“Los niños van a ser devueltos a sus países” dijo categóricamente el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a miles de niñas y niños salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que han emigrado sin documentos hacia el país del norte.

 

Este flujo migratorio no es nuevo. De acuerdo con un informe del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los EEUU, entre 2004 y 2011 la media de menores detenidos en la frontera EEUU-México era de 6 mil 800, en 2012 pasó a 13 mil, en 2013 a 24 mil 493 y para 2014 se estima que ese número llegue a 60 mil. En lo que va de octubre de 2013 a 2014 la cifra ha alcanzado los 47 mil.

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que más de la mitad de los niños y niñas huyen de sus países debido a la violencia provocada por la presencia de 920 pandillas con aproximadamente 70 mil miembros en la región y por los cárteles de la droga.

 

Hay evidencias de persecución y reclutamiento de niños y niñas por parte de las bandas del crimen organizado; en el caso de Honduras, la violencia se ha ensañado contra nuestra niñez y juventud, tal y como lo revelan los informes de Casa Alianza que desde febrero de 1998 a marzo de 2014 han registrado la ejecución de 9291 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

 

Sin duda alguna, era previsible que esta crisis humanitaria alcanzaría los niveles actuales, no obstante, los gobiernos centroamericanos, particularmente el gobierno hondureño ha reaccionado tardíamente y sin darle la importancia debida a la atención integral de nuestra niñez y juventud.

 

Para muestra un botón, mientras los presidentes de Guatemala y El Salvador asistían a una reunión con el vicepresidente Joe Biden para buscar una salida colectiva a esta crisis, el presidente hondureño se excusaba porque se encuentra en Brasil viendo los partidos de la selección nacional de fútbol.

 

Pero además, mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala “que es muy importante la protección de los niños y las niñas en su lugar de origen para que no se vean obligados a irse”, el gobierno de Juan Orlando Hernández decidió desaparecer el IHNFA y crear una instancia de menor categoría llamada Dirección General de la Niñez que hasta el momento ni siquiera tiene presupuesto.

 

Es evidente que el gobierno hondureño no tiene el más mínimo interés en atacar las raíces que provocan el desplazamiento forzado de niños y niñas, pues en vez de fortalecer la institucionalidad especializada en niñez para lograr su protección integral, la desaparece y plantea la militarización del país como la única estrategia para resolver las diferentes crisis que nos agobian