Ibagué, 21 Agosto de 2003 Más de 20 mil productores del sector agropecuario y otros miles de trabajadores de la ciudad de Bogotá marcharon y agitaron sus banderas contra el ALCA o cualquier acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos, y expresaron su decisión a abstenerse de votar el referendo fiscalista y antidemocrático que pretende imponer el presidente Uribe. Encabezados por Aurelio Suárez, director ejecutivo de Salvación Agropecuaria, y por los líderes de las organizaciones afiliadas (Unidad Cafetera, Unidad Panelera, Agropemca, Agameta, la Asociación Agropecuaria del Huila, los Usuarios de los Distritos de Riego, la Asociación de Cultivadores de Papa de Boyacá, y los ingenieros agrónomos de la ACIA) llegaron de todo el agro colombiano y desde los más apartados lugares: de Nariño y Caquetá, de Bolívar, Magdalena y el Cesar, del Suroeste Antioqueño, del Viejo Caldas y del Tolima Grande, de las ardientes tierras del Patía y de las dulces vertientes del Río Suárez. Hubo productores de trigo, cebada, panela, café, arroz, plátano, leche y carnes, maíz y oleaginosas. Con rabia y decisión, representantes de las diversas especies y de los diferentes géneros del sector agropecuario nos acompañaron el martes 12 de agosto, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, en la gran marcha que empezó en la Plaza de Toros La Santa María y culminó en la Plaza de Bolívar. También se hicieron presentes los dirigentes de las Centrales Obreras y de la Confederación de Pensionados de Colombia, y los senadores de la República Jorge Enrique Robledo, Bernardo Hoyos y Jairo Cuéllar Devia. Dentro de los planteamientos hechos en esa tarde por los dirigentes del agro en defensa de la soberanía alimentaria, quedaron claras varias cosas: primero, que el campo colombiano no aguanta otra apertura económica como la de Gaviria, la cual ahora recibe el nombre de ALCA o de acuerdo bilateral de comercio, que multiplicarían los perjuicios para la producción nacional y quebrantarían nuestra soberanía. Si con la apertura económica perdimos centenares de miles de hectáreas de trigo, cebada, algodón, maíz, sorgo, soya, y quedaron desmanteladas las dos terceras partes de la industria nacional, con el ALCA o cualquier tratado que se le parezca la catástrofe será mayor. Nada distinto se puede esperar, además, si miramos el sigilo del gobierno en las negociaciones y la celeridad y obsecuencia con las que solicita los acuerdos, y las declaraciones de los altos funcionarios norteamericanos en sus visitas, así como la permanente presencia de directivos de multinacionales como parte de nuestras delegaciones en las mesas de negociación donde se decide la suerte de la economía nacional y el futuro de nuestros compatriotas. Segundo, se habla con frecuencia de la convertibilidad (cambio de actividad de los sectores afectados), y que sería costeada por el Estado o por algunos países donantes, según dice la SAC. Pero no podemos aceptar tal cosa: no la hubo en el pasado y no vemos por qué se pueda dar en el futuro. "Si me engañan una vez, el pecado es de quien engaña; si me vuelve a engañar, ya el pecado es mío". Del primer engaño en la apertura económica, nos quedó la pérdida de más de 800 mil hectáreas de cultivos transitorios, y el desempleo y el desplazamiento para más de 400 mil familias del campo. ¿Nos dejaremos engañar de nuevo? Tercero, las personas que están participando por el gobierno en estas negociaciones del ALCA o de un acuerdo bilateral, no pueden tener nuestra confianza: casi todos vienen de la administración Gaviria, y en los nefastos documentos de la apertura aparecen sus firmas: la de Luis Alberto Moreno, ex ministro de Desarrollo de Gaviria, hoy embajador en Washington, y las de los Hommes, Montenegros, Perrys o Junguitos, o la de Martha Lucía Ramírez y otros más que entregaron los intereses nacionales, por lo cual fueron premiados con altas posiciones en el país o en la burocracia mundial. Además, este gobierno ya ha cometido sus trastadas. Funcionarios de Uribe firmaron con la Chevron el contrato del Pozo Catalina y los yacimientos gasíferos de la Guajira, donde la nación perdería cifras cercanas a los 1.000 millones de dólares. Afortunadamente los senadores Robledo y Serrano enfrentaron tal despropósito y el Consejo de Estado les dio la razón, por lo cual al ministro de Minas le tocará recular. ¿Qué cosas no pasarían aún de mayor calibre en las negociaciones del ALCA o de un acuerdo bilateral, cuando las soluciones a las controversias serán falladas en tribunales internacionales, no por jueces colombianos sino por árbitros nombrados en la OMC? Es bueno insistir que en esas negociaciones están en juego los empleos de por lo menos cuatro millones de personas y la subsistencia de 12 millones de colombianos que habitan nuestros campos. Y Estados Unidos manifestó de entrada que no negociará en el ALCA los cuantiosos subsidios que tiene para sus productores y exportadores. El ALCA, o un acuerdo bilateral, lesionaría en materia grave a todos los productores del sector agropecuario, que responden por la dieta básica de nuestro pueblo. E incluso la SAC ha repetido en diferentes oportunidades que se está negociando a espaldas de ellos, y que se defienden intereses diferentes a los del agro colombiano. Cuarto, no estamos de acuerdo con los planteamientos del ministro Carlos Gustavo Cano, hechos el 15 de agosto (Artículo de El Nuevo Día), por la sencilla razón que no es posible negociar mientras existan las ayudas internas por 18 mil millones de dólares anuales (en subsidios) que Estados Unidos da a sus agricultores. Esos subsidios equivalen a 50 billones de pesos colombianos, o sea, dos terceras partes del presupuesto nacional de Colombia. Son economías completamente asimétricas, no solamente en las tesorerías, sino en la parte tecnológica y científica; además de ser dueños de las fábricas de agroquímicos y de maquinaria, tienen la ingeniería genética y la mano del Estado para protegerlos. El presupuesto del Ministerio de Agricultura de Colombia al año, no llega al 1% de lo que regala el Coloso del Norte a sus agricultores en subsidios. No podemos ser tan ingenuos y pensar que vamos a hacer reconversión de nuestro aparato productivo en menos de cinco años como lo propone Cano. Los recursos del país, y el creciente hueco fiscal, no lo permiten. Estados Unidos nos lleva ventaja de 10 años en ingeniería genética y de 30 años en la producción de pesticidas. Entre otras cosas, en Colombia los agroquímicos aumentaron en promedio sus precios un 40% en el último año, y la supuesta mano generosa del gobierno no apareció por ningún lado, de lo cual se concluye que esa reconversión o transferencia de tecnología no la regalan, la venden y bien cara, lo mismo que los productos transgénicos. Para empeorar más las cosas, el gobierno le impone IVA a las materias primas de los agroquímicos, que representan hasta 50% de los costos de los cultivos, lo que nos hace menos competitivos. Así, los insumos para el sector agropecuario serán dos y hasta tres veces más caros que en los otros países del ALCA, con los que tendremos que competir. Por todo lo anterior, y ante la decisión del gobierno de iniciar un acuerdo bilateral, en donde además de los perjuicios para el agro nacional y el sector industrial, existen grupos de negociación sobre la propiedad intelectual, las patentes, las inversiones, las políticas de competencia, los servicios, el acceso a mercados, la solución de controversias, y se podría perder hasta la soberanía jurídica, ya que al aprobarse el tratado por el Congreso de la República, se vuelve ley de leyes, y los litigios con las empresas transnacionales se fallarán en tribunales internacionales, como lo mencionamos anteriormente. Ponemos en máxima alerta al pueblo colombiano, a los empresarios, agricultores, campesinos, indígenas y obreros, y los invitamos a divulgar por todos los medios de comunicación la más amplia resistencia civil al ALCA o a un tratado bilateral de comercio con Estados Unidos. ¡Soberanía económica, sí! ¡ALCA, no! ¡Soberanía económica, sí! ¡TLC, no! Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria ANGEL MARÍA CABALLERO
Presidente