Colombia

Justicia colombiana también debe actuar contra Santoyo

Yhoban Camilo Hernández Cifuentes

22/08/2012

Opinión

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El proceso en Estados Unidos contra el general en retiro, Mauricio Santoyo Velasco, dejó al descubierto la inoperancia de la justicia colombiana frente a las acusaciones hechas en este país contra el alto oficial. Al respecto, varias organizaciones sociales advirtieron que en Colombia ha existido una estrategia de impunidad que involucra a las altas esferas del poder y señalaron que este es el momento indicado para reabrir las investigaciones, por desaparición forzada e interceptaciones telefónicas ilegales, que comprometen a Santoyo.

Lo sorprendente es que este general, quien reconoció sus nexos con paramilitares ante la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, siempre salió impune de los procesos que le adelantaron en Colombia por violaciones a los derechos humanos. Lo inquietante es que a pesar de las acusaciones en su contra, el oficial Santoyo logró ascender en la Policía durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien fuera jefe de seguridad.

Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la decisión de la corte estadounidense de vincular a Santoyo en un proceso por narcotráfico deja grandes preguntas. “Primero frente al tema de la impunidad y de cómo la institucionalidad favoreció esos procesos en Colombia, y segundo frente a la verdad y la necesidad de justicia para las víctimas de interceptaciones ilegales. Por eso resulta lamentable que tenga que operar la justicia de afuera y que la justicia colombiana no tenga nada que decir.”

El escándalo que ha desatado el caso de Santoyo, le acarreó señalamientos al ex presidente Uribe Vélez y a varios de sus funcionarios, como al ex comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, actual Presidente de la República, quienes al parecer promovieron el ascenso del oficial haciendo caso omiso de las acusaciones en su contra.

Las galimatías también involucran a varios ex magistrados del Consejo de Estado, entre ellos el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quienes suspendieron el proceso contra Santoyo facilitando su promoción a general; y además salpican a ocho senadores de la República que votaron a favor de su ascenso.

“Es muy inquietante que un ex Presidente de la República, un ex Ministro de Defensa y un Procurador, todos personas muy significativas y representativas de la institucionalidad, no sepan cuál es el círculo que los rodea. O sea cómo va a saber más la sociedad que tiene menos herramientas, menos elementos para saber en qué anda el entorno cercano al poder, que quienes realmente tienen el poder y saben cuáles son las actuaciones de sus hombres más cercanos”, planteó el presidente del IPC.

Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, el caso de Santoyo “evidencia la falencia que tiene la justicia colombiana para perseguir directamente a los grandes responsables de violaciones a los derechos humanos. O sea se persiguen algunos paramilitares de poca monta, pero realmente no hay un esfuerzo por perseguir a los responsables intelectuales que están en los altos mandos del ejército, así como en las filas de los empresarios y políticos, quienes finalmente se esconden bajo todo el poder que tienen.”

Y es que las acusaciones contra el general en retiro se hicieron públicas desde el año 2000, cuando ocurrió el secuestro de Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), quienes fueron vistos por última vez el 6 de octubre de ese año cerca de la Estación San Antonio del Metro, en el centro de Medellín. Allí fueron interceptados por hombres armados que luego los obligaron a subir a una camioneta.

En medio de la indagación, por la desaparición de Ángel y Claudia, la Fiscalía descubrió que las líneas telefónicas de ASFADDES habían sido interceptadas de forma ilegal por el Gaula de Medellín. El hallazgo era un atisbo de lo que sería una estrategia masiva de interceptaciones ilegales a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con una investigación realizada por la agencia de prensa del IPC, publicada el 30 de agosto de 2007, “en total, se hallaron 1.808 líneas interceptadas por órdenes expedidas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, discriminadas así: en 1997, 39 líneas; en 1998, 682 líneas; en 1999, 718 líneas; en 2000, 339 líneas; y en el año 2001, 30 líneas.” Interceptaciones ilegales: Medellín ha sido el laboratorio óptimo

Al proceso que adelantó la Fiscalía fueron vinculados un funcionario de Empresas Públicas de Medellín y seis miembros de la Policía Nacional, entre ellos el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien comandó el Gaula del Valle de Aburrá entre 1996 y 1999. Sin embargo el 29 de agosto de 2003, cuando Santoyo era Jefe de Seguridad del ex presidente Uribe, el ente acusador decidió absolverlo por no encontrar mérito suficiente para continuar la investigación.

Cabe anotar que por el caso de las interceptaciones ilegales, el 9 de octubre de 2003 la Procuraduría General de la Nación profirió fallo sancionatorio contra 6 miembros de la Policía Nacional, entre ellos Santoyo Velasco, quien fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Pero sorpresivamente el Consejo de Estado suspendió la sanción de la Procuraduría en el año 2005, aduciendo vencimiento de términos. Esta decisión fue la que finalmente favoreció su ascenso a general.

Lo paradójico es que la Corte Este de Virginia sindicó a Santoyo de haber realizado interceptaciones ilegales para obtener información de inteligencia que, al parecer, era entregada a narcotraficantes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa información, presuntamente era utilizada por los delincuentes para evadir operativos de las autoridades y para eliminar a sus enemigos u opositores.

Por esa razón, el coordinador de ASFADDES seccional Medellín, Javiera Barrera, manifestó que en Colombia “se deberían reabrir los procesos por interceptaciones ilegales que dieron como resultado la desaparición forzada de Ángel y Claudia, quienes al parecer fueron detenidos por hombres del Guala cuando el general Santoyo era comandante de esa institución en la ciudad.”

Javier Barrera agregó que para ASFADDES, “el proceso contra Santoyo en Estados Unidos es un paso más hacia la impunidad, porque vemos como un avance el reconocimiento de su participación en el paramilitarismo, pero también vemos que a la justicia norteamericana le genera más importancia el tema del narcotráfico que los hechos cometidos en Colombia por el general Santoyo.”

Para evitar la impunidad, Adriana Arboleda insistió en la necesidad de que la justicia colombiana reabra los procesos contra Mauricio Santoyo e, incluso, afirmó que este es un momento ideal para empezar a hablar sobre la responsabilidad política del ex presidente Uribe y, también, para iniciar investigaciones serias por la participación de altos funcionarios del Estado en procesos de paramilitarismo.

“Este señor –Santoyo-, quien era jefe de seguridad del ex presidente Uribe, reconoció que colaboró con el paramilitarismo, pero simultáneamente todos conocemos que la Corte tiene procesos abiertos contra ex directores de inteligencia del DAS, por casos de 'chuzadas' telefónicas y por entregar información a paramilitares. Entonces se tiene que establecer cuál era la relación entre estos funcionarios y si de lo que estamos hablando es de una empresa criminal de alto nivel que, desde la Casa de Nariño, favorecía a toda la expresión paramilitar”, explicó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Frente a este planteamiento, Diego Herrera, agregó que al parecer desde la época en que Santoyo fue comandante del Gaula, la estrategia de las interceptaciones ilegales ya tenía un desarrollo particular en el departamento de Antioquia.

“El Gaula en ese momento tenía un alto compromiso en favorecer a sectores de ultra derecha que venían eliminando cualquier posibilidad de opinión distinta, crítica o incluso sectores de oposición, que fue lo que después se destapó con más incidencia, en la opinión pública, cuando se descubrió el tema del DAS. O sea, esa era una práctica que ya venía desarrollándose y que específicamente en Antioquia tuvo un avance particular. Eso favorecía a estas expresiones paramilitares pero también a sectores de ultra derecha”, concluyó el presidente del IPC.

Según Adriana Arboleda, el hecho de que Santoyo haya aceptado en Estados Unidos sus vínculos con paramilitares, daría pie a que la Fiscalía colombiana inicie una investigación por estos hechos, en medio de la cual se esperaría conocer la verdad sobre las interceptaciones ilegales y sobre los casos de desaparición forzada de los que acusan al oficial.

De momento la esperanza de iniciar nuevos procesos radica en la solicitud que harán los investigadores colombianos a la justicia norteamericana, a la cual le pedirán copia de la confesión que entregue Mauricio Santoyo para determinar si se abren procesos penales contra él y contra quienes resulten involucrados en las declaraciones.

Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia

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