Mumbai, India, 19 de enero de 2004 1. Durante los últimos tres años, las reuniones periódicas del Fondo Parlamentario Mundial (FPM) se han celebrado en Porto-Alegre, Brasil. En enero de 2004, simultáneamente con el Foro Social Mundial (FSM), se ha reunido por primera vez en Asia, concretamente en la ciudad de Mumbai (India), en un momento en el que estamos asistiendo al agravamiento de una crisis internacional. La celebración del IV Foro Parlamentario Mundial en este contexto resulta especialmente importante. 2. En la era de la globalización, la potestad de los parlamentarios y legisladores de pedir cuentas a los gobiernos y de legislar libremente se ha visto deliberadamente mermada. Reafirmamos la legitimidad de nuestra autoridad para exigir a las autoridades nacionales y mundiales que rindan cuentas de su gestión y trabajaremos para poner freno a la pérdida progresiva de nuestro poder legislativo en el marco de la soberanía parlamentaria. 3. Cuatro años después del fiasco de Seattle, el fracaso de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Cancún, ha demostrado que el sistema de comercio actual no solo está experimentando una crisis de legitimidad, sino que se está rompiendo en pedazos. En el marco del sistema de comercio actual, dominado por la OMC, la distancia que separa a los ricos de los pobres está aumentando de forma alarmante, por lo que el mito de que el libre comercio sin restricciones es la llave que permitirá alcanzar la prosperidad mundial ha quedado indudablemente desacreditado. Ha llegado ya el momento de revisar las normas comerciales y fomentar un comercio justo, equitativo y sostenible que beneficie a todas las naciones y a todos los pueblos y sirva para apuntalar, en lugar de obstaculizar, el desarrollo social y sostenible. La aparición de nuevas alianzas internacionales como, por ejemplo, el G20 y el G90 pone de manifiesto el hecho de que la necesidad de cambio es ahora más compartida que nunca. Nos oponemos a la invitación de Suiza a celebrar una miniconferencia ministerial de la OMC de forma paralela al Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2005. Los que hemos participado en el FPM estamos plenamente convencidos de que es posible y necesario optar por un paradigma económico y comercial alternativo, que beneficie a la mayoría de los pueblos de todo el mundo. Hacemos un llamamiento a los parlamentarios y legisladores para que inicien y apoyen un amplio debate en sus respectivos parlamentos sobre el desarrollo sostenible, la reorganización del sistema de comercio mundial, respetando y teniendo en cuenta las opiniones y reivindicaciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general y cediendo a la ONU el control democrático de las instituciones financieras y económicas multilaterales. 4. Las áreas de libre comercio actuales y las que están en proyecto, que engloban economías muy diferentes entre sí, como ocurre en el caso de la ALCA, no han servido para conseguir una justa redistribución de la riqueza, crear más y mejores puestos de trabajo, aumentar los salarios ni alcanzar un desarrollo social y medioambiental sostenible. Por el contrario, combinadas con unas políticas irresponsables elaboradas por los gobiernos, dichas áreas han dado lugar a una concentración de las estructuras de producción en las manos de las multinacionales, la violación de los derechos humanos y de los trabajadores, un incremento del déficit fiscal y la privatización de bienes comunes, por ejemplo, el agua y la energía. Levantar todas las barreras comerciales y acabar progresivamente con las preferencias comerciales entre socios desiguales no conduce automáticamente a un mayor bienestar para el conjunto de los pueblos. Es necesario prestar especial atención a la diversificación de la economía, el refuerzo de las infraestructuras que respeten el medio ambiente, la educación y los sistemas sanitarios y de transporte, sin los cuales ningún país puede beneficiarse de la mayor apertura de los mercados internacionales. Es necesario respetar el derecho de cada país a desarrollar su propio potencial económico y político. Somos partidarios de dar prioridad a la integración regional siempre y cuando ésta venga avalada por consultas populares y el consenso social; se base en un proceso de toma de decisiones y de control democráticos; y, finalmente, garantice el respeto a los derechos humanos y sociales recogidos en los pactos y acuerdos internacionales, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural. En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, estamos decididos a hacer nuestras estas reivindicaciones y convertirlas en propuestas legislativas para lograr una integración regional pacífica que respete los derechos sociales, el desarrollo de las zonas rurales, la protección y diversificación de las economías locales, la soberanía alimentaria y la diversidad cultural. Asimismo, exigiremos la puesta en marcha de un sistema de tributación a escala mundial (tal como el "impuesto Tobin" para gravar las transacciones financieras internacionales, los beneficios empresariales...) que contribuirá al desarrollo de los países del tercer mundo. 5. Las negociaciones sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) que se desarrollan en el seno de la OMC representan una amenaza para los servicios públicos en muchos países. Las peticiones de que se proceda a la apertura de los mercados para la privatización y comercialización de la educación, la sanidad pública, la cultura y el acceso al agua y la energía, en su mayoría procedentes de los países industrializados más importantes, no son más que un reflejo de los grandes intereses económicos de las grandes empresas. La privatización y la falta de regulación conducen a la aparición de monopolios privados que no dan respuesta a las necesidades de los pobres, sino que contribuyen a privarles aún más de productos y servicios básicos. La propia educación primaria, tan importante para la igualdad social y de género, se ve amenazada por las políticas actuales. Pondremos en marcha iniciativas en nuestros respectivos parlamentos y asambleas legislativas para exigir a nuestros gobiernos que reconsideren y reviertan la marcha de las negociaciones sobre el GATS. De este modo, podrían aprobarse disposiciones que protegieran los servicios públicos y garantizaran el derecho de los gobiernos a regular e intervenir en ciertos sectores. Apoyamos las iniciativas emprendidas por distintas autoridades locales y gobiernos autónomos en todo el mundo para situarse deliberadamente fuera del ámbito de aplicación del GATS. 6. El agua y el acceso a la misma están adquiriendo actualmente una importancia creciente en la escena internacional. Por ello, es necesario dejar claro que el acceso al agua es un derecho fundamental, que no puede ponerse en peligro por motivos relacionados con la búsqueda de la rentabilidad económica. El agua no es solo un producto básico; ante todo, es un elemento natural esencial e insustituible para la agricultura, las necesidades de la vida cotidiana y muchas otras actividades. Tal y como se subrayó en la Declaración de Roma de diciembre de 2003, es urgente reconocer formalmente que, según la economía no basada en el mercado, el agua es un bien común que debe excluirse de la categoría "bienes y servicios de mercado". La pobreza y la falta de acceso a los recursos hídricos provocan la muerte de millones de personas en los países en desarrollo. Actualmente, mientras el 70% del agua del mundo se utiliza en actividades productivas, todavía son muchas las personas que no tienen acceso a agua potable que ofrezca las mínimas garantías sanitarias. El derecho a la salud es fundamental pero la globalización económica neoliberal y los planes de ajuste estructural están provocando un aumento de las emergencias sanitarias y dificultando el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria primaria, ya que conducen al desmantelamiento de las estructuras sanitarias públicas. Además, el acceso a los medicamentos se ve todavía más limitado por los obstáculos que representan los elevados precios y los derechos de patente de las empresas farmacéuticas. Como parlamentarios y legisladores, apoyaremos las campañas internacionales puestas en marcha por los distintos movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para salvaguardar el derecho universal de acceso al agua y garantizar el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho humano fundamental. 7. Lucharemos en nuestros respectivos parlamentos y asambleas legislativas para la reforma agraria y conseguir que ésta se ponga en manos de los agricultores en todos aquellos países en que todavía no se haya completado este proceso. 8. La deuda externa, bajo este régimen del FMI y del Banco Mundial, ha sido una herramienta eficaz para impedir el desarrollo socioeconómico local. Mientras que James Baker ha venido insistiendo desde finales de la década de los ochenta en que Argentina debe pagar la deuda que contrajo durante una dictadura, ahora solicita al Club de París que cancele la deuda del Iraq, porque fue contraída durante una dictadura. Este doble rasero es inaceptable y muestra que el sistema regulador de la deuda externa es fundamental para ejercer el dominio económico y político. La cuestión de la "deuda odiosa" (una herencia del apartheid y los regímenes dictatoriales) no es sino la punta del iceberg que representa el problema en su conjunto. En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, nos comprometemos a actuar a favor de la cancelación de la deuda externa de los países en desarrollo, al tiempo que nos esforzaremos por crear procesos de arbitraje justos y transparentes que permitan a los ciudadanos afectados participar en la asignación de fondos al margen del circuito de la deuda. 9. La Guerra desencadenada por el gobierno de Bush en el Iraq representó uno de los acontecimientos más negros en la situación política internacional el pasado año. Muestra claramente las consecuencias de la doctrina de Bush conocida como "guerra preventiva" y del unilateralismo de Estados Unidos. Ha contribuido a empeorar la dinámica de la guerra que amenaza al mundo en la actualidad, creando nuevos obstáculos que impiden alcanzar los acuerdos políticos necesarios en muchas regiones, como en el caso de Palestina e Israel, de Mindanao en Filipinas o de la península coreana. La carrera armamentística y la proliferación de armas nucleares ha recibido un nuevo impulso. Es evidente que no apoyamos en su momento el régimen de Saddam Hussein; apoyamos la democracia, en todos los países. Nos oponemos enérgicamente a la intervención Unilateral, militar y política de los Estados Unidos en Iraq y otros países. Manifestamos nuestra repulsa ante los intentos estadounidenses de socavar la legitimidad de los procesos políticos internacionales, especialmente el papel de las Naciones Unidas. En nombre de la lucha contra el terrorismo, se está negando derechos humanos fundamentales, y algunos colectivos como los inmigrantes y las personas que solicitan asilo se encuentran en una situación más vulnerable que nunca antes. El gobierno estadounidense se está eximiendo a sí mismo de la obligación de cumplir con el derecho y los convenios internacionales, como demuestra claramente la escandalosa evolución de la situación de Guantánamo. Muchos de los violentos conflictos existentes en África se deben, en gran medida, al papel que desempeñan unas cuantas multinacionales occidentales deseosas de apoderarse de los recursos de este continente. El sector empresarial ha realizado algunos intentos para crear códigos de conducta con los que hacer frente a los problemas sociales, medioambientales y relacionados con los derechos humanos. Estas cuestiones, (el "Pacto Mundial" de la ONU, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible) se han utilizado para llevar a cabo un lavado verde de la responsabilidad social de las empresas multinacionales. Por ello, resulta urgente llevar a cabo una supervisión independiente de la "responsabilidad social de las transnacionales" y que las legislaciones nacionales no sean debilitadas. La legislación antidroga y antiterrorista suele aplicarse en muchas ocasiones en contra de los movimientos sociales, como se puso dramáticamente de manifiesto en el caso de Bolivia y Colombia. En Colombia, los intereses económicos de las multinacionales han provocado un desplazamiento de hasta tres millones de campesinos, se ha asesinado a sindicalistas, se han exterminado comunidades indias y actualmente existe una evidente impunidad para las violaciones de los derechos humanos, mientras que la intervención de los Estados Unidos y la extensión de la guerra representan una amenaza para la sociedad civil y para los países vecinos como Ecuador, Venezuela y Brasil. Una importante obligación de los parlamentarios y legisladores hoy día es luchar contra la doctrina de la "guerra preventiva" preconizada por Bush, fomentar la solidaridad con aquellos pueblos que viven en zonas de conflicto, defender los derechos humanos, defender el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro a través de medios pacíficos y democráticos y terminar con la carrera armamentística, incluyendo la prohibición universal de las armas nucleares. Como parlamentarios y legisladores, tenemos la obligación de trabajar como agentes de paz y de buscar el final de la violencia. Nos comprometemos a esforzarnos por crear un nuevo orden mundial basado en el respeto de los Principios de la Carta de las Naciones Unidas y los convenios internacionales. Apoyamos la reforma de la ONU, empezando por la reestructuración y ampliación del Consejo de Seguridad para aumentar la representación en el mismo de los países en desarrollo y reforzar la legitimidad y efectividad del funcionamiento de esta organización. 10. En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, nos comprometemos a trabajar activamente en una campaña para conseguir la ratificación internacional del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) y a instar a nuestros respectivos parlamentos nacionales a no firmar los Acuerdos Bilaterales de Inmunidad con los Estados Unidos, aún a riesgo de perder las ayudas de este país. 11. El efecto combinado de la aplicación en todo el mundo de políticas económicas neoliberales y la dinámica de la guerra es muy importante. Esta situación provoca una erosión constante de los gobiernos democráticos y de los derechos sociales, así como procesos de rearme en varios países. Además, el efecto combinado de las dos variables anteriores favorece el auge de los fundamentalismos religiosos y de las ideologías sectarias, y del peligro de terrorismo, cuyo objetivo es acabar con la unidad de los pueblos. Igualmente, contribuye a multiplicar los obstáculos para que la igualdad de género y los derechos de las minorías puedan ser una realidad. Nos oponemos a todas las dictaduras. Los parlamentarios y legisladores, reconocemos la importancia específica del auge actual de los movimientos contra la globalización empresarial y militar, de la lucha de los trabajadores para defender los derechos sociales y los servicios públicos, de las movilizaciones contra la guerra que se han producido en todo el mundo y, dentro de estas últimas, de los foros sociales. Están surgiendo nuevas relaciones de solidaridad, se están construyendo nuevas redes de convergencia internacional para llevar a cabo determinadas acciones comunes; en definitiva, se están colectivizando una serie de alternativas al orden económico y militar dominantes en la actualidad. 12. En el caso del Sur de Asia, donde se reúne el IV FPM, los parlamentarios y legisladores reconocemos la enorme importancia de reforzar la unidad de los pueblos contra el proyecto actual de globalización empresarial encabezado por el triunvirato FMI-BM-OMC. Para seguir adelante con su proyecto, estas organizaciones llevan a cabo intentos detestables de estimular las diferencias étnicas, raciales, religiosas y otros factores heredados del pasado feudal, como las castas. Por ello: - Reconocemos los esfuerzos realizados por los habitantes del Sur de Asia para poner fin a los conflictos regionales y trabajar por la paz mediante un proceso de diálogo constructivo que permita resolver las disputas y reforzar la cooperación regional. - Reconocemos la creciente fortaleza de los movimientos de las mujeres en su oposición a la discriminación por razones de género y su lucha por la igualdad de género; estos movimientos no solo se enfrentan a los obstáculos que representan las políticas económicas neoliberales, sino también a otros derivados del "fundamentalismo" y del "revivalismo". - Queremos hacer extensivo nuestro apoyo a los movimientos de defensa de grupos sociales hasta ahora oprimidos para que puedan alcanzar la justicia social. - Queremos hacer extensivo nuestro apoyo a aquellas minorías étnicas y religiosas que reclaman un orden social justo e igualitario en el que puedan participar como socios, no como adversarios. - Por este mismo motivo, reconocemos la necesidad de oponernos no solo a los gobiernos, sino también a las fuerzas del fundamentalismo, el oscurantismo y el sectarismo, que intentan quebrantar la unidad de los pueblos. Condenamos cualquier forma de terrorismo, tanto el individual como el de estado. El respeto a las identidades culturales (incluyendo el derecho de cada individuo a hablar su propia lengua) es fundamental para un desarrollo humano sostenible. En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores de todos los países, nos comprometemos a proteger el mundo contra una cultura única y homogénea y a impedir la xenofobia. El FPM se movilizará contra todo tipo de discriminación - ya sea por causas raciales, de género, religiosas, económicas, políticas, sociales, territoriales o relacionadas con el sistema de castas. Todos los ciudadanos del mundo deben ser tratados con dignidad. 13. El Foro Parlamentario Mundial y la Red Parlamentaria Internacional (RPI), constituida tras el primer FPM celebrado en Porto Alegre en 2001 ya ha lanzado distintas campañas sobre cuestiones como el régimen tributario de las transacciones financieras; el GATS y la defensa de los servicios públicos; el desarrollo sostenible, durante la Conferencia de Johannesburgo (Río + 10); y, finalmente, la OMC, durante la Conferencia de Cancún. Estas campañas siguen en marcha. Durante 2004, los principales ejes de movilización serán estos: 14. El 20 de marzo será un día de movilización internacional contra la guerra y la doctrina de Bush. Es una oportunidad excepcional para luchar por la paz en el mundo, hacer extensiva nuestra solidaridad a los pueblos en lucha (como el palestino), abordar el problema político que representan las zonas en conflicto (como el Iraq, Palestina-Israel, el Pakistán, la India, Mindanao y la península coreana) e integrar de forma más adecuada en el seno del movimiento pacifista mundial la reivindicación de la prohibición universal y general del uso de armas nucleares. 15. La cuestión del desarrollo social y medioambiental se planteará específicamente en junio de 2004, con motivo de la reunión de la CNUCD en Sao Paulo, en la que se llevará a cabo un intento de restaurar el liderazgo de la OMC. Realizaremos un seguimiento detenido de toda futura negociación sobre la OMC para expresar la necesidad de lograr un comercio justo para todos. 16. Manifestamos nuestro más firme apoyo al proceso de transformación social en Venezuela y rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera. 17. La primera reunión del Polo latinoamericano de la Red Parlamentaria Internacional en Caracas, en noviembre de 2003, hizo pública una declaración clara en contra de las negociaciones actuales sobre el Área de Libre Comercio de las Américas(ALCA), que se están llevando a cabo sin contar con la participación de los parlamentos de los países afectados, violando sus constituciones e impidiendo a los ciudadanos intervenir y ejercer la soberanía popular. Apoyamos plenamente esta declaración y exigimos el fin de estas negociaciones. Compartimos la propuesta del Polo latinoamericano de la Red, de presentar las violaciones de derechos humanos de los emigrantes ante los organismos internacionales y de empezar a trabajar para garantizar la libre circulación de personas en todo el continente. Apoyamos las iniciativas legislativas para el reconocimiento de todos los derechos humanos, sociales, cívicos y laborales de los trabajadores inmigrantes, especialmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Desde hace décadas, Colombia ostenta un récord mundial dramático: es el país donde se produce el mayor número de violaciones de los derechos humanos. Desde el comienzo del mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, la situación ha empeorado aún más. Instamos al gobierno a que ponga en práctica de inmediato la recomendación de las Naciones Unidas, especialmente en lo referente al desmantelamiento de los grupos paramilitares; restituya los derechos democráticos constitucionales revocando los decretos presidenciales; y proteja incondicionalmente a los activistas sociales, los defensores de los derechos humanos y a los parlamentarios de la oposición política, que actualmente están constantemente amenazados de muerte. También instamos al Gobierno colombiano a que negocie un acuerdo humanitario para proteger de forma eficaz a la población civil de la violencia de la guerra, así como a reiniciar las negociaciones de paz. Este acuerdo sería el primer paso para conseguir la liberación de Ingrid Betancourt, candidata presidencial secuestrada hace casi dos años, y de todas las otras víctimas de secuestros existentes en el país. 18. El Foro Parlamentario Europeo se reunió por primera vez en noviembre de 2003, durante la celebración del Segundo Foro Social Europeo. El Polo europeo de la RPI apoyará las jornadas de movilización sindical de los días 2 y 3 de abril, y la jornada de movilización por una Europa social, que se celebrará el 9 de mayo, convocada por una coordinación de movimientos sociales coordinados. 19. El FPM valora positivamente la propuesta de creación de un Foro Parlamentario del Sur de Asia que se ocupará de liderar en esta región el proceso parlamentario de defensa de los ideales expuestos en la declaración final aprobada en el FPM de 2004. 20. El FPM y la RPI se movilizarán en defensa de los parlamentarios que se enfrentan a la represión y amenazas de muerte por su compromiso con unos ideales progresistas. 21. El FPM y la RPI defenderán también los movimientos sociales progresistas y las organizaciones de la sociedad civil y a los miembros de éstas, que son víctimas de la represión. Haremos campaña para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. 22. El FPM, la RPI y los miembros de ésta seguirán apoyando el proceso del FSM y las campañas de los distintos movimientos sociales y de los ciudadanos. Reforzarán sus vínculos con dichos movimientos y mantendrán un proceso de diálogo sobre la elaboración de alternativas al orden mundial actual. Trabajaremos en colaboración estrecha con los organizadores del próximo FSM para que su interacción con los movimientos sociales sea más activa. 23. La Quinta reunión ordinaria del FPM se celebrará en el marco del próximo FSM (enero de 2005, en Porto Alegre).