La existencia de un sistema de asignaciones por hijos que condiciona el monto de este beneficio a cuál sea el Estado que lo pague, qué monto de sueldo ganen los padres, qué tipo de relación laboral tengan, los años de residencia legal en nuestro país para el caso de los migrantes, si cobran o no algún plan social, entre otras variables, provoca que casi 3 de cada 10 menores de 18 años queden fuera de esta cobertura. 

Según la última canasta básica de alimentos publicada por el INDEC, una persona no es considerada indigente si tiene $5,84 por día. Con ese dinero, a precios congelados al menos hasta octubre, esa persona podrá comprar para comer durante todo un día: un kilo de harina de trigo de la marca más económica (entre $2,65 y $3,25, según el lugar donde la adquiera) y tres huevos (promedio $1). No podrá siquiera comprar un litro de leche diario (la más barata, a precios congelados, cuesta entre $6,68 y $7,23).

Sin embargo, el gobierno, a través del INDEC, insiste en que las canastas son elaboradas “teniendo en cuenta los requerimientos normativos calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes sus necesidades básicas alimentarias”.

El cálculo del organismo estadístico de la canasta básica total, que incluye además de alimentos otros bienes y servicios (ropa, viáticos, atención de la salud, educación, agua, luz, gas, etc.) determina que con 13,32 pesos diarios una persona no es considerada como pobre.

Estas cifras son para dar un marco real al incremento de la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo, que en mayo pasado anunció la presidenta. Ambas serán, a partir de este mes, de $ 460 mensuales. Este monto supera en dos pesos diarios el límite para que un niño no sea considerado como pobre. Con ese excedente, si va al supermercado apropiado,  podrá darse el gusto de comprar dos golosinas (turrón de maní Misky de 25 grs. cada uno $1,04).

Si bien el anuncio del aumento en estas asignaciones, que puesto en porcentaje es impactante (se trata de un 35% en relación al valor de $340 que tenían), se relativiza al momento de pensar en cuál es su valor real de compra, más allá del valor nominal.
Un estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) acerca del Sistema de Asignaciones Familiares aporta datos interesantes para este análisis. Nos centraremos en las que se cobran por hijo/hija (hasta 18 años de edad).

En primer lugar aclaremos la diferencia entre la Asignación por Hijo y la llamada Asignación Universal por Hijo (AUH).

La primera la perciben los padres que trabajan en relación de dependencia y cobran en blanco. Para calcularla hay cuatro escalas y montos asociados a cada una de ellas, que van desde $460 (para los padres que ganan $ 4.800) hasta $ 110 (si reúnen entre $ 7.801 a $16.800). Recordemos que el año pasado el gobierno, a través de dos decretos (1667/2012 y 1668/2012) hizo una modificación sustancial al sistema, que consistió en sumar los ingresos del grupo familiar - y no sólo tomar el de uno de los padres como era hasta entonces - para determinar en qué tramo de la escala se ubican y por lo tanto qué monto de asignación le corresponde (sean estos ingresos por trabajo en relación de dependencia, por autónomos o por monotributista). Además se aclaró que si uno solo de los padres superara un cierto ingreso (hoy de $ 8.400) esto los excluye del cobro de la asignación (aunque entre los dos no lleguen al el tope máximo). Ambas medidas dejaron fuera del beneficio, o se lo redujeron, a muchos hijos de trabajadores.

La segunda (instituida desde octubre de 2009) la cobran los trabajadores desocupados, los informales y el personal de servicio doméstico que no ganen más que el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($ 2875) y los monotributistas sociales. La AUH tiene varias exclusiones, por ejemplo, a quien recibe algún plan o programa social nacional, provincial o municipal, a los migrantes que no tengan residencia legal de al menos 3 años, quienes no posean DNI, a quienes no completen los controles sanitarios y de educación de sus hijos y tampoco se cobra más allá del quinto hijo, entre otros casos.
Según el estudio del IPyPP, la Asignación por Hijo (tomando el monto más alto que corresponde a los padres de menores ingresos) ha crecido desde octubre de 2009 a la fecha un 155,6 % a valores nominales. Sin embargo, si tenemos en cuenta la inflación real de ese período, el poder de compra del beneficio solo se ha incrementado en medio punto porcentual. O sea, no es que con la asignación por hijo hoy los padres pueden costear una vez y media más gastos que en 2009 sino que prácticamente llegan a cubrir los mismos que entonces. En síntesis, el anunciado incremento del 35% se relativiza al momento de pensar cuál es el poder de compra real de ese aumento (el estudio muestra que desde 1996 a la fecha el incremento fue de 1050% a valores nominales y que el poder adquisitivo, inflación mediante, se reduce a 47,2%).

La asignación que más ha deteriorado su poder adquisitivo frente a la inflación (siempre hablando de los trabajadores formales) es la Ayuda Escolar Anual que en el período octubre 1996 a julio 2012 perdió un 83,3 % en términos reales.

Esta situación se agrava si pensamos que el sistema de asignaciones familiares difiere en las provincias que tienen sus propios regímenes. Según muestra el estudio del Instituto, La Rioja paga como monto máximo de asignación por hijo $90, Chaco $210, Santiago del Estero $258, CABA $270, Santa Fe $112, Mendoza y Tucumán $220. El resto de las provincias equiparan con el monto nacional. En síntesis, dentro de los montos vigentes desde este mes, solo cobrarán el máximo de $ 460 los trabajadores formales que perciban a través de ANSeS, los que cobren la Asignación Universal por Hijo y las provincias que igualen en los montos a los de la Nación.

Existe una afirmación de que los trabajadores a los que se les retiene parte de sus sueldos en concepto de Impuesto a las Ganancias utilizan un “beneficio” que da esta ley de descontar a cada hijo de sus salarios netos y de esta manera rebajar el impuesto que se les retiene. El informe de IPyPP muestra en su análisis que la combinación entre los aumentos salariales, los topes para recibir la asignación por hijo y las modificaciones de los mínimos no imponibles para hacer la retención del Impuesto a las Ganancias, provocan que perciban o no el beneficio por sus hijos de acuerdo a cómo se vayan regulando las tres variables.

Por lo tanto la Universalidad pregonada en cuanto al sistema de asignación por hijo en realidad no es tal. Del total de menores de 18 años en condición de recibirla (12 millones 300 mil aproximadamente) tienen cobertura a través de ANSeS, la AUH y otras de gobiernos provinciales cerca del 75 por ciento. De esta manera, quedan fuera poco más de 3 millones (casi 3 de cada 10 niños). Si le sumamos las que reciben a través de pensiones no contributivas las madres de 7 y más hijos y las del plan Ciudadanía porteña llegan a cubrirse casi diez millones y medio, quedando por fuera de toda protección social cerca de dos millones de menores de 18 años.

Respecto a la AUH, la evolución entre diciembre de 2009 (cuando la recibían cerca de 3 millones y medio de menores) y mayo de este año muestra la pérdida de este beneficio en 75.000 menores.

El concepto de universal debería ser que la asignación por hijo llegue a todos  y cada uno de los menores de nuestro país. Para ello habría que terminar con un sistema que por su variedad en las formas, organismos públicos que la otorgan, lugares geográficos y discrecionalidad del Poder Ejecutivo que modifica topes y montos, reúna en un solo concepto este beneficio.  De lo contrario no es universal algo que no llega a todos por igual.

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Fuente: Red Eco Argentina