja. La agenda y el contenido de las reformas propuestas señalan exactamente lo contrario. Los cambios considerados estratégicos, al servicio de los cuales el gobierno juega todas sus energías políticas y subordina todos los plazos legislativos -la reforma de la previsión, la reforma tributaria y la autonomía para el Banco Central- , hacen todas ellas parte de los compromisos asumidos por el gobierno de FHC con el FMI, ahora, renovados por el gobierno de Lula (compromisos explícitos en la Carta de Intenciones enviada en agosto de 2002 y renovados en febrero de 2003). Son medidas diseñadas para profundizar el neoliberalismo en Brasil, reforzando todavía más el blindaje institucional que cierra la posibilidad de políticas económicas alternativas. No es de extrañar el entusiasmo y la exaltación del mercado. ALCA La ausencia de estrategia para enfrentar a la política norteamericana de ensartar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas -ALCA- bajo la garganta de la sociedad brasileña es una señal preocupante más de la parálisis del gobierno Lula frente a las presiones del orden global, sobre todo cuando se tiene en cuenta las reiteradas declaraciones del presidente de la república durante la campaña electoral de que el ALCA representa una amenaza de anexión del Brasil a los Estados Unidos. El cumplimiento de un cronograma de negociación prepotente e insensato, que obligaba a la nueva administración a presentar propuestas estratégicas a solo quince días después de la posesión, fue una innecesaria demostración de flaqueza. El envío, sin retoque, a las cámaras de negociación de un documento preparado por el gobierno de FHC es un elemento más que sugiere la conformidad de las nuevas autoridades con los dogmas del neoliberalismo. La falta de discusión de la propuesta brasileña con representantes de los trabajadores da continuidad a un tradicional elitismo en el modo de encaminar la relación del gobierno con la sociedad- sobretodo, cuando se toma en consideración que, según consta, el documento fue sometido al filtro de entidades patronales. Por fin, la falta de transparencia en las negociaciones y el sigilo que todavía persiste sobre el contenido de las propuestas brasileñas para el ALCA dejan al ciudadano ante la paradójica situación de conocer las intenciones del gobierno norteamericano y de permanecer en la más absoluta ignorancia en relación a las finalidades de su propio gobierno. Es claro que no se puede descartar la hipótesis de que el gobierno brasileño esté solamente ganando tiempo, apostando a la posibilidad de que la intransigencia norteamericana acabe provocando, por si misma, un impasse insuperable y que, por lo tanto, no habría porqué sufrir el desgaste de una fricción comercial innecesaria con la mayor potencia del globo. Es una apuesta arriesgada, pues, como insistió el Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, uno de los dos mayores especialistas del país en las negociaciones del ALCA, hoy viceministro de Relaciones Exteriores, el involucramiento progresivo en las negociaciones puede crear una situación de hecho que inviabiliza la posibilidad de que, en un momento posterior, el gobierno se decida por el abandono de los entendimientos -posición defendida por el embajador como siendo la más apropiada por ser la única capaz de preservar los intereses estratégicos del Brasil-. La docilidad del gobierno brasileño es un tanto preocupante cuando se considera que las propuestas indecorosas presentadas por los norteamericanos parecen confirmar las más sombrías evaluaciones de que la integración al ALCA representa el fin de la soberanía nacional. Esperando a Godot Las acciones y omisiones del gobierno Lula indican que las nuevas autoridades económicas -tal como las antiguas apuestan todas las fichas a la posibilidad de que una reversión de las expectativas de la comunidad económica internacional vuelva a colocar al Brasil en la ruta de los flujos de capitales internacionales -condición necesaria para dar nuevo aliento al agotado modelo económico neoliberal-. Es una jugada arriesgada. El riesgo es quedar esperando a Godot. Es exactamente lo que aconteció en el segundo mandato de FHC. Hasta el momento, las efusivas declaraciones de simpatía de los portavoces del gran capital financiero y el entusiasmado apoyo de los organismos internacionales a la nueva administración no resultaron en nada práctico para alejar definitivamente el espectro de un colapso cambiario. El llamado "riesgo Brasil" -el indicador que calcula el grado de confianza de los acreedores internacionales en el país- permanece en las alturas. Tampoco hay el menor indicio de una reversión del estado de "aversión al riesgo" que ahuyenta a los acreedores internacionales de los mercados emergentes. La economía norteamericana camina hacia una segunda inmersión recesiva y la guerra contra Irak solo hace exacerbar todavía más el cuadro de incertidumbre económica que ahuyenta el capital de economías consideradas de alto riesgo. Más allá de eso, la recesión deprime el comercio internacional y desvaloriza las cotizaciones de las commodities brasileñas, comprometiendo la posibilidad de una vigorosa expansión de las exportaciones. La absoluta impotencia de las autoridades para romper los automatismos del mercado, que bloquean el crecimiento y conspiran despiadadamente contra el bienestar del pueblo, deja patente que el Brasil está completamente enredado en las mallas del capital financiero. No hay solución fácil e indolora para enfrentarlo. El poder descomunal del gran capital de sabotear toda iniciativa que pueda representar una amenaza a la continuidad del neoliberalismo inviabiliza cualquier posibilidad de cambio en el rumbo de la política económica sin una abrupta desorganización de la economía y traumática ruptura institucional. Sin embargo, permanecer igual sería todavía peor, pues incluso si la estrategia de reciclaje del modelo tiene éxito y que la economía consigue retomar una trayectoria de crecimiento, nada retirará del modelo reciclado su carácter intrínsecamente antisocial, antinacional y antidemocrático. Dentro de la lógica del modelo económico es simplemente imposible compatibilizar el combate a la pobreza y las desigualdades sociales ?la esperanza de casi la totalidad de la población brasileña- con el compromiso de pagar a cualquier costo las deudas externa e interna -la exigencia de los grandes tenedores de riqueza nacionales e internacionales-. Creatividad y coraje para cambiar El gobierno Lula no conseguirá priorizar el combate a la pobreza y las desigualdades sociales, si no vence las barreras económicas, institucionales y mentales que buscan por todos los medios, hacer del neoliberalismo irreversible. La clave del problema radica en la negación de un patrón de acumulación basado en la copia de las pautas de consumo de las economías centrales (opción que, como vimos, condena al Brasil a perpetuar la concentración de renta, el desempleo estructural y la desnacionalización creciente de la economía) y en la afirmación de un modelo de desenvolvimiento que coloque en primer plano la atención de las necesidades sociales de las capas desfavorecidas de la población y la defensa intransigente de la soberanía nacional. El punto de partida de este cambio pasa por la negación del legado neoliberal y por la recuperación de la capacidad de intervención del Estado en la economía. En la práctica, esto significa: (1º) restaurar el poder de las autoridades económicas sobre la moneda; (2º) recomponer la capacidad de hacer política fiscal; y (3º) restituir mecanismos de regulación de la actividad económica. Los primeros pasos deben ser: liberar la política económica del yugo del FMI; revocar los dispositivos que aseguran la plena movilidad de los capitales y centralizar las operaciones cambiarias para defender las divisas internacionales; desmontar la trampa de la deuda externa, ajustando el volumen del servicio de la deuda a las capacidades reales de pago del país; reestructurar la deuda interna; invertir el sentido de prioridad institucionalizado en la ley de Responsabilidad Fiscal, que transforma las inversiones públicas y la política social en variable de ajuste de las cuentas públicas, transformando el servicio de la deuda pública en variable de ajuste de la política fiscal; restaurar la preponderancia del poder político en la conducción de la gestión monetaria, eliminando la autonomía ya imperante ( de facto pero todavía no de derecho) del Banco central. Es también fundamental retirar inmediatamente al Brasil de las negociaciones del ALCA, para impedir un deterioro adicional en la situación nacional. Las fuerzas populares deben evitar el equívoco de creer en "milagros" del gobierno Lula -dicho sea de paso, de cualquier gobierno-. Los nuevos dirigentes solo tendrán condiciones de cumplir las promesas de campaña si la correlación de fuerzas es suficiente para superar los gigantescos bloqueos que subordinan la sociedad brasileña a los intereses de las finanzas internacionales y al mando despótico de la burguesía. La historia del Brasil enseña que solo la presión social de abajo para arriba es capaz de promover los intereses de las clases populares. No puede haber ilusión. El pueblo brasileño no debe esperar ninguna transformación social que no pueda conquistar con su cabeza y sus propias manos. * Plinio de Arruda Sampaio Jr. es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de Campinas (IE- UNICAMP).