Al mismo tiempo que en todo Ecuador se especulaba acerca de las orientaciones del programa económico y social del gobierno recientemente electo en este país, se reunían en Quito, del 22 al 24 de julio, representantes de 50 organizaciones y 5 redes de la gran mayoría de países de América Latina, para reclamar por una nueva forma de desarrollo basada en el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El evento representó la reunión más grande realizada en el continente dedicada a estos derechos, y produjo una Declaración sin precedentes. Al cabo de la misma, representantes de las Naciones Unidas reconocieron en el documento aprobado un aporte transcendental en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Jose Bengoa, relator especial de las Naciones Unidas presente en el certamen, dijo: "ésta fue una reunión más que sobresaliente...". Co-organizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y tres de las más importantes redes regionales en materia de derechos humanos, la Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PSDHDD), La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), y las ligas latinoamericanas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el encuentro produjo una Declaración que reconoce en la creciente pobreza y desigualdad de la región, así como en las politicas económicas impuestas por gobiernos e instituciones internacionales, la principal fuente de sacrificio para los derechos de millones de personas. Para nadie es un secreto que hoy día, en América Latina, las masivas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) afectan a la gran mayoría de las poblaciones y resultan en miles de muertos evitables cada año. La Declaración postula que los DESC sirven para reconocer la dignidad de la persona e incluyen los derechos de salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo y cultura, y como tales están reconocidos en todas las declaraciones y convenios de derechos humanos, empezando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que el mes de Diciembre próximo cumple 50 años), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, o, en nuestro ámbito regional, el Protocolo Facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también llamado Protocolo de San Salvador. Base democrática Constituyen asimismo base esencial para construir verdaderas democracias, entendiendo éstas como un conjunto de prácticas socio-políticas que nacen de la participación y libre autodeterminación de ciudadanos y pueblos. La negación de estos derechos lleva a la exclusión de las mayorías, rompe los lazos de integración y alimenta la segregación social y la violencia. Por eso es urgente estos derechos, como guía para la formulación de leyes, políticas y prácticas de los gobiernos. Por esa misma razón existe también la necesidad de usarlos como herramienta para cuestionar las leyes, políticas y prácticas que amenazan su plena realización. Sobre todo en contextos en los que se pretende que el hombre sirva a la economía y no al revés. La Declaración aprobada incluye un amplio y variado repertorio de Principios que definen obligaciones que, como en el caso de los derechos civiles y políticos, resultan igualmente exigibles a los Estados en materia económica y social. Sin éstos, se afirma, los Estados son incapaces de garantizar el funcionamiento de sociedades justas y, peor aún, se incapacitan para legitimar su propia existencia. En este campo, no sólo los Estados están obligados a respetar, proteger y promover el ejercicio de los DESC. También lo están las empresas y actores como los organismos financieros multilaterales. Los Estados y la comunidad internacional tienen el deber de prevenir y sancionar la ocurrencia de violaciones de los DESC por parte de estos actores. En nuestro país, concretamente, a aquellas empresas que abusan de sus trabajadores, niegan los derechos de los Pueblos Indígenas o contaminan nuestro medio ambiente. Para que ello ocurra, la gente puede y debe hacer exigibles estos derechos a través de variadas vías: las judiciales y administrativas, la presión pública nacional e internacional, o por medio de la concertación de iniciativas legislativas, entre muchas otras. Y para que ello suceda, se necesita una sociedad de derechos y de ciudadanos con capacidad de exigir tales derechos. No una sociedad de privilegios con mayorías excluídas, toda suerte de autoritarismos o -cuando al Estado o al poder económico se les ocurra- beneficencia social. Naturalmente, no sólo se sintieron convocados por este llamado a la acción en favor de los DESC, los activistas e instituciones latinoamericanas comprometidas con la realización de los derechos humanos, (como sería el caso de la FIDH o la PSDHDD); o las ONGs ocupadas desde hace años en promover el desarrollo regional y local en sus diferentes formas (como sería el caso de ALOP). Sumaron también al Encuentro su voz y larga experiencia en la materia, organizaciones regionales que luchan en favor de los derechos de los trabajadores y de las mujeres, tales como ORIT y CLADEM. ?Hemos venido a enriquecer un Encuentro destinado a potenciar las iniciativas y acciones que, desde nuestros respectivos enfoques, llaman también a reivindicar los derechos de la persona ¿con independencia de su sexo, raza, origen nacional, ideología u ocupación- en el campo económico, social y cultural? dijeron entonces Iván Gonzales y Roxana Vásquez, a nombre de ambas organizaciones, respectivamente. La Declaración Continental aprobada en Quito aporta un listado preciso y detallado de iniciativas por concretar en este campo, y hace una decidida convocatoria a los gobiernos en general, a los Estados americanos, a las instituciones intergubernamentales (tipo el FMI y el Banco Mundial), a las empresas multinacionales y nacionales, y a la sociedad en su conjunto, para adoptar un programa común y un firme compromiso en favor de la plena realización de los DESC como fundamento imprescindible para arribar al nuevo Milenio como sociedades integradas alrededor de modelos de desarrollo centrados en el hombre, por el hombre y para el hombre. Nuestra tarea es entonces hacer que ello se haga realidad.