El Ecuador vive actualmente una crisis de su sistema político que pone en tensión los contenidos mismos de la democracia y la participación social. Se trata de un panorama confuso y ambiguo, en el que las decisiones de la coyuntura parecen ser tan determinantes que incluso se ha tildado al movimiento indígena ecuatoriano de traición y acomodo por no participar en las diferentes movilizaciones sociales que la “oposición política” al gobierno de Lucio Gutiérrez ha programado para estos meses. Una acusación grave que encierra en sí misma un argumento falaz: el de suponer que los conflictos reales del Ecuador se circunscriben y se limitan a la institucionalidad democrática. Para entender la posición del movimiento indígena, y también de otros sectores como la Coordinadora de Movimientos Sociales, es necesario realizar una contextualización tanto del gobierno de Gutiérrez cuanto de los argumentos de la “oposición política” a este gobierno. En efecto, habría que recordar que en una especie de récord mundial, a apenas dos meses de su posesión, el gobierno de Lucio Gutiérrez suscribió ya un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y en el que constaban veinte puntos que comprendían una serie de reformas económicas, entre las que se pueden señalar: la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, la flexibilización laboral, la privatización de la empresa petrolera nacional, de las eléctricas y de las telefónicas, entre los aspectos más importantes. Asimismo, el mes de abril del primer año de gobierno (2003), el gobierno de Lucio Gutiérrez firmaba con el Banco Mundial, la Estrategia de Asistencia al País (CAS, por sus siglas en inglés), en el que se comprometía a una reforma profunda en varias áreas consideradas estratégicas como: educación, salud, financiera, laboral, recursos naturales, infraestructura vial, seguridad jurídica, liberalización comercial, hidrocarburos, etc., todas estas reformas serán conocidas como “reformas estructurales” y su objetivo fundamental apuntaba a la privatización, desregulación y disminución de la responsabilidad estatal en estos sectores. Dos años después, y cuando empieza la recta final de su gobierno, es claramente perceptible que el proyecto original que acompañó a Gutiérrez, esto es, llevar adelante la reforma neoliberal de manera más radical y profunda, finalmente fracasó. Casi todas las reformas estructurales de carácter neoliberal, se quedaron en la agenda de asuntos pendientes. En el tiempo que le resta al gobierno, su prioridad será establecer al menos un mínimo de acuerdos que viabilicen el proyecto estratégico de la reforma estructural neoliberal pero sin que ello afecte la estabilidad del régimen. De ahí que se vislumbren, al menos y por el momento, dos estrategias básicas y que están relacionadas con los acuerdos originalmente suscritos con el FMI y el Banco Mundial; la primera sería un conjunto de reformas legales para la privatización del petróleo, la energía eléctrica, las telefónicas y la seguridad social (denominada como Ley “Trole 4”); y, la segunda, la firma y ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos (TLC), que tal como ha sido estructurado su normativa jurídica se sitúa incluso por encima de la Constitución de la República. Para el cumplimiento de estas dos estrategias, el gobierno de Lucio Gutiérrez necesita un mínimo de “capital político”, y es eso justamente lo que le hace falta. En efecto, si el gobierno de Gutiérrez no pudo aplicar en toda su amplitud las reformas a las que se había comprometido con el FMI y con el Banco Mundial, es porque conoce la capacidad de movilización de los movimientos sociales, y, sobre todo, del movimiento indígena. Lucio Gutiérrez, al no dar paso al incremento del precio del gas de uso doméstico, es decir, eliminar el subsidio del gas, reconoce explícitamente la capacidad de veto que ejerce el movimiento indígena. Puede decirse lo que se quiera a propósito de la debilidad del movimiento indígena ecuatoriano, pero lo cierto es que el gobierno de Gutiérrez, que construye sus cálculos y tácticas políticas desde la visión de la seguridad del Estado y la inteligencia policial, no se llama a engaño con respecto a la supuesta debilidad del movimiento indígena, y prefiere andar con pies de plomo. Es esa capacidad de veto del movimiento indígena la que ha tenido en suspenso la aplicación de los ejes principales de la reforma estructural, y, por tanto, ha dejado en el aire la capacidad política del régimen de imponer su “plan de gobierno”. Efectivamente, Gutiérrez no tiene otro plan que aquel suscrito con el FMI (carta de intención), y con el Banco Mundial (Estrategia de Asistencia al País), si se desarma ese plan de gobierno, en realidad, se estaría desarmando la capacidad efectiva de todo su gobierno. De ahí que una de sus prioridades políticas haya sido la desarticulación y destrucción de las capacidades organizativas del movimiento indígena y su neutralización política. Por ello, se ha definido como una verdadera política de Estado el desgaste y agotamiento del movimiento indígena, por cuanto su neutralización es clave para desarmar esa capacidad de veto expresada en su enorme capacidad de movilización social. Pero al mismo tiempo que Gutiérrez busca la forma de anular a su enemigo político más importante, también tiene que buscar sustentos políticos para sostenerse en el poder. Ya no es solamente la agenda de la reforma estructural neoliberal la que está bloqueada y la que tiene que resolverse como prioridad, sino que se hace de la permanencia en el gobierno el principal argumento del poder y, por tanto, punto prioritario de la agenda política gubernamental. Algo que puede resultar curioso para un régimen demócrata-liberal, pero que habida cuenta de la crisis institucional en el Ecuador, el hecho de que un presidente electo pueda terminar su mandato es ya una verdadera hazaña. Gutiérrez está empeñado con todas sus fuerzas y sus habilidades, en cumplir esa hazaña. El problema para el gobierno está en que cada paso dado para cumplir con su hazaña le resta sus espacios de decisión y le acotan las posibilidades reales de ejercer su poder. Para sostenerse tiene que pactar con tirios y troyanos. Las alianzas son estrictamente coyunturales y Gutiérrez utiliza al Estado como recurso estratégico en función de su objetivo de permanecer en el poder. Esas alianzas coyunturales impiden cualquier definición de largo plazo y hace que los partidos políticos involucrados con el gobierno defiendan los espacios cedidos a dentelladas. Así, cuando el régimen ha cumplido la mitad de su mandato, se encuentra bloqueado por todas partes: ha tenido que ceder capacidades importantes de decisión a otros partidos políticos y su margen de decisión, en realidad, es mínimo. Esta estrategia de Gutiérrez se da en un contexto especial: aquel de la reconfiguración de las estructuras oligárquicas, y de la recomposición de estas oligarquías, obligadas por la crisis financiera-monetaria de los años 1999-2000. La recomposición de estas oligarquías, con base en la costa ecuatoriana y fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil (sobre todo los grupos financieros: Isaías y Noboa), se inscribe en la lógica del monopolista: controlarlo todo, administrar los mercados y destruir toda competencia. Esta lógica llevada al plano de la política desnuda el diseño institucional de la democracia representativa liberal. La lógica del monopolista, que no tiene escrúpulos, ni moral, cuando se traslada a la política, en un contexto en el que la institucionalidad política se sustentaba en la ficción de la democracia, pone en riesgo los mismos contenidos de la democracia. Demuestra que la ficción democrática genera simulacros y escenarios, actores y tramoyas, y que los contenidos fundamentales de la justicia, la equidad, y toda la institucionalidad, en realidad, son una prerrogativa del poder. Así, Gutiérrez está entre Escila y Caribdis. De una parte, tiene bloqueada la capacidad de imponer su agenda de gobierno, básicamente por ese implícito poder de veto que tienen los movimientos sociales y el movimiento indígena, y, por otra, ha tenido que desmantelar la institucionalidad del Estado para entregarlo como prendas que garanticen la estabilidad de su gobierno. El frágil equilibrio que sustenta su permanencia en el poder genera más vulnerabilidad y al mismo tiempo acota sus posibilidades reales de ejercer el gobierno. ¡Y apenas está en la mitad de su periodo! Pero la recomposición oligárquica expresada en estos dos grandes grupos financieros: Isaías y Noboa, y en sus expresiones políticas, los partidos Roldosista Ecuatoriano (PRE), y Renovación Institucional Acción Nacional, (PRIAN), genera nuevos enfrentamientos de poder que amenazan con deslegitimar la institucionalidad de todo el sistema político, sobre todo con la burguesía de la sierra ecuatoriana que está en una búsqueda desesperada de cuadros y partidos políticos que la representen, especialmente después del fracaso de la democracia cristiana (que en Ecuador se denominaba Democracia Popular). Un sistema político que ha perdido legitimidad empieza a generar una crisis de sustentación que abre vías a cualquier resolución política. La lógica del monopolista no entiende de razones y menos aún cuando “hace política”, por ello se corre el riesgo de que esta recomposición oligárquica finalmente deje fuera de juego al sistema político en su conjunto. Los grupos financieros que ahora controlan la institucionalidad del Estado (PRE y PRIAN), son voraces y no tienen ningún escrúpulo en su afán de poder. Una vez captados los recursos del poder, la recomposición oligárquica lo quiere usufructuar al máximo, y eso genera grietas en la legitimidad de todo el sistema político. Esas grietas, abiertas por la necesidad de Gutiérrez de buscar apoyos para sostenerse en el gobierno, tienen que ser cerradas para que pueda funcionar la ficción democrática y para que el poder pueda rehacer el ejercicio de su hegemonía. Así, para la lógica del sistema político, defender la institucionalidad se convierte en caballo de batalla, tanto para restaurar la ficción democrática, cuanto para rearticular la oposición al régimen acotando las pretensiones de la recomposición oligárquica. Y esto por una razón que tiene que ver con el mismo diseño institucional del sistema político ecuatoriano: las elecciones del próximo año (2006). La ficción democrática, esto es, creer que los problemas estructurales y fundamentales del país se van a resolver dentro de los límites impuestos por el sistema político ecuatoriano, un sistema que ha generado redes clientelares de participación social, que ha privilegiado los patrimonialismos políticos, los caciquismos, que se ha convertido en un régimen censatario (de ahí la Constitución de 1998 y la figura del “presidencialismo”!), es vital para la estructura del poder. Para el escenario electoral, es fundamental que la institucionalidad tenga la legitimidad necesaria desde la cual puedan ser operativos y funcionales tanto las candidaturas cuanto sus discursos electorales. Son aquellos que apuestan a las elecciones del próximo año quienes más interesados están por recuperar la legitimidad del sistema político. Está en juego su pervivencia política. Recuérdese que hay una experiencia no muy grata para la burguesía y las oligarquías de lo que pasa cuando se agota la legitimidad del sistema político, y es el caso venezolano; allí fue tan fuerte el desgaste de la clase política que dio paso al discurso de la “antipolítica” que vació de contenidos a todo el sistema político venezolano, y desde ese desgaste del sistema político emergió y se consolidó la figura de Hugo Chávez. No en vano, algunos medios de comunicación en Ecuador empiezan a esgrimir el fantasma del chavismo y de la polarización social en Venezuela. De ahí que las estrategias de ahora estén hechas para cerrar las posibles grietas que el sistema político ecuatoriano pueda tener a futuro. Si el régimen de Gutiérrez sigue desgastando la legitimidad del sistema político, las próximas elecciones son un albur, que quizá pueda beneficiar a la recomposición oligárquica o quizá puedan provocar efectos no deseados para el sistema político ecuatoriano. En ese sentido, defender la institucionalidad implica, en realidad, defender al sistema político y a las relaciones de poder de la cual este sistema es parte y correlato. La recomposición oligárquica conoce que la incertidumbre es su mejor aliada y a medida que el régimen es más vulnerable más fuerte es su factura y más espacios institucionales controla, y más profundo es el desgaste de la institucionalidad del sistema, y más pierde credibilidad y legitimidad. El movimiento indígena, de su parte, ha realizado una jugada estratégica que lo ubica como un actor fundamental en la coyuntura del mediano plazo. Su decisión de no participar en las estrategias de defensa de la institucionalidad, no lo pone fuera del juego político, sino todo lo contrario, lo ubica como un polo que está justamente frente al proyecto de la recomposición oligárquica. En efecto, el momento en el que el movimiento indígena se desmarca de las estrategias que buscan recomponer al sistema político desde la movilización social, deja sin piso y sin sustento social al sistema político, y le obliga a recurrir a prácticas a las que siempre se opuso. El sistema político ecuatoriano está hecho para cerrar los espacios a la movilización social; ha sido construido de tal manera que impide toda participación democrática fuera del momento de la elección. El sistema político jamás ha movilizado a nadie fuera de los tiempos electorales, y cuando el tiempo electoral termina, también se clausura la movilización social. Para este sistema, la democracia muere en el momento que nace: en la urna electoral. Es un sistema que controla y legitima desde su propia dinámica la vida política de la sociedad. Fuera del sistema político nada existe. La conflictividad social es puesta entre paréntesis hasta las nuevas elecciones, en las cuales esa misma conflictividad social es asimilada y utilizada por el sistema político para su propia recomposición y recambio. Sin embargo, cuando se comprueba que el desgaste de la institucionalidad provocada por un gobierno mediocre y corrupto, permite a la sociedad entera comprender que la democracia y toda la parafernalia institucional creada a su tenor es más una ficción que una realidad, el sistema político necesita desesperadamente de la movilización social para recuperar su legitimidad y asentar sobre ella sus tradicionales mecanismos de dominación. El sistema político no perdona al movimiento indígena que se haya desmarcado en momentos en los que más necesita recomponer su legitimidad. Utilizará todos los recursos a su haber, que además son poderosos, para restregar al movimiento indígena su negativa de estar a su lado y presentar la posición política del movimiento indígena como mero oportunismo. Intentará descalificar la capacidad de movilización indígena indicando que en realidad su negativa obedece a una estrategia hecha para cubrir sus debilidades. Pero esta decisión del movimiento indígena de negarse a legitimar al sistema político, en vez de cerrar los espacios más bien los abre, y en esa apertura posiciona y polariza el debate político hacia los temas de fondo. En efecto, esa apertura política provocada por el movimiento indígena ecuatoriano, al no comprometerse con las estrategias de relegitimación del sistema político, permite entender que, por paradójico que parezca, el régimen de Lucio Gutiérrez necesita de la oposición política para llevar adelante su agenda neoliberal, para abrirse más espacio en un contexto en el cual ha enajenado casi todas sus posibilidades de ejercer el gobierno, en manos de sus “aliados”. Gutiérrez puede, gracias a la oposición política, justificar su posible “marcha atrás” en los acuerdos pactados y hasta una posible ruptura con sus “aliados” coyunturales; el gobierno también puede extender una cortina de humo para posicionar sus dos temas fundamentales: la reforma estructural neoliberal del Estado y la firma del TLC con Estados Unidos (amén de pasar a un segundo plano temas como el Plan Colombia, el ALCA, la base militar de Manta, y la dolarización, entre otros), con el apoyo tácito y cómplice de esta misma oposición política. Gutiérrez necesita de esta oposición, al menos en los términos que el sistema político ha codificado a esa misma oposición política, porque casi no tiene espacios de maniobra y los necesita urgentemente. Esa “oposición política” reactiva la ficción democrática, le obliga al gobierno a repensar sus estrategias y moverse tácticamente, y de esa manera tener algo más de aire para su propia pervivencia. Empero, los temas fundamentales permanecen fuera del sistema político: dolarización, Plan Colombia, Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, ALCA, privatizaciones, reforma estructural, todo ello no está dentro de las prioridades del sistema político, no constituyen una preocupación de ese sistema político que ahora está más afectado por la “desinstitucionalización”, que por los verdaderos problemas del país. Pero, es gracias a la actitud política del movimiento indígena ecuatoriano que podemos visualizar el verdadero centro del debate político, porque al separarse del sistema político decide enfrentar directamente a la recomposición oligárquica y al proyecto neoliberal. Así, el régimen de Gutiérrez y la oposición política a su gobierno, en realidad, están en el medio de estos dos grandes actores entre los cuales se decidirá el futuro político del Ecuador.