El Salvador

Víctimas inocentes de la violencia criminal

Carlos Ayala Ramírez

30/06/2014

Opinión

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Hay hechos que se constituyen en verdaderas desgracias, sobre todo cuando el daño se hace a personas que podemos considerar víctimas inocentes; es decir, que nada han hecho para desencadenar un daño. Víctimas inocentes son también el cónyuge, los hijos y los parientes de la persona que sufre directamente el mal. En este torbellino de violencia que vive El Salvador, casi nos acostumbramos a los hechos violentos, a su recurrencia y consecuencias, al grado que pueden ya no conmovernos por muy calamitosos que sean. Sin embargo, una medida de nuestra condición humana sigue siendo la capacidad de reaccionar ante el sufrimiento de los demás. Nos humanizamos cuanto más sensibles somos al dolor y angustia de los inocentes, y nos deshumanizamos con nuestra indolencia, o peor todavía, cuando trivializamos el sufrimiento de las víctimas. De ahí la importancia de no olvidar ni ignorar sus padecimientos, y, más aún, de posibilitar medidas y acciones de atención, protección y reparación del daño sufrido.

Pues bien, hace unas semanas ocurrieron dos hechos que probablemente ya hemos olvidado, pero que han dejado mucho dolor, pérdidas irreparables e incertidumbre en familias humildes. El primero, el caso del bus de la ruta 302, que hace el recorrido de Usulután hacia San Salvador; la unidad de transporte fue detenida y abordada por unos hombres que comenzaron a disparar contra los pasajeros. Seis personas murieron; entre ellas, don Carlos Alberto, de 58 años, que se dirigía con su esposa a un hospital nacional donde estaba internado su hijo menor. La esposa de la víctima hace el siguiente relato: “El bus iba lleno de pasajeros. De repente, se oyó la disparazón y toda la gente se tiró al piso. Mi esposo venía atrás de mí cuando me dijo: ‘Hija, agáchese’. Yo solamente me tapé la cara. Luego le halaba la camisa y le decía: ‘Hijo, levántese’. Yo pensaba que él estaba vivo y que nada le había pasado. Entonces, alguien me dijo: ‘Ya está muerto’. Todo sucedió rápidamente y ni siquiera pude ver a los atacantes”. Posteriormente, se supo que el hijo de ambos, hospitalizado por insuficiencia renal, había fallecido; Carlos dejó siete hijos en la orfandad.

El segundo hecho tuvo lugar en la colonia Río Mar del departamento de La Libertad. De acuerdo a las autoridades, un pandillero de la 18 Revolucionarios era perseguido por sus compañeros de clica; en la huida, ingresó a una humilde vivienda, donde le dieron alcance. Los sujetos hicieron varios disparos, uno de los cuales impactó a una niña de 20 meses que vivía en el lugar. La madre de la niña cuenta que todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, observó que tenía una herida en el brazo derecho y que sangraba mucho. Agrega que en ese momento revisó a su hija, que estaba a su lado. También tenía sangre. Le quitó la ropa y le vio una herida en el pecho. A los pocos minutos, llegó una patrulla policial y trasladaron a la niña a un centro asistencial, donde murió.

Estos dos son parte de los muchos casos —publicados o no— de personas que se convirtieron en víctimas inocentes de la violencia irracional que se vive en El Salvador. Especial preocupación causa el incremento de víctimas menores de edad. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre 2005 y 2013, en El Salvador fueron asesinados no menos de 6,300 menores de edad. Pero los datos no solo son alarmantes a nivel nacional, también lo son en el continente. De acuerdo al informe regional de derechos humanos 2013-2014 del PNUD, en Latinoamérica y el Caribe han muerto en una década (2000-2010) más de un millón de personas a causa de la violencia criminal. La conclusión es grave: la violencia y el delito están dañando directamente el núcleo básico de los derechos humanos: la vida y la integridad física y material de las personas.

Este informe, enfocado en la seguridad ciudadana, sostiene que el aumento de la violencia y del delito es multidimensional. Plantea cuatro dimensiones: (a) la económico-estructural, relacionada con la falta de empleo y una insuficiente movilidad social, lo cual, en un contexto de crecimiento económico basado en el consumo, ha generado lo que se denomina el “delito aspiracional”; (b) la social, en la que destacan los cambios en la estructura familiar —con un importante incremento de hogares con un solo padre o cabeza de familia—, la deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado que alteran el tejido social; (c) los facilitadores del delito, como las armas, el alcohol y las drogas; y (d) la falta de capacidades del Estado (policías, jueces, ministerios públicos y cárceles) para hacer frente al desafío de la inseguridad.

Ahora bien, si esto es así, hay al menos dos retos ineludibles, principalmente para el Estado: crear políticas de seguridad integrales y eficaces para frenar la violencia y el delito, y garantizar la atención, protección y reparación a las víctimas de la violencia criminal. En el informe del PNUD, se proponen algunas líneas de trabajo que son iluminadoras para enfrentar nuestra propia realidad. Por ejemplo, se recomienda que las fuerzas políticas y sociales de cada país definan un “acuerdo nacional por la seguridad ciudadana”, con el propósito de alinear los esfuerzos públicos y privados hacia la reducción del delito y la violencia, como política de Estado.

Se recomienda que para ejecutar políticas integrales que complementen el control del delito con programas preventivos, se cuente con información de calidad; es decir, la orientación de los programas debería basarse en información sobre hechos de violencia en el territorio, la vulnerabilidad de quienes los sufren o la existencia de factores de riesgo que sugieren la posibilidad de que los delitos se incrementen en el futuro. Se aconseja fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito; sin olvidar que dicha presencia debe ir acompañada de programas sociales y del trabajo cercano con las comunidades y los grupos en situación de vulnerabilidad.

Se propone que los Estados desarrollen una política nacional y un marco legal, con la participación activa de las víctimas, que aseguren la atención, protección y reparación oportuna del daño. Esto pasa por definir los mecanismos de reparación y el conjunto de prestaciones y servicios que otorgará el Estado a las víctimas de delitos violentos. Se recomienda capacitar y profesionalizar a los funcionarios públicos que entran en contacto directo con las víctimas y sus familias, definiendo protocolos de atención, cursos de acción y responsabilidades.

Estas, entre otras, son las propuestas que encontramos en el documento. Tienen un carácter realista y apuntan directamente a las distintas causas de este mal. Responsabilidad del Estado y de la sociedad civil es llevarlas a la práctica para revertir una situación que ciertamente es angustiosa para las víctimas inocentes del crimen. Hay aquí argumentos sociológicos, políticos y humanos que justifican su implementación. Y si esto no fuera suficiente para enfrentar esta dramática realidad, también hay que apelar a la conciencia de quienes cometen el crimen. El papa Francisco lo hizo recientemente en Italia, en una vigilia con familiares de centenares de víctimas inocentes de la mafia. Francisco expresó: “Siento que no puedo acabar el discurso sin dirigir una palabra al gran protagonista ausente de hoy. A los hombres y mujeres mafiosos. Por favor, cambien de vida. ¡Conviértanse! ¡Dejen de hacer el mal! Esa vida no les dará alegría ni felicidad”. Estas palabras pueden parecer inútiles o débiles, sin embargo, tienen como trasfondo dos realidades esenciales: el sufrimiento de las víctimas inocentes y la posibilidad de que el ser humano se conecte con lo bueno que hay en él.

01/07/2014

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA

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