CONAIE propone solución a deuda externa ecuatoriana
18/09/2000
- Opinión
(La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó
formalmente al Club de París una propuesta global para la solución a la deuda
externa de su país, durante la ronda de negociaciones que se celebró en la
capital francesa, el 13 y 14 de septiembre, entre el gobierno ecuatoriano y
los países acreedores. Blanca Chancoso, secretaria de RR. II. de la CONAIE,
fue la encargada de presentar el documento al Secretario General del Club de
París, Francois Perol, señalándole que pedían la condonación de la deuda
ecuatoriana pero con la condición de que esos recursos sean destinados al
desarrollo productivo, salud, educación, la legalización de tierras y
territorios y la conservación de la naturaleza, y que además en el proceso
haya participación ciudadana y de los gobiernos locales. La deuda externa
ecuatoriana asciende a USD 16.421 millones, de los cuales 1.017 millones
corresponden a la deuda con los Gobiernos del Club de Parías, equivalentes al
7.6% de la deuda pública externa. La deuda externa total equivale al 145%
del PIB.
La CONAIE considera igualmente que legalizar internacionalmente la
posibilidad de un arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción
que merece ser adecuadamente analizada, "pues no podemos seguir manteniendo
espacios en donde los acreedores son juez y parte. En un mundo donde la
mundialización sobredetermina la lógica económica, es hora ya de que los
marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se
internacionalicen". A continuación el documento presentado al Club de París
por la organización indígena.)
Propuesta de solución a la deuda externa:
LA CONFEDERACION DE NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR (CONAIE) A LOS
PUEBLOS Y A LOS GOBIERNOS QUE CONFORMAN EL CLUB DE PARIS
Una síntesis de nuestra propuesta
Los pueblos indios del Ecuador, aglutinados en la CONAIE, conscientes de la
gravedad del problema y de la necesidad de buscar una solución equitativa al
tema de la deuda, proponemos a los pueblos y gobiernos de los países del Club
de París un arreglo urgente para solucionar este problema compartido, en el
cual los acreedores tienen una gran carga de corresponsabilidad.
La deuda externa es un problema global que debe ser tratado integralmente a
través de una política de Estado, lo que implica recoger los criterios y la
participación de los diferentes actores de la sociedad ecuatoriana, así como
el aporte constructivo de los organismos multilaterales de crédito. Por otro
lado, la situación económica y social del Ecuador demuestra la incapacidad
real de su economía y de su sociedad para cumplir con las obligaciones
establecidas por la deuda externa. De no haber un cambio sustantivo en esta
situación, el Ecuador en poco tiempo más se verá forzado a distanciarse aún
más del escenario internacional y, lo que es más preocupante, vendrán
nuevamente momentos de enorme tensión social que pondrán en grave riesgo
nuestra frágil democracia.
Por estas consideraciones la CONAIE solicita a los pueblos y gobiernos que
conforman el Club de París que procedan inmediatamente a la cancelación total
de la deuda externa que mantiene el Ecuador, bajo el compromiso de que la
sociedad ecuatoriana invertirá los recursos que por esta decisión se liberen
en programas de desarrollo social, cultural y de conservación del medio
ambiente. Para el caso específico los pueblos indios y la sociedad civil
organizada del Ecuador se comprometen a emprender en programas destinados a
la consolidación cultural, los que deberían incluir aspectos relacionados con
la educación, la legalización de tierras y territorios y la conservación de
la naturaleza, en particular la Amazonía. Igualmente el gobierno ecuatoriano
deberá establecer las bases para una profunda reestructuración económica y
social, a partir de un proceso democrático que se oriente a la constitución
de bases equitativas y participativas en el país.
Por otro lado, creemos que legalizar internacionalmente la posibilidad de un
arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción que merece ser
adecuadamente analizada, pues no podemos seguir manteniendo espacios en donde
los acreedores son juez y parte. En un mundo donde la mundialización sobre
determina la lógica económica, es hora ya de que los marcos regulatorios
apegados a la racionalidad del Estado de Derecho se internacionalicen.
A continuación explicamos los argumentos que sostienen nuestra propuesta y
los elementos básicos de la misma:
Un problema de responsabilidades compartidas
Los problemas derivados de la deuda externa no son nuevos en la historia del
Ecuador. Desde los primeros empréstitos extranjeros, contratados a
principios del siglo XIX, hasta la moratoria de la deuda externa en los
albores del tercer milenio, la economía ecuatoriana -al igual que las otras
economías latinoamericanas- ha atravesado por una serie de períodos de auge y
crisis, estrechamente vinculados a los ciclos de las economías centrales. La
lógica de la deuda, más allá de cualquier característica propia del momento,
está, entonces, estrechamente vinculada a las condiciones internacionales.
Desde esta perspectiva, el tema de la deuda externa marca la evolución de la
economía y aún de la política de este país. Es más, el manejo económico está
estrechamente vinculado a las sucesivas negociaciones de la deuda, sobre todo
en los últimos años por su relación con los programas de estabilización y las
políticas de ajuste.
Es cierto que en el problema del endeudamiento externo del Ecuador, como en
el de muchos otros países de la región, hay una gran culpa en nuestros
gobiernos y, en especial, en nuestras elites. Igualmente resaltamos que el
endeudamiento, contratado masivamente en etapas dictatoriales en la década de
los setenta. Sin embargo, no es menos cierto que existen elementos para
determinar una corresponsabilidad global de los acreedores, a más de
situaciones concretas en las cuales encontramos una clara coparticipación de
algunos acreedores en este proceso de endeudamiento irresponsable.
Durante el libertinaje financiero de los setenta y también aunque en menor
medida en la primera mitad de los noventa, los gobiernos (muchos de ellos
dictatoriales) y los grupos dominantes en los países periféricos -apoyados
por muchos gobiernos y empresas de los países industrializados- encontraron
la oportunidad para satisfacer, aunque sea parcial y temporalmente, el
déficit crónico de financiamiento. Y lo hicieron sin preocuparse demasiado
por el uso de los créditos, que mayormente fueron en provecho de los grupos
dominantes. Estos recursos, adicionalmente, contribuyeron para postergar
reformas estructurales indispensables, como pudo ser el establecimiento de un
sistema tributario socialmente equitativo. Posteriormente, en la época del
pago, aquellos sectores marginados de los "beneficios" del endeudamiento
foráneo fueron convocados a asumir su servicio. La deuda, entonces, ha sido
"el gran mecanismo reciclador de las relaciones de poder porque unos gozan
del crédito y otros lo pagan".
Además, los gobiernos latinoamericanos siempre han mantenido su actitud
condescendiente con la banca internacional, las transnacionales, los
organismos multilaterales de crédito. Las elites de nuestros países, por su
debilidad y hasta complicidad, porque en muchas ocasiones han sido tenedores
de papeles de la deuda, nunca plantearon salidas conjuntas desde la lógica de
los países deudores, siempre se impusieron los clubes de los acreedores (Club
de París, Club de Londres o comités de gestión).
Vistas así las cosas, a primera vista, condonar la deuda representaría un
error, pues podría ser visto como beneficio a los ricos. Sin embargo, esa
apreciación es incorrecta, pues no eliminar en forma sustantiva el peso de la
deuda sería mantenerlo sobre los pobres. Hay una relación inversamente
proporcional entre servicio de la deuda e inversiones sociales, y una
vinculación perversa entre deuda y ajuste estructural.
El reclamo de las deudas históricas, ecológicas y sociales
Adicionalmente, como complemento al tratamiento de la deuda externa
incorporamos el reclamo de la deuda ecológica y de las deudas históricas. En
un mundo cada vez más interrelacionado, es obligación de todos los habitantes
del planeta asumir sus responsabilidades históricas, presentes y futuras.
Así, los pueblos indígenas de América reclamamos el pago de las deudas
derivadas de:
- La expoliación colonial: de acuerdo a la información disponible en los
Archivos de Sevilla, solamente por el saqueo de oro y plata llegado a Europa
procedente de América Latina, se registra un volumen 185 mil kilos de oro y
16 millones de kilos de plata, entre 1503 y 1660. Recursos que llevados a
valor presente representarían una cantidad superior a valor total de la deuda
externa de toda la región. Además, una vez más, dejamos constancia de los
enormes sufrimientos que soportaron y soportan aún nuestros pueblos desde la
colonización europea.
- El intercambio ecológicamente desigual: exportaciones de nuestros productos
naturales mal pagados y que tampoco calculan la pérdida de nutrientes o de la
biodiversidad; situación exacerbada últimamente por los crecientes
requerimientos que se derivan del servicio de la deuda externa y de los
mismos esquemas aperturistas y liberalizadores a ultranza.
- La ocupación gratuita del espacio ambiental: los países más ricos -en este
caso los deudores- han superado largamente sus equilibrios ambientales
nacionales, al transferir directa o indirectamente contaminación (residuos o
emisiones) a otras regiones sin asumir pago alguno.
Aquí surge, entonces, con fuerza un nuevo concepto de endeudamiento, aunque
no financiero, si externo, en el cual los deudores de la deuda ecológica son
los acreedores de la deuda externa, de la financiera. Al cual, además, habrá
que sumar las deudas sociales acumulados en tantos años de costos e inútiles
esfuerzos para tratar de resolver por la vía convencional el
sobreendeudamiento externo. Deuda social, cuyo pago el Estado ecuatoriano no
puede escamotear más a los sectores pobres y desprotegidos de la sociedad.
El problema de la deuda afecta a la mayoría de la población ecuatoriana
En estas condiciones, este problema se ha transformado en un peso
insoportable para las grandes mayorías. El esfuerzo realizado para sostener
el servicio de la deuda ha significado una creciente disminución de
inversiones sociales, con el consiguiente aumento de la pobreza y la miseria.
Por veinte años el país ha asignado cada vez más presupuesto al servicio de
la deuda y la deuda sigue creciendo. Desde 1983 hasta 1998, en concepto de
nuevos desembolsos el país ha recibido más de 46,2 mil millones de dólares y
ha cancelado, por concepto de amortizaciones e intereses, más de 49 mil
millones de dólares. Esto representa una transferencia negativa de casi 3
mil millones de dólares, a pesar de lo cual la deuda externa pasó de 7.381
millones de dólares a 13.399 millones en el período mencionado.
En estas condiciones resulta imposible esperar que el Ecuador pueda atender
estos compromisos. Es más, hacerlo significaría agravar aún más las duras
condiciones de vida de la mayoría de compatriotas y dejarlos huérfanos de las
indispensables inversiones sociales, en particular en el campo de la
educación, salud, vivienda y nutrición.
Esta realidad, que ha transformado al Ecuador en el país más endeudado per
cápita de toda América Latina, se plasma en las asignaciones para el servicio
de la deuda que equivalen a más de la mitad del presupuesto nacional para el
2000 y en la creciente participación del endeudamiento externo en el PIB, tal
como se observa en los siguientes gráficos:
En estas circunstancias, el Ecuador cumple con todos los parámetros de deuda
para calificar en el grupo de "países pobres altamente endeudados" (HIPC, por
sus siglas en inglés), incluido el nivel de ingresos per cápita, que se ve
seriamente distorsionado por la injusta distribución de la riqueza.
La deuda, entonces, ha sido un factor clave en el aumento de la pobreza,
obstaculizando el desarrollo y privando al gobierno de los fondos necesarios
para satisfacer las necesidades básicas de la población. Esta situación se
ha agravado aceleradamente en los últimos años, cuando, entre 1998 y 1999, el
numero de pobres creció desde 3´900.000 a 8´500.000 personas, mientras que el
número de personas en miseria extrema experimentó una duplicación al pasar de
2,1 millones a 4,2 millones. Esta lacerante realidad es aún más crítica en
el campo, en donde el 78% de la población indígena vive hoy día en
condiciones de pobreza. Así, más del 70% de la población sobrevive con menos
de 2 dólares al día, 38% con ingresos menores a 1 dólar al día.
Un 45% de los niños menos de 5 años sufren de desnutrición. El 70% de las
muertes de niños en el país son prevenibles. Ecuador ocupa el cuarto lugar
en mortalidad materna en América Latina, en tanto más del 30% de estas
muertes son fácilmente evitables. Casi la cuarta parte de los niños entre
10-17 años no están matriculados en escuelas.
A pesar de la urgente necesidad para enfrentar esta crisis social, la deuda
ha forzado a los gobiernos a seguir disminuyendo el presupuesto para
servicios básicos como educación y salud. Los recursos para educación en el
Presupuesto General del Estado cayeron a menos de la mitad y, durante los
años 90, las asignaciones para salud se redujeron desde 8% a menos del 3% del
presupuesto. Así, no sorprende que mientras el servicio de la deuda aumenta,
los ingresos per cápita disminuyen. Y esta situación tampoco tiene visos de
mejorar si leemos la proforma presupuestaria del año 2001, en la cual se
destina más del 43% al servicio de la deuda pública, mientras que todas las
inversiones y gastos sociales apenas llegan a un 20%.
Todo esto es muy grave si consideramos que el Ecuador desperdició una
oportunidad histórica al renegociar atropelladamente la deuda comercial -el
canje de los Bonos Brady y Eurobonos a cambio de Bonos Global-, cuyos
resultados, generosos en extremo para los acreedores, son por demás
insuficientes para el país y que, desde ya, auguran nuevas dificultades.
Antecedentes para una condonación masiva
Conocemos muy bien que el Club de París ya tiene establecida una política
para el tratamiento de la deuda de países como el Ecuador, considerado
equivocadamente como un país de ingresos medios. Conocemos también que el
Ecuador ha negociado en seis ocasiones con el Club de París y que no ha
conseguido un resultado satisfactorio. Sabemos que tampoco sería una
solución incorporar al país en la lista de los HIPC, pues no simplemente está
en juego el combate a la pobreza, sino, en especial, el desarrollo de las
capacidades nacionales, tanto colectivas como individuales, con el fin de que
la sociedad ecuatoriana pueda asumir en sus manos el reto de resolver sus
problemas y, aunque parezca paradójico, de cumplir con sus compromisos
externos.
En ese sentido invocamos la sensibilidad de los pueblos y de los gobiernos de
los países miembros del Club de París. Nos permitimos recordarles que cuando
hay la voluntad política se pueden encontrar soluciones definitivas. Y, por
eso, apelando a la solidaridad entre los pueblos del mundo, les conminamos a
reflexionar sobre una respuesta que rebase los rígidos parámetros
establecidos, al tiempo que rescatamos experiencias que bien podrían
servirnos de guía en esta tarea colectiva para encontrar las mejores
soluciones para los partes:
- En un histórico convenio, suscrito en Londres el 27 de febrero de 1953,
Alemania alcanzó oficialmente un descuento de su deuda anterior cercano al 75
%, así como una reducción de las tasas de interés equivalente a la cuarta
parte del último arreglo alcanzado previo a la moratoria de los años treinta.
Igualmente obtuvo un amplio período de gracia para iniciar los pagos de
intereses y capital de determinadas deudas; la ampliación de los plazos para
los pagos previstos; y, por último, la forma de calcular el servicio se
estableció en función de la capacidad de la economía alemana, la cual se
vinculó con el avance del proceso de reconstrucción de ese país. El servicio
de esta deuda, en concreto, estaba supeditado al excedente de exportaciones,
así la relación servicio/exportaciones alcanzó su valor más alto en 1959: 4,2
por ciento, situación más que envidiable para un país como el Ecuador, que ha
destinado, en varios años, más del 30% de sus exportaciones a dicho servicio.
En 1971 Indonesia, al igual que Alemania, se benefició de un acuerdo
similar; algo que se repitió años después con Polonia y Egipto.
Igualmente, dentro del Club de París se ha procesado en varias ocasiones
condonaciones a cambio de inversión social y protección del medio ambiente.
- Polonia: En 1991 el Club de París condonó 16 mil millones de dólares, 50%
de la deuda externa del país. Adicionalmente, los países acreedores
designaron otro 10% de la deuda (3.2 mil millones de dólares) a ser dirigido
al llamado "EcoFondo", que está encargado de hacer inversiones sociales y
ambientales.
- Jordania: En 1999 el Club de París llegó a un acuerdo con el gobierno en el
cual 425 millones de dólares de deuda externa (de un total de 6.8 mil
millones de dólares) pasaron de los países acreedores a unas 50
organizaciones sociales y ambientalistas del país.
Igualmente recordamos la existencia de una legislación en los EE.UU. a favor
de los canjes: el "Tropical Forest Protection Act" explícitamente permite al
gobierno EE.UU. condonar o reducir la deuda de países con bosques
tropicales, en la medida que el dinero condonado se use para proteger esos
bosques tropicales.
Las experiencias ecuatorianas de condonación de deuda
A más de las experiencias internacionales, en el Ecuador mismo se resalta la
condonación de la deuda bilateral con Bélgica y con Suiza. Con Alemania se
han registrado algunas condonaciones parciales, pero no ha sido una
experiencia tan exitosa como las que explicamos a continuación:
Condonación de la deuda con Bélgica. En 1992 Bélgica hizo la primera
operación de condonación de deuda con Ecuador por un monto total de 215
millones de francos belgas (8 millones de dólares), comprándolos a un 58%,
liberando más o menos 124 millones de francos belgas por deuda bilateral. El
monto se destinó a proyectos de desarrollo ejecutados por instituciones de
desarrollo: el 75% fue a la realización de un proyecto de desarrollo en la
provincia de Bolívar, ejecutado por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP); el 25% restante se destinó para el Plan de la Unidad Técnica (UTEPA)
en trabajos realizados junto con comunidades indígenas en la frontera de
Ecuador con Colombia.
Para el manejo de los fondos se conformó un Consejo del Fondo, conformado por
el Ministerio de Finanzas, el ex CONADE, y la Cooperación Belga.
Fondo de Contravalor Ecuatoriano Suizo, FOES. Es la experiencia más
completa, sistemática y a la fecha está vigente. El 19 de agosto de 1994 se
firmó el convenio bilateral para la condonación total de al deuda bilateral y
comercial que tenía Ecuador con Suiza, la cual ascendía a 61.28 millones de
CHF por el 25% del valor en sucres (alrededor de US$ 10 millones), entre
capital más intereses. En 1995 el FOES inició su acción y la concluirá en el
2003.
Funciona con un Comité Bilateral (Embajador de Suiza y Subsecretario de
Crédito Público), un Comité Técnico conformado por representantes del sector
público: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y ex-
CONADE; y por representantes de sector privado: COASER (Consorcio de Agencias
de Servicio integrado por FEPP, ECLOF, MCCH y CECCA), CEDENMA (Consorcio de
ONG´s ambientalistas), COSUDE (Agencia de la Cooperación Suiza para el
Desarrollo) y una Secretaría Técnica.
El FOES ha intervenido en todo el país en las áreas de saneamiento básico
(49%), manejo y conservación de los recursos naturales (38%) y otros como
caminos, infraestructura de salud, etc. (13%). Su apoyo se ha dirigido a
Municipios, instituciones privadas de desarrollo y organizaciones populares,
con los cuales se ha beneficiado a alrededor de 25.000 familias.
Propuesta de solución de la CONAIE
Considerando lo anteriormente expuesto, los pueblos indios del Ecuador,
aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), conscientes de la gravedad del problema y conocedores de las
experiencias mencionadas de solución equitativa al tema de la deuda,
proponemos a los pueblos y gobiernos de los países del Club de París los
siguientes puntos para enfrentar este reto común:
a.. La deuda externa es un problema nacional que debe ser tratado
integralmente a través de una política de Estado, lo que implica recoger los
criterios y la participación de los diferentes actores de la sociedad
ecuatoriana. Pero, a más de ser un problema de los países endeudados, es un
tema que también atañe a los países acreedores, los cuales también se
beneficiarán de soluciones profundas y globales, sea vía aumento del comercio
internacional, restablecimiento de condiciones propicias a las inversiones o
por el mejoramiento del clima social y político en el mundo.
b.. La situación económica y social del Ecuador demuestra la incapacidad
real de su economía y de su sociedad para cumplir con las obligaciones
establecidas por la deuda externa. El peso de la deuda sacrifica las
posibilidades de desarrollo presente y futuro de nuestros pueblos y viola
derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución de la
República del Ecuador, así como acuerdos internacionales vinculados a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
La Constitución Política de la República sostiene que son "deberes
primordiales del Estado. asegurar la vigencia de los derechos humanos,"
(art. 3.2) y que "el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución." (art. 16)
Dentro de los derechos básicos garantizados por la Constitución figuran la
educación y la salud.
Según las resoluciones de la institución de derechos humanos con más
autoridad dentro del sistema de la ONU:
"El ejercicio de los derechos básicos de la población de los países deudores
a alimentos, vivienda, vestido, empleo, educación, servicios de salud y un
medio ambiente saludable no pueden subordinarse a la aplicación de políticas
de ajuste estructural y reformas económicas originadas por la deuda"
(Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Resolución 1999, Art.5)
"Toda estrategia de la deuda externa debe tener como premisa básica el no
poner en peligro en modo alguno el mejoramiento constante de las condiciones
que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, y tener especialmente
como objetivo que los países en desarrollo deudores llegan a un nivel de
crecimiento suficiente para poder satisfacer sus necesidades sociales y
económicas y las exigencias de su desarrollo" (Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, Resolución 1989, Art. 21)
Por estas consideraciones la CONAIE solicita que se acepte la propuesta de
cancelación total de la deuda externa que mantiene el Ecuador, bajo el
compromiso de que la sociedad ecuatoriana invertirá los recursos que se
liberen en programas de desarrollo social, cultural y de conservación del
medio ambiente. Para el caso específico los pueblos indios del Ecuador se
comprometen a emprender en programas destinados a la consolidación cultural,
los que deberían incluir aspectos relacionados con la educación, la
legalización de tierras y territorios y la conservación de la naturaleza.
Estos recursos se invertirán considerando los siguientes aspectos:
1. Los programas que se ejecutarán serán diseñados y ejecutados con la
participación de las comunidades locales, municipios y organizaciones no
gubernamentales.
2. Los recursos que se liberen por concepto de esta operación no serán
descontados de los gastos e inversiones sociales previstos con anterioridad.
De ninguna manera se emplearán para pagar otro tipo de deudas financieras,
así como tampoco serán desperdiciados en compra de armas o ampliación de
burocracias inútiles.
3. Para el seguimiento y control del uso de los recursos de la condonación
se constituirá una instancia con participación del país que condona la deuda
y de las organizaciones civiles. Esta instancia garantizará que los recursos
liberados se inviertan exclusivamente en los programas identificados como
prioritarios por la sociedad civil ecuatoriana, de lo contrario el mecanismo
quedaría insubsistente.
4. Los recursos obtenidos serán administrados por un Fondo Social y
Ecológico, en manos de probos representantes de la sociedad civil, destinado
a financiar inversiones sociales y a la protección del medioambiente,
particularmente de las selvas amazónicas (sobre todo del sur de nuestra
Amazonía, que están todavía intocadas), los páramos, los manglares y las
Islas Galápagos. Este fondo podría financiarse, además, con los Bonos Global
entregados por parte de los ciudadanos de los países acreedores, tenedores de
dichos papeles, a cambio de un descuento en el pago de su impuesto en sus
propios países.
5. La condonación de deuda debe exigir del gobierno nacional la
instrumentación de mecanismos que establezcan claros límites, participación
ciudadana, rendición de cuentas y difusión e información pública sobre el
endeudamiento externo. Esto implica, simultáneamente, la elaboración y
aplicación de un marco jurídico que fije límites razonables y controles
adecuados al endeudamiento externo.
6. El compromiso de las autoridades oficiales del Ecuador se concretará en
propiciar reformas fiscales tendientes a establecer sistemas impositivos
directos y progresivos. Esto implica fortalecer los impuestos a la renta, al
patrimonio y a la herencia, que no deben reducirse a cambio de incrementos de
los impuestos indirectos y regresivos; además, se requieren reformas
estructurales a nivel de la propiedad urbana y rural acordes con las demandas
de un desarrollo equitativo y democrático. En la mira está el cobro de al
menos parte de los beneficios provenientes del endeudamiento externo y que se
han acumulado inequitativamente en pocos grupos de la sociedad ecuatoriana.
Esta tarea también deberá contar con el concurso activo de la sociedad civil
organizada y el respaldo de los pueblos y los gobiernos que intervienen en el
Club de París.
7. Los funcionarios gubernamentales que participen en estas negociaciones o
en otras relacionadas al problema de la deuda externa bilateral, comercial o
multilateral no podrán ser contratados para ninguna actividad -ocasional o
permanente- en los organismos multilaterales de crédito, ni en agencias
oficiales de los países miembros del Club de París. La sociedad ecuatoriana
quiere que sus representantes representen efectivamente los intereses
nacionales y no simplemente hagan méritos para obtener bien dotados contratos
en organizaciones internacionales.
8. Igualmente creemos oportuno diseñar mecanismos tendientes a enfrentar ya
el elevado peso de las deudas multilaterales, cuyo servicio agrava las
condiciones de los países a los que se pretende ayudar. Estas deudas podrían
incorporarse a los fondos ecológicos y sociales, procurando que todos los
acreedores asuman un trato equitativo.
Hacia un nuevo sistema justo y transparente de arbitrajes internacionales
Los pueblos indios del Ecuador estamos obligados a recurrir a todas las
instancias a nivel internacional. En juego no está simplemente un tema de
ingeniería financiera, en juego está el futuro de nuestras familias, de
nuestra madre tierra, la misma existencia del planeta.
En este sentido, creemos que legalizar internacionalmente la posibilidad de
un arbitraje para resolver el tema de la deuda es otra opción que merece ser
adecuadamente analizada, pues no podemos seguir manteniendo espacios en donde
los acreedores son juez y parte.
Además, recordemos que las leyes en países desarrollados garantizan la
integridad de los deudores en problemas. La ley estadounidense, por ejemplo,
protege a los poderes gubernamentales a la vez que a los individuos afectados
como contribuyentes en situaciones de insolvencia o de iliquidez. Tanto los
contribuyentes como los empleados de las municipalidades tienen el derecho a
ser oídos en defensa de sus intereses. Los acreedores reciben lo que
razonablemente se puede esperar bajo las circunstancias y en ningún momento
se exige que una municipalidad deje de proveer de las necesidades sociales
básicas como salud, seguridad y bienestar a sus habitantes con el fin de
pagar a los acreedores. Incrementar los impuestos para pagar deudas hasta el
punto de reducir el nivel de vida de la población de la municipalidad por
debajo de los mínimos garantizados a los deudores privados es claramente
ilegal en los Estados Unidos.
Aquí, entonces, cabe apelar a resoluciones del derecho internacional que
cuestionan aquellos contratos onerosos, aquellas situaciones que impiden el
reclamo de los deudores o que afectan la soberanía de los países endeudados.
En la propia Convención de Viena de 1967 se establece la posibilidad de
revisar contratos cuyas consecuencias son nocivas para los países. También
habría como apelar al artículo 1.2 de la Resolución 2200A (XXI) de las
Naciones Unidas, vigente desde 1976, que reza: "En ningún caso podrá privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia".
En un mundo donde la mundialización sobre determina la lógica económica, es
hora ya de que los marcos regulatorios apegados a la racionalidad del Estado
de Derecho se internacionalicen. Si el Estado de Derecho en los países que
conforman el Club de París protege al deudor, creemos que una ley de
insolvencia internacional sería un gran servicio a la humanidad. Nuestros
pueblos exigen las condiciones mínimas para poder cristalizar un proceso de
desarrollo sustentable y no simples discursos plagados de gestos caritativos.
En manos de ustedes, los pueblos y los gobiernos de los países que conforman
el Club de París recae una importante responsabilidad para que los países
endeudados puedan resolver sus problemas. ?Esperamos su respuesta!
Quito, 10 de septiembre del 2000
https://www.alainet.org/es/articulo/104863?language=es