Ayer el presidente Lagos expresó su satisfacción por la próxima firma del TLC con Estados Unidos y afirmó que "se generarán más empleos, más importaciones y exportaciones". La canciller Alvear, por su parte, señaló que "se realizará una campaña de información por todo el país para explicar a la ciudadanía los beneficios directos que tendrá el TLC para Chile". A pesar de lo anterior lo cierto es que el gobierno negoció este tratado de espaldas a la ciudadanía y hoy, somos nosotros los que enfrentamos un alza del IVA de un 18 % a un 19% para compensar la pérdida de 400 millones de dólares anuales que el estado dejará de recibir en virtud de la baja de aranceles de los TLC. Esto significa que los chilenos de menores ingresos deberán pagar más impuestos para reponer en las arcas fiscales lo que éstas pierden por los TLC, cuyo principal beneficiado es el empresariado exportador: es decir, la minería, agricultura de exportación, pesca, acuicultura y sector forestal, que constituyen en conjunto más del 80% de las exportaciones. El IVA es un impuesto que recae sobre los más pobres: el 10% más pobre de la población chilena realiza casi 92% de sus gastos en bienes gravados con IVA, porcentaje que disminuye en sectores de mayores ingresos. Así la consecuencia de esta medida será empeorar la inequidad social en nuestro país, la cual ya es una de las peores a nivel mundial. ¿Como puede el gobierno justificar frente a la población los beneficios de un TLC que intensifica las exportaciones primarias y, por tanto, las ganancias del sector de mayores ingresos?... La respuesta es simple: a costa de una mayor recaudación de impuestos en los sectores de menos ingresos. Políticamente, además, el gobierno está contraviniendo una vez más el rol del estado de balancear los intereses y beneficios del desarrollo nacional puesto que contradice la opción de "crecimiento con equidad y justicia social", lineamiento programático fundamental de la concertación. En tal sentido, la disminución de ingresos fiscales por reducción de aranceles debe ser compensada con impuestos a los sectores que se benefician de los tratados comerciales, es decir, las empresas mineras, pesqueras, agroexportadoras y forestales. La Cámara de Comercio de Santiago ha señalado que el TLC con EEUU aportará 700 millones de dólares al PIB. Entonces, un royalty a la minería, sector que representa más de 40% de nuestras exportaciones al sacar del país recursos no renovables y vaciar a las regiones mineras de capital natural para su desarrollo futuro, aparece como una opción viable. Aplicar un impuesto de 1% sobre sus ganancias adicionales a los sectores exportadores que intensificarán su exportación y ganancias en virtud de la baja de aranceles, es también una medida adecuada que permite que aquellos que se benefician de estos tratados compensen la pérdida fiscal que ellos provocan. Es incomprensible e inaceptable la opción tomada por el presidente Lagos de hace pagar a todos los chilenos más IVA para seguir beneficiando a una minoría. La máxima autoridad del país debiera revisar las pésimas cifras de distribución del ingreso durante su gobierno y el empeoramiento de la equidad social durante los gobiernos de la Concertación. Es así como la distribución del ingreso según las encuestas CASEN dan cuenta que el 10% de los chilenos más pobres recibía sólo el 1,5% del PIB mientras que el 10% más rico percibía el 41,3% en 1987 y en los últimos años del gobierno militar. Durante los gobiernos de la concertación esta inequidad ha empeorado, la última encuesta CASEN muestra que el 10% más pobre recibe sólo 1,1 del PIB, un deterioro de los sectores medios, y una concentración de 42,3% de la riqueza en el 10% de chilenos más pudientes. Otro fruto de las erróneas y antidemocráticas decisiones del presidente Lagos es la intensificación de la crisis agrícola en virtud de lo que su equipo negoció en el TLC con EEUU. Prácticamente toda la agroindustria e industria de alimentos -jugos, pasta de tomate y otros- se verá afectada por una desgravación lentísima y por la competitividad de los productos norteamericanos. Particular impacto sufrirán los pequeños y medianos agricultores trigueros, lecheros y azucareros que actualmente tienen algunas protecciones en virtud de las bandas de precios, las que desaparecerán con el TLC. Así, el gobierno de Lagos deberá asumir la crisis de 100.000 empresas agrícolas, la pérdida de empleos y un aumento en la migración hacia los centros urbanos, que claramente lo obligará a incurrir en mayores gastos sociales… Todo ello en un marco de menor recaudación fiscal. En este escenario ¿cómo puede el gobierno justificar frente a la mayoría de los chilenos los beneficios de un TLC? * Sara Larraín Ruíz Tagle Directora Programa Chile Sustentable