México

Tiempos y demandas por Los 43

Eduardo Ibarra Aguirre

24/11/2014

Opinión

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Los juicios presidenciales sobre los actos de violencia de provocadores por convicción y/o por comisión, en la marcha del Ángel de la Independencia, del Monumento a la Revolución y de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, justamente en el aniversario de la Revolución de 1910-17, por la presentación de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron leídas como una “estrategia para justificar la represión y amedrentar”, una amenaza al derecho de manifestación y hasta como “una actitud fascista”. Concepto que de tanto uso abusivo perdió el significado original.

Son comprensibles tales lecturas. Pero otra que no debiera omitirse por el hecho de dirigir partidos opositores, de verdad y de mentiritas como se estila en el sistema político con y sin transición a la democracia, es que el primer empleado de los mexicanos, que no otra cosa es o debiera ser titular del Ejecutivo federal, se vio precisado a reconocer los alcances de la cuarta jornada global por la imposible materialización del “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Y que retumbó en más ciudades y lenguas que en los últimos dos meses a cumplirse el día 26.

Enrique Peña Nieto reconoció que “la sociedad está harta de sentirse vulnerable y de la delincuencia”. Tal es uno los mensajes que surgen con los crímenes de Iguala porque ante los hechos de barbarie y la tardía reacción de los tres niveles de gobierno, la ciudadanía se percibe desprotegida, como lo corroboran datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que registra mil 289 denuncias ministeriales sobre homicidios dolosos en octubre, mientras que en el mismo mes de hace un año fueron presentadas mil 247, sobre mil 373 y mil 425 asesinatos en los meses referidos. O bien creció la denuncia ante el Ministerio Público y/o aumentó el número de homicidios dolosos.

Que el esposo de la exitosa propietaria de la Casa Blanca reconozca como “una obligación” asegurar que “las manifestaciones ciudadanas” no sean “secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”, es muy positivo.

Otra cosa es hacer el cotejo entre el discurso y las denuncias sobre el manejo de provocadores desde el gobierno, documentadas parcialmente con la foto del joven en el camión del Ejército y que después aparece en actos vandálicos en el Zócalo, o el general Gustavo Ramírez Palacios alcoholizado la noche del día 8 y encarando a los que incendiaron la puerta Mariana de Palacio Nacional.

Tampoco puede omitirse que dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero o de la Sección 22 de Oaxaca reivindicaron el incendio de bienes e inmuebles públicos como la Biblioteca del Congreso de Guerrero, pero también privados; o aquél orate que destruyó una puerta centenaria de la Secretaría de Educación Pública.

Circunstancias sociopolíticas y socioculturales pueden explicar estos desbordamientos primitivos, mas no justificarlos; en primer lugar porque abonan al aislamiento de un vigoroso movimiento que difícilmente permanecerá al alza por su estrechez programática, la desarticulación de liderazgos, los signos de desesperación de los padres de familia que un día anuncian que se levantarán en armas como si fuera un juego y otro agreden a los enviados gubernamentales, amén de la cercanía de Guadalupe Reyes, el más largo puente vacacional al que apuesta el grupo gobernante. Y la demanda de la renuncia del presidente si bien multiplica voces, sólo faltan seis días para materializarla con una cita a elecciones, salvo que busque despejarle el camino a Manlio Fabio Beltrones.

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