Colombia atraviesa actualmente un proceso electoral donde se conjugan varias apuestas: por un lado, darle continuidad a un proyecto social, económico y político conservador representado en la figura del actual presidente Álvaro Uribe; innovar en modelos más sociales de pensamiento de centro – izquierda, encarnado en Carlos Gaviria; asumir posturas pedagógicas con alto corte de conciencia ciudadana, Antanas Mockus; o finalmente “experimentar” cambios de corto aliento propuestos por candidatos como Álvaro Leyva o Enrique Parejo.  La pregunta de fondo es: ¿Cómo juega la libertad de prensa, la lucha por la visibilidad y la relación medios de comunicación – gobernabilidad en todo lo anterior?, ¿Qué luchas por el poder simbólico hay detrás de los últimos hechos vividos en el país?

“Cuando los cambios sociales no van por el camino que uno desea no significa que no hayan transformaciones el problema surge cuando asumimos que sólo el cambio que yo espero es el válido para la sociedad en la que habito”.  David Pulinsky.

La renuncia o destitución de tres altos funcionarios vinculados directamente con el gobierno (el superintendente de Seguridad y Vigilancia, el director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y el presidente de FINAGRO), las acusaciones del ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Rafael García sobre un fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales, la infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el organismo de inteligencia del Estado, la elaboración de una lista negra de sindicalistas, intelectuales y maestros cuyos integrantes fueron asesinados o exiliados y las aireadas declaraciones del presidente contra las revistas Semana y Cambio por la forma como manejaron periodísticamente estos temas, pone de manifiesto que los medios de comunicación son el escenario privilegiado para debatir, argumentar y defender las diversas posiciones por encima de las instituciones sociales que han sido creadas para estos asuntos, y que cada actor social formula una política de visibilidad para responder significativamente a los requerimientos de la opinión pública.  No deja de ser igualmente paradójico que el mismo presidente Uribe le haya pedido a Jorge Noguera, ex director del DAS, que regresara al país para rendir cuenta a los “medios de comunicación” y no ha organismos como la Fiscalía, la Procuraduría o al mismo ejecutivo.  

Recordemos que una de las características de los regímenes de visibilidad pública, en contextos de conflicto armado, es que no solamente se gestionan recursos tecnológicos, armamentos o ejércitos sino que también se gestionan significados y maquinas de producción de sentido representado por los medios y procesos de comunicación[1].   Igualmente vale la pena tener en cuenta que una de las transformaciones en los modos contemporáneos de gestionar la opinión pública es a través de gabinetes de comunicación, asesores y expertos que llevan al posicionamiento de toda una experta política de administración de agenda informativa que, para el caso anterior, la vemos instrumentalizada totalmente.  

En suma, podemos definir claramente que los temas que se vuelven importantes y significativos para una sociedad se construyen cada vez más desde los discursos que establecen los medios de comunicación y los propios ciudadanos, desplazando esa función que antes tenía lo político, y que nos lleva a pensar en una dimensión mucho más amplia y compleja de lo comunicativo en sí.

Sobre la libertad de prensa y otros demonios

La libertad de prensa es un valuarte indiscutible para cualquier sociedad democrática y cuando se está en un proceso electoral, como el que vive Colombia, cobra mayor relevancia y significación pues gracias a este valor es que se permite acceder a múltiples miradas sobre la realidad, con valoraciones y apuestas distintas.  Ahí está la clave, la libertad de prensa es la que hace posible que se establezcan pesos y contrapesos comunicativos a las formas hegemónicas de ver el mundo.  La responsabilidad, la diversidad, la heterogeneidad, la diferencia, lo “otro”, son las piedras angulares de este derecho.

Por eso no deja de ser preocupante que en pleno debate electoral se intente descalificar la acción de los medios de comunicación, en esta función de crear pesos y contrapesos, al poner en la esfera pública relatos que no están de acuerdo con las posturas oficiales.  El calificar Álvaro Uribe como “frívola y graciosa” a la revista Semana por reproducir apartes de la indagatoria del ex jefe de informática del DAS [2], Rafael García, con previa comprobación por parte de la revista a lo dicho por esta fuente, y el no responder ni justificar explícitamente el mandatario sobre la razón de estas aseveraciones cuando fue confrontado [3], anteponiendo razones de Estado, nos muestra una salida no muy afortunada ni certera para el más alto mandatario de los colombianos.

Hay tres frases pronunciadas por el presidente que llaman mucho la atención pues giran sobre un mismo tema: anteponer la figura de las instituciones por encima de su responsabilidad como gobernante, descalificando cualquier postura crítica o fiscalizadora, y que nos devela su actual política comunicativa en tiempos electorales.  “Esto no puede quedar en el aire.  Aquí no estamos en un juego de muñecas.  Estamos en una cosa muy seria, que la debería entender el doctor Alejandro Santos, en lugar de continuar con publicaciones graciosas y frívolas, haciendo daño a la legitimidad institucional...”; “Publicando una de una persona que está en la cárcel e inconsistente con lo que esa persona le dijo a la Fiscalía, sin verificaciones, contra los números electorales, lo que publica Semana crea un gran cuestionamiento nacional e internacional contra las  instituciones democráticas...”; “Un Gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares no puede permitir que el atrevimiento periodístico suyo, irresponsable y faltando a la verdad, ponga en duda la legitimidad del Gobierno..." [4].  

Finalmente, se puede aseverar que uno de los elementos que más estará presente dentro del actual debate electoral será la revisión crítica de cómo han sido estos cuatro años de gobierno y sería muy lamentable para el país que el presidente candidato no asuma una posición más abierta al debate público, al concentrar él el poder simbólico que le da su investidura.  La prensa deberá entonces asumir la responsabilidad histórica de mostrarnos los aciertos y falencias de todos los candidatos y ser ese “perro guardián” de la democracia que tanto nos enseña la teoría liberal del periodismo.  

Gobernabilidad y medios de comunicación, redescubriendo las tentaciones

Las relaciones entre la gobernabilidad y los medios de comunicación se tornan muy álgidas cuando se presenta una contienda electoral, ya que recae en los medios las funciones de veeduría, de fiscalización y de apertura de las esferas públicas locales y nacionales.  El riesgos de ser malinterpretados (como se ve en el caso anterior), de presentar sesgos o rasgos partidistas implícitos, de “desvirtuar” la política o de ser sujetos de presión de los grupos dominantes, son el filo de la navaja que atraviesan constantemente en estas coyunturas los comunicadores.  El caso argentino con Kirchner y su pugna con el periódico Página 12, el presidente Chávez en Venezuela con los canales de televisión, las radios comunitarias en el caso ecuatoriano o la intensa tensión de gobernabilidad entre la prensa sensacionalista peruana con el mandatario Alejandro Toledo; son ejemplos loables de lo anterior.

Colombia no es ajena a esto.  Los medios son actores políticos que cobran mayor relevancia en los procesos electorales y que facilitan o minan la gobernabilidad de turno.  En esta tensa relación aparecen varias “tentaciones” para los medios, como denomina Germán Rey[5], que ponen de manifiesto el poder fáctico que detentan y que incide directamente en la configuración de las diversas esferas públicas.

El desbordamiento de los medios hacía las militancias, la ocupación de lugares que no le son propios (administración de justicia por parte de ellos), ordenar jurídicamente el accionar de los medios (regulación – autorregulación), oficialización de la información (uso exclusivo de fuentes oficiales), movilizar corrientes de opinión no institucionalizada para abanderar cruzadas y el control de la independencia informativa gracias a la propiedad; parecen ser las tentaciones que más se manifiestan en la presente dinámica social.

Ser cajas de resonancia de los “ecos nacionales” es un ejemplo de esta “tentación patriótica” que por momentos envuelve a los comunicadores y que pone de manifiesto toda  una estrategia de crear maniqueísmos dentro de las representaciones políticas.  “Los medios que no defienden las causas de la patria están contra ella”, parece ser su grito de batalla que se quiere imponer para estos casos y que representan amplios márgenes de maniobra para el gobierno nacional.  Acá la capacidad de discernir del ciudadano juega un papel fundamental para la construcción de lo público.

La tentación de administrar justicia puede ser otro peligro reciente, pero no por ello se debe caer en la autocensura.  El caso de las revistas Semana y Cambio son solamente la punta del iceberg de este debate.  No se puede renunciar a la búsqueda de la verdad y a la responsabilidad social por el miedo de “pisar callos” o contrariar los aires autoritarios de turno.  

La independencia informativa se pondrá entonces a prueba una vez más y esperemos que los medios de comunicación colombianos logren asumir una responsabilidad innegable: la de ayudar a conformar un proyecto de nación que se desdibuja cada vez más por no asumirse críticamente en el devenir de su tiempo.

Camilo Andrés Tamayo es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP.