El gobierno nacional renovó la totalidad de las licencias de televisión y radio a los actuales licenciatarios por un período de 10 años. A través del decreto Nº 527/05, el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, decidió suspender “por el plazo de 10 años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificatorias”. En un acto realizado en el salón Blanco de la Casa Rosada, Kirchner dijo que el objetivo de la medida es otorgarle "previsibilidad" a la actividad del sector y "favorecer las inversiones". Además, Kirchner dijo sentirse reconfortado porque "no va a haber ningún tipo de sorpresas. Aspiramos que inviertan sabiendo que hay un país previsible". Finalizó su discurso diciendo que tenía un sueño: "Que hayamos logrado que los medios estén en manos argentinas". Antes de Kirchner, el jefe de Gabinete Alberto Fernández explicó los motivos que llevaron al Gobierno a firmar este decreto. El jefe de Gabinete reconoció que la prórroga de las licencias era "un viejo reclamo de los medios". Y reconoció que debido a la debacle del país en diciembre de 2001, los medios de difusión tuvieron serios tropiezos, "algunos entraron en cesación de pagos, concursos preventivos, y moratorias". De esta manera, el Poder Ejecutivo prorroga por diez años las licencias otorgadas por la dictadura (por 15 años) y prorrogadas por Menem (por otros 10 años) que están vencidas o a punto de vencer. Bochornoso. Hace pocos días el Presidente Néstor Kirchner dijo que estaba “harto de las presiones corporativas”. Ahora, con la firma del Decreto que prorroga las licencias de Radio y TV por 10 años, queda claro que el presidente se somete y cede ante las grandes corporaciones. Lo reconoce el propio Jefe de Gabinete al decir que era “un viejo reclamo de los medios”. El Decreto 527 es una capitulación. Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información en nuestro país tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay cambio posible en el país mientras unos pocos controlan la información. No hay democracia posible mientras las mayorías están silenciadas. Con este Decreto el Gobierno consolida la concentración en la propiedad de los medios que sufrimos en Argentina. Mientras anuncian la prorroga de las licencias para los “empresarios” cómplices del saqueo que sufrimos los argentinos, cientos de organizaciones sociales y miles de pequeños y medianos emprendedores quedan excluidos de la posibilidad de acceder a una licencia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad. Deberían ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. Sin embargo este Gobierno prorroga las licencias entregadas por la dictadura y el menemismo, dejando afuera a miles de otros aspirantes a utilizarlas. Aduce la “crisis” económica y se olvida de miles de pequeños y medianos radiodifusores que desde hace años no consiguen regularizar su situación o que directamente quedaron sin posibilidades de acceder a una licencia por la vigencia de la Ley de la Dictadura ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Este Decreto mantiene y consolida la vigencia de la norma de facto N° 22.285 que además de estar inspirada en los criterios de la doctrina de la seguridad nacional propios de quienes usurparon el Poder en 1976, es absolutamente centralizada, autoritaria y discriminatoria. Será mucho más difícil ahora debatir una nueva Ley. El esquema de concentración de los medios en nuestro país diseñado desde la 22.285, llevado a su máxima expresión durante la década de los '90, con decretos de necesidad y urgencia, y ahora consolidado por 10 años más por el Decreto 527/05, caracteriza el actual estado de situación ostensiblemente violatorio del principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que textualmente indica: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.” Las presiones de los grandes grupos concentrados consiguieron que el Estado no administrara el espectro radioeléctrico de acuerdo a su función de promoción de las comunicaciones. Consiguieron que no se entregaran licencias de radio y televisión (abierta y por cable) sino por amañados procesos que tendieron a fortalecer los servicios pagos y la concentración y así proseguir con las políticas destinadas a fortalecer el fin de lucro y no la función social de la comunicación. Con tal concepción, sostuvieron excluir de la radiodifusión al sector social no lucrativo, al sector cooperativo y a todos los que no fueran empresas comerciales. ¿Cuál fue la consecuencia? Que en la década de los 80 y los 90 se establecieran miles de radios sin licencia en todo el país. Unas 3.000 quedaron bajo el dudoso rótulo de precarias y provisorias y otras 5.000 directamente pasaron a la categoría de clandestinas. Que en materia de televisión abierta se mantuviera la misma cantidad de estaciones en todo el país manteniendo una inaceptable reserva de mercado para unos pocos y sin prestación de este servicio en muchas regiones del país y la mayoría de las ciudades de nuestras provincias con oferta única de servicio. Que en los servicios de televisión por cable se llegara a una concentración vertical y horizontal en la emisión y generación de contenidos. Así se presionó para que el Estado no administrara y cerrara el grifo del otorgamiento de licencias, provocando el caos que hoy vive la radiodifusión. Pueden invertir con tranquilidad y seguridad les aseguró el presidente… Seguridad para Telefónica, Hadad, Moneta, Manzano…. “Hay un país previsible” dijo Kirchner… Previsible para los de siempre, los que saquearon este país. La verdadera seguridad jurídica se lograría con una Ley que establezca reglas claras para la actividad. Seguridad jurídica para todos los ciudadanos. La única solución es una nueva Ley que respete nuestra Constitución Nacional asegurando el Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos los sectores y el pluralismo a partir de la premisa de que la radiodifusión es una forma de ejercicio de esos derechos y no una simple actividad comercial. Este Decreto 527 es inconstitucional. Viola el principio de igualdad ante la Ley y viola el derecho a la información y la libertad de expresión, consagrados en el art 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución Nacional. Por eso recurriremos a la Justicia para anular esta aberración y lo denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos esperanzas de que las cosas fueran diferentes. Alentamos expectativas favorables cuando el Presidente se enfrentó a las presiones de la SIP… Sin embargo este Decreto muestra al Poder del Estado sometido a la presión y subordinado a los intereses de las grandes corporaciones y sus voceros.