Error de coyuntura en el cerco oligárquico

Arístides Ortiz

27/06/2012

Opinión

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La mañana del miércoles 20 de junio, Ricardo Canese y Miguel Angel López Perito llegaban presurosos a la reunión del comité político ampliado del PLRA en el local del este partido. Ambos llevaban sendas carpetas bajo el brazo. En aquel ambiente a un mismo tiempo frío y tenso depositaron la desesperación de Lugo y el Frente Guasu: la candidatura presidencial de 2013 para el PLRA, con el apoyo incondicional del Frente, y una sustancial modificación en el gabinete del gobierno para que el PLRA ocupe más espacios de los que estaba ocupando. Ambos se esmeraron en garantizar que se cumplirían las promesas y en distender los rostros que parecían piedras.

Minutos antes de entrar a la misma reunión, un casi desanimado Blas Llano respondía a la prensa: “… Se acabó el plazo …”, ante la consulta de si seguirían en alianza con el gobierno de Lugo. Casi dos horas después, el mismo Llano, anunciaba, como presidente del PLRA, que su partido acompañaba el juicio político a Lugo, el que ya tenía el apoyo de la ANR, la Unace y el Partido Patria Querida. El veredicto liberal determinaba amargamente la suerte del todavía mandatario. Casi tres días después, el viernes 22, Lugo y su gabinete se despedían en Palacio del Poder Ejecutivo.

El exobispo había cometido un error de lectura y procedimiento en el contexto político inmediato que vivía el país. Mientras se concentraba en su estrategia de dividir al Partido Colorado negociando con Lilian Samaniego cargos y recursos (Candia Amarilla es hombre de Samaniego) y de aplacar el temor de la oligarquía terrateniente ante los sucesos de Curuguaty, poniendo en Interior a un ministro con mano dura, los liberales, principalmente Llano, caían en la cuenta de que se habían convertido en un convidado de piedra en el gobierno que asumió en agosto de 2008. Llano se había hartado de los silencios del presidente las veces que le hacía pedidos políticos (la última fue la destitución de Candia Amarilla), y optó por cambiar de estrategia. El excura había desatendido el poder efectivo que tiene su principal aliado en el Congreso en momentos de crisis. Y lo desatendió porque no leyó el efecto dominó que podrían tener los sangrientos sucesos de Curuguaty.

Otro hecho ocurrido unas semanas atrás talvez tampoco fue atendido por Lugo y sus más estrechos colaboradores: el veto presidencial a la ampliación presupuestaria al TSJE (en la que estaban incluidos los 50 millones de dólares para que los partidos paguen los sueldos a sus operadores políticos, de cara a 2013) había sido un golpe duro para la ANR, el PLRA y la Unace. Quizás leyeron que fue una jugada más de Lugo en su afán de debilitar a los partidos tradicionales. Las posibilidades de que este hecho haya influido en el ánimo de los parlamentarios colorados, liberales y oviedistas para el juicio político, son muchas.

Dos actores se movieron con vigor y habilidad en este escenario pregolpe parlamentario: Horacio Cartes, hoy el más influyente dirigente dentro de la ANR, y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que articula a los poderosos sectores del agronegocio en Paraguay, hoy hegemónicos entre las fuerzas oligarquías. Ambos actores desarrollaron sus acciones sobre los impactantes 18 policías y campesinos muertos en Curuguaty.

Cartes, asustado por la fuerza que iba cobrando Samaniego en las internas coloradas de la mano de Lugo, se movió rápido aprovechando la acumulada rabia de los partidos de derecha con representación parlamentaria contra el exobispo. Paralelamente, los dirigentes de la UGP participaron del libreto a la oligarquía ganadera y a los propietarios de los grandes medios de comunicación, cuyo argumento fue que el gobierno de Lugo y las izquierdas amenazaban seriamente los territorios rurales sobre los que se asientan sus intereses.

Así, estos actores políticos y económicos terminaron convergiendo para el fulminante golpe parlamentario del 22 de junio, dando al país una lección política de cómo debe articularse una clase social cuando sus intereses están amenazados por un determinado proceso político.

La causa de fondo

Toda la coyuntura descrita en los párrafos de arriba se desarrolla dentro de una estructura de poder, histórico en el Paraguay. Una estructura cuya base es la propiedad y el uso de la tierra. En este sentido, el gobierno que asumió en el 2008 venía, no solucionando, sino exponiendo, visibilizando cada vez más el problema de la concentración de la tierra en pocas manos, y las consecuencias en términos de desigualdad social que ello implicaba. Los últimos hechos, resonantes mediáticamente, fueron los casos de las tierras públicas usurpadas por Tranquilo Favero en Ñacunday y por Blas N. Riquelme en Curuguaty.

En forma general, puede interpretarse que la exposición del problema de la tierra a la sociedad, y los beneficios que tendría para todo el país su solución, fueron los elementos que crisparon los nervios de la vieja oligarquía para que se precipite a ejecutar la caída de Lugo. Paralelamente, puede también entenderse que los viejos administradores políticos de los intereses oligárquicos (ANR, PLRA y Unace) veían, nerviosos, cómo en el anterior escenario (que tuvo como principal actor al gobierno de Lugo) se iba desgastando cada vez más su legitimidad política y, por ello, amenazado su hegemonía dentro del Estado oligárquico, amenaza que los llevó a ejecutar la destitución del expresidente.

Sería correcto, y oportuno, poner en la lápida del fallecido gobierno que nunca tocó, ni pudo tocar, los intereses de la oligarquía paraguaya; por el contrario, en algunos aspectos, acrecentó el poder económico del ogro. Lo que sí hizo el caído gobierno fue exponer las crueldades del ogro, lo que aumentó la conciencia política de la gente, y mostrar, aunque haya sido muy pequeña esta muestra, que el Estado también puede servir a los más necesitados del país.

Junio 27, 2012

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