Faltando pocas semanas para las elecciones en el Congreso de Estados Unidos, los congresistas no logran ponerse de acuerdo en relación a los 12 millones de inmigrantes indocumentados. Se debaten diversas propuestas, desde la legalización y el programa de trabajadores temporales, hasta la deportación masiva y la construcción de un muro de 700 millas con un costo de US $2.2 mil millones.

Es extraordinario que ninguno de los congresistas haya señalado por qué aproximadamente 1.1 millones de personas cruzan la frontera cada año buscando trabajo. Esta omisión permite a los políticos desviar la atención pública de las políticas de Estados Unidos que provocan la migración masiva.

En las décadas de 1960 y 70, cuando la Revolución Verde de la Fundación Rockefeller aumentó la producción de granos en México y Centroamérica, el mundo aplaudió, convencido que ello representaba el fin del hambre. Pero el suelo frágil de la región tropical y de las laderas—donde la mayoría de los campesinos cultivan los granos—perdió toda la materia orgánica bajo el intensivo régimen de fertilización química de la Revolución Verde. Los brotes de plagas se volvieron crónicos. Los campesinos se vieron obligados a tomar préstamos para comprar más y más productos químicos. En la década de 1980, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impusieron sus programas de ajuste estructural (PAEs), el crédito gubernamental, los programas de mercadeo y la extensión agrícola desaparecieron súbitamente. Luego a través de los Tratados de Libre Comercio en México y Centroamérica, los mercados locales de granos fueron inundados con maíz barato, subsidiado de Estados Unidos, el cual fue vendido a un costo inferior al de su producción. Los campesinos de la región lucharon, exprimiendo cada gota del trabajo familiar para poder competir en el llamado “libre” mercado. Las deudas se acumularon. Cuando afectan las sequías o los huracanes—como frecuentemente sucede en los trópicos—los híbridos de la Revolución Verde se marchitan y mueren. En México de 1994 a 2004, 1.3 millones de campesinos fueron a la quiebra . Abandonados por su gobierno, atropellados por la Revolución Verde, quebrados, hambrientos y exhaustos, pasaron entonces a las filas de los desposeídos.

Desesperados por alimentar a sus familias, soñando en una vida mejor, las familias campesinas envían las personas más fuertes a los Estados Unidos a buscar trabajo. Ellos y ellas encuentran trabajos matadores en las cosechas agrícolas contaminadas, en los peligrosos rastros industriales, y en las agotadoras plantas procesadoras de alimentos. De acuerdo con la Oficina Farm Bureau de Estados Unidos, el trabajo de los inmigrantes aporta US $9 mil millones al producto nacional agrícola de US $200 mil millones. Debido a que son indocumentados, son obligados a vender su fuerza de trabajo barata y no reciben ningún beneficio, prestación, ni seguro de salud. Esto representa un enorme ahorro para el complejo agro-industrial, que además recibe los subsidios estatales para la agricultura. El complejo agro-industrial depende del trabajo de los migrantes, y requiere que sean ilegales para lograr grandiosas ganancias.

Las familias de trabajadores migrantes constituyen una gran cantidad de los 12 millones de la población sin seguridad alimentaria en Estados Unidos—los que frecuentemente no saben dónde conseguirán su próxima comida. Ellos no tienen dinero para comprar la fruta fresca, los vegetales, ni la carne que producen. Para obtener las calorías necesarias para sobrevivir—como la mayoría de los pobres en Estados Unidos—sustituyen las proteínas, los vegetales y la fibra, por azúcares, grasas y almidones, comiendo comida barata procesada, vendida por el complejo agro-industrial. Estas dietas son la principal causa de la obesidad, los problemas cardíacos, y la diabetes tipo II; epidemias que afectan a los pobres del país. Los migrantes no sólo están obligados a entregar su tierra y su fuerza de trabajo al complejo agro-industrial, sino también tienen que sacrificar su salud.

Pero la historia no termina aquí. Los migrantes envían a sus familias aproximadamente US $27 mil millones en remesas. Las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos en México y la principal contribución para el Producto Interno Bruto en Centroamérica. Sin esos envíos, las economías de esos países—así como el mercado para la comida procesada de los Estados Unidos—quebrarían. La trágica ironía es que el dinero que reciben las familias de los migrantes es gastado en comida procesada que les debilita y enferma. Es la misma comida chatarra distribuida por el complejo agri-industrial de Estados Unidos. Los impactos en la salud y su costo para las familias migrantes son devastadores. El ciclo vicioso de desalojo, apropiación y sustitución se cierra de esta manera. Con la ayuda de la Revolución Verde, las políticas económicas de los Estados Unidos, los subsidios hechos con los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, el complejo agro-industrial coloniza cada paso del sueño de los migrantes.

- Eric Holt-Gimenez, (eholtgim@foodfirst.org) Ph.D. Environmental Studies, es el Director Ejecutivo de Food First/Institute for Food and Development Policy en Oakland California. Es autor del libro Campesino a Campesino: Voces desde el Movimiento Campesino a Campesino para la Agricultura Sustentable en Latinoamérica y analista con el IRC Programa de las Américas.

Fuente: Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) http://www.ircamericas.org