2 y 3 de Mayo de 2007
Parlamento Europeo

Bruselas

Los días 2 y 3 de mayo se reunieron en el Parlamento Europeo en Bruselas, en una conferencia organizada por tres redes de ONGs europeas CIFCA, Grupo Sur y CIDSE, y con el apoyo de la delegación para Centroamerica del Parlamento Europeo y de las principales fuerzas políticas ( PSE/ PPE-DE/Verts-ALE/GUE-NGL,ALDE) más de 100 representantes de organizaciones sociales y no-gubernamentales guatemaltecas y europeas, representantes del gobierno de Guatemala, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Parlamento de Guatemala, representantes de la Comisión Europea, de los gobiernos de algunos Estados Miembros de la UE, y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Se debatió durante dos días, apoyándose en estudios encargados para la ocasión y en los aportes de numerosos expertos, los avances y déficit en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los aportes de la cooperación internacional, principalmente europea hacia ello, así como los vacíos y retos que se presentan. Se puso especial énfasis en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

En este documento se presentan las principales consideraciones y conclusiones de la Conferencia.

I. Los Acuerdos de Paz

Los Acuerdos de Paz sientan las bases para un país distinto, que permite a la sociedad guatemalteca encaminarse hacia una sociedad más democrática, más justa e incluyente, respetuosa de los derechos humanos en su integralidad y con la voluntad política de una mejor distribución de las riquezas para construir un desarrollo en beneficio de la población en su conjunto.

Diez años después de su firma, los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido mínimos. A pesar de existir una institucionalidad dedicada a su cumplimiento, ni la situación de los pueblos indígenas, ni la situación de derechos humanos y de justicia, ni la situación socioeconómica de la gran mayoría de la población guatemalteca, han mejorado substancialmente.

Se considera la falta de voluntad política de parte de los sucesivos gobiernos y de las élites que dirigen el país como la principal responsable de esta situación.

Sin embargo, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz constituye un compromiso del Estado de Guatemala. Es por eso que se demanda enérgicamente que sean reasumidos de manera integral como agenda política prioritaria a ser impulsada por el Estado.

Para ello, y como parte del cumplimiento de uno de sus componentes, es indispensable una reforma fiscal que retome el acuerdo político del pacto fiscal y que dote al Estado de los recursos necesarios para poder cumplir sus obligaciones emanadas de los Acuerdos.

Se demanda al gobierno actual, así como a todos los candidatos a la Presidencia que se comprometan y asuman en sus agendas como prioridad número uno y punto de referencia el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

II. La Cooperación Internacional

La cooperación europea a través de la Comisión Europea y a través de los Estados Miembros de la UE ha constituido uno de los apoyos externos más firmes para el cumplimiento de los Acuerdos.

Sin embargo, el éxito de este apoyo dependió y dependerá principalmente de los avances que los actores guatemaltecos desarrollen en el cumplimiento de los Acuerdos. Por ahora, la falta de voluntad política de quienes han dirigido los destinos de Guatemala de implementar los Acuerdos de Paz ha mermado el alcance del apoyo de la cooperación.

En la Conferencia, se valoraron, revisaron y analizaron los múltiples programas y proyectos y el considerable monto financiero de la cooperación internacional, dedicados a la implementación de los Acuerdos. Se valoró y evaluó asimismo el diálogo político mantenido.

Contrastando este esfuerzo por la cooperación con los escasos avances en el cumplimiento de los Acuerdos (de lo que dejan constancia las cifras de exclusión, el nivel de impunidad, los indicadores socioeconómicos y múltiples otros datos), y con el afán de aportar elementos para que la cooperación pueda ser más efectiva, se llegó a las siguientes conclusiones:

II.1. Conclusiones generales

1. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz debe ser no sólo la guía principal de la política guatemalteca, sino también el marco orientador y objetivo de la cooperación, del diálogo político y de la política comercial de la comunidad internacional, en particular la europea, hacia Guatemala.

2. Los derechos humanos en su integralidad, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos, deben constituir el criterio fundamental para las relaciones euro-guatemaltecas en todas sus vertientes. Consagrados en la cláusula democrática como elemento esencial de los acuerdos birregionales vigentes, deben ser aplicados efectivamente en la planificación de todas y cada una de las medidas de la cooperación, en el diálogo político y en las relaciones comerciales.

3. Exhortamos a la promoción de un diálogo político franco y sustancial dirigido a la superación de los obstáculos para el cumplimiento de los Acuerdos. Esto implica que las reformas estructurales, que son imprescindibles para un proceso de paz duradero, como lo son la reforma fiscal, la reforma agraria, el desmantelamiento de los poderes paralelos, la plena inclusión de los pueblos indígenas, deben ser parte esencial de este diálogo.

4. Instamos a la búsqueda de coherencia y complementariedad entre la cooperación y el diálogo político con el Gobierno de Guatemala, que incluya el monitoreo sistemático y la fiscalización de los proyectos de la cooperación, del uso de los recursos y sus resultados, y también de la voluntad política del gobierno guatemalteco que se expresa en la asignación de fondos para cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. Proponemos revisar regularmente los mecanismos de ejecución de la cooperación europea a la luz de esta verificación.

5. Demandamos una participación efectiva de la sociedad civil guatemalteca y europea en el diseño de las estrategias de la cooperación y en el diálogo político entre la UE y Guatemala, tal como lo hemos puesto en práctica en esta conferencia. Como una medida en ese campo, pedimos que la UE y los Estados Miembros insistan ante el gobierno de Guatemala en la convocatoria de un mecanismo de diálogo, tipo Grupo Consultivo, donde participen las 5 partes, gobierno de Guatemala, Comisión Europea, estados miembros de la UE, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y europea, donde se debatan y planifiquen de manera vinculante las medidas de la cooperación.

6. Consideramos que al lado del apoyo institucional, el apoyo de parte de la cooperación al fortalecimiento de la sociedad civil, de sus comunidades, pueblos y organizaciones es esencial, pues sólo una sociedad civil fuerte y preparada puede participar realmente en el diseño de estrategias de superación de los problemas estructurales, apoyar e inducir las transformaciones necesarias y velar porque el Estado funcione y cumpla con sus obligaciones.

7. Recomendamos tomar en cuenta y usar en el diálogo político y a la hora de diseñar estrategias de cooperación los informes de los mecanismos especiales del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, utilizándolos como puntos de referencia para evaluar avances o retrocesos en materia de derechos humanos en su integralidad. Además de considerar los informes sobre los defensores de derechos humanos 2003; ejecuciones extrajudiciales 2006; derechos de los pueblos indígenas 2003, 2007; derecho a la alimentación 2006; informes Minugua, informe de la Oficina del Alto Comisionado de NU en Guatemala 2005, 2006 y otros.

8. Evaluamos en esta conferencia como grandes temas pendientes que deben ser prioritarios en las futuras relaciones euro-guatemaltecas: los derechos de los pueblos indígenas, los derechos políticos y civiles, la necesidad de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y de la protección y habilitación de las/los defensoras/es de derechos humanos; el derecho a la alimentación y la necesidad de una reforma agraria integral en Guatemala.

9. Consideramos imprescindible para fomentar los derechos de los pueblos indígenas, respetar, promover y aplicar el Convenio 169 de la OIT. Insistimos en la necesidad del apoyo de la UE a los procesos de consulta comunitaria en este marco, la aplicación del Convenio 169 de la OIT y de los otros tratados y acuerdos internacionales suscritos en esta materia, en todos los programas de cooperación así como su inclusión de manera transversal en el mandato negociador del Acuerdo de Asociación. Se pide a los Estados Miembros de la UE que ratifiquen el Convenio 169 para que lo puedan hacer valer ante el gobierno de Guatemala.

10. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central en ningún momento deben entrar en contradicción con los Acuerdos de Paz. El respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en su integralidad, y con especial énfasis de los derechos económicos, sociales y culturales es una obligación fundamental y debe ser condición sine qua non para avanzar en el proceso de negociación. Reiteramos nuestra convicción que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, la transparencia de información y la participación de calidad de la sociedad civil constituyen requerimientos mínimos para un proceso de negociaciones que debe poner atención especial al consenso explícito al que llegamos en esta conferencia: la importancia del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala para llegar a una sociedad democrática, más justa e incluyente.

II.2. Conclusiones específicas

a) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Se considera que este Acuerdo tiene un grado muy bajo de cumplimiento. Si bien es cierto que ha habido avances en el campo de los derechos culturales, no ha cambiado substantivamente la situación de pobreza, exclusión social y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas.

El cumplimiento de este acuerdo es inseparable del cumplimiento del Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, pues no se pueden realizar los derechos de los pueblos indígenas sin el acceso a la tierra y la seguridad jurídica sobre ella.

Se valoran mucho los aportes dados por la Unión Europea y los Estados Miembros en orden a apoyar el cumplimiento de este Acuerdo, especialmente en lo que se refiere a promover formas de gobierno indígenas, la diversidad cultural y el desarrollo de redes indígenas. Para el futuro, se recomienda para la cooperación y el diálogo político:

• tener como enfoque central de apoyo la erradicación de la pobreza y la superación de la exclusión en lo económico, cultural y social, partiendo de la propia cosmovisión y realidad de los pueblos indígenas y no al margen de ellos. Las economías indígenas y campesinas se deben fortalecer sobre la base de la justicia y la solidaridad. Se debe generar una visión recíproca entre los productores del norte y del sur, donde prevalezca la justicia y la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales.

• reconocer y respetar las consultas comunitarias impulsadas desde los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y el territorio.

• fortalecer las instituciones que estén impulsando acciones alrededor de los derechos de los pueblos indígenas.
• apoyar los procesos políticos a nivel local y nacional de los pueblos indígenas.

• apoyar política y financieramente mecanismos de consulta regular de los pueblos indígenas, que puedan generar propuestas por parte de los pueblos indígenas hacia el gobierno y la comunidad internacional.

• apoyar políticamente la realización de una nueva consulta popular sobre los cambios a la constitución previstos por los Acuerdos de Paz.

b) Acuerdo Global de Derechos Humanos y Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil

Revisando sobre todo los aspectos de acceso a la justicia, impunidad, reforma a la policía y combate de los poderes paralelos, se vio, que a pesar del cumplimiento de algunas medidas institucionales así como del apoyo fuerte de la cooperación a la implementación de éstos aspectos de los acuerdos, la situación no ha mejorado. El sistema de justicia y la policía siguen con problemas estructurales de fondo, la impunidad y los poderes paralelos reinan libremente. La violencia general diaria está aumentando, al igual que los ataques a los defensores de derechos humanos.

Se pide a la comunidad internacional que mantenga y aumente su compromiso de apoyo a la lucha contra la impunidad, por el desmantelamiento de los poderes paralelos, por el acceso a la justicia y por la vigencia de los derechos humanos en Guatemala.

En orden a apoyar este proceso, la Unión Europea y los Estados Miembros deben:

• apoyar la ratificación y creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que puede ser un instrumento importante de lucha contra los aparatos incrustados en el Estado guatemalteco. Aparatos estos que atacan directamente y obstaculizan la investigación, persecución y administración de justicia. La comunidad internacional debe permanecer vigilante y mantener su apoyo a esta iniciativa. Una vez instalada, debe ser acompañada política y financieramente, y monitoreado su funcionamiento.

• aplicar activamente las Directrices de la Unión Europea para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Complementariamente, deben apoyarse política, técnica y financieramente el trabajo de los defensores de derechos humanos en su sentido amplio, ya que son ellos la voz de la sociedad civil organizada que luchando contra la impunidad contribuyen al estado de derecho. Se deben mejorar los espacios de comunicación con los defensores y agilizar las medidas de protección contempladas en las directrices. Asimismo, es importante que las misiones y la Delegación de la Comisión Europea den a conocer sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y europea los pasos dados por ellos en este marco.

• apoyar las iniciativas judiciales para que José Efraín Ríos Montt y demás personas, señaladas públicamente como responsables de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados.

Se discutieron y propusieron además, un número de medidas prioritarias concretas para llegar a un proceso que contribuya al establecimiento real de un Estado de Derecho. Estas propuestas están dirigidas principalmente al Estado de Guatemala. Sin embargo, se pide el apoyo político, técnico y financiero de la Unión Europea y los Estados Miembros, para inducirlas, apoyarlas y acompañarlas.

c) Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

A diez años de la firma de los Acuerdos de Paz siguen existiendo límites importantes en cuanto a la implementación de este acuerdo. Muchos de éstos obstáculos están relacionados con la situación agraria, la falta de acceso a recursos productivos y un creciente nivel de conflictividad agraria. La estructura de la tenencia de la tierra es el problema núcleo de la conflictividad agraria y está claramente relacionado con la pobreza y la desnutrición. El acceso a la propiedad de la tierra cultivada muestra por un lado, una elevada concentración y, por otro, una creciente minifundización. La estructura fundiaria guatemalteca es específicamente discriminatoria para las mujeres.

La cooperación europea ha sido estratégica para la promoción de la firma de los Acuerdos de Paz, especialmente en temáticas tan sensibles como el desarrollo rural. Ha sido también uno de los actores tradicionales que ha participado a través de la cooperación en la implementación del mismo.

Sin embargo, las soluciones para los problemas estructurales en Guatemala siguen estancadas. La causa fundamental es la debilidad y falta de compromiso gubernamental para avanzar en la sostenibilidad de las medidas tomadas. No existe una política nacional coherente de desarrollo rural. Debido, en parte a ello, la cooperación europea se ha retirado en los últimos años de aspectos centrales del desarrollo rural, como lo son el desarrollo agrícola, productivo y comercial y temas sumamente relacionados como el acceso a los recursos naturales, sobre todo tierra y agua.

Ante esta situación se llega a las siguientes proposiciones para la cooperación oficial de la UE:

• promover un diálogo político con el Gobierno de Guatemala sobre el diseño y aprobación de una política de desarrollo rural, que contemple reformas estructurales de la tenencia de tierra, facilitando el acceso y la seguridad jurídica sobre ella para la gran mayoría de campesinos pobres; acceso a otros recursos naturales, sobre todo al agua, acceso a créditos y otros insumos de producción.

• reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y en particular las dimensiones sociales, culturales y ambientales que esta actividad representa para los agricultores de países terceros y el papel que ellos juegan en el manejo de la biodiversidad de ecosistemas frágiles.

• implementar en sus políticas y programas destinados al desarrollo rural y seguridad alimentaria los diferentes instrumentos adoptados por la UE, particularmente las Directrices de la UE sobre Politicas de Tierras y las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional aprobadas en el seno de la FAO.

• incorporar el enfoque de soberanía alimentaria en su estrategia de cooperación y el diálogo político para fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y superar la inseguridad alimentaria. Como una medida concreta en este marco deben apoyar un proceso de diálogo nacional sobre la promoción y realización del derecho a la alimentación, en el cual participen el Gobierno de Guatemala, la sociedad civil y la cooperación internacional.


III. Demandas al Gobierno de Guatemala que recomendamos sean apoyadas políticamente y en el campo de la cooperación por la UE y los Estados Miembros:


1. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

• reconocer y respetar las consultas comunitarias y aplicar de hecho el Convenio 169 y otros convenios y tratados internacionales firmados, relevantes para los derechos de los pueblos indígenas.
• retomar el contenido de las comisiones paritarias.
• reconocer efectivamente las estructuras de poder tradicionales de los pueblos indígenas.
• asignar los fondos presupuestarios necesarios para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo.
• avanzar en materia educativa, la promoción de los idiomas y la incorporación de la cosmovisión maya en los contenidos escolares.
• incluir los idiomas mayas en la administración como condición de ir superando la discriminación.
• realizar el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.

b) Acuerdo Global de Derechos Humanos y Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil


• reformar la ley de amparo para contribuir a que los juicios no sigan siendo obstaculizados
• depurar las instituciones del sistema de justicia, respetar el sistema de carrera y asignar recursos adecuadamente
• implementar el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses y la Dirección General de Investigación Criminal
• garantizar el funcionamiento del programa de protección de testigos
• propiciar condiciones para que el MP cumpla con su obligación de persecución penal, dando prioridad a los delitos graves como los crimenes de lesa humanidad y los crimenes contra la vida.
• Apoyar la depuración de la Polícia Nacional Civil, establecimiento y respeto del sistema de carrera, adecuada asignación de recursos
• Revisar el curriculo de la Academia de Policía, reforzando contenidos de derechos humanos
• Desmilitarizar la seguridad interna
• Aprobar la agenda legislativa pendiente en materia de seguridad (Ley de Armas y Municiones, Ley Marco de Inteligencia, Ley de Acceso a la Información)
• Integrar un contingente policial de las Naciones Unidas, de apoyo a la PNC
• Reformar la guardia del sistema penitenciario
• Implementar la ley del sistema penitenciario, basado en la seguridad para que los reos no se fuguen, pero también en la protección de la vida de los que están privados de libertad
• Fortalecer la capacidad verificadora del Procurador de los Derechos Humanos
• Ratificar el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional
• Promover simultáneamente, tal como recomendó la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la protección y la habilitación de los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.

c) Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

• Promover iniciativas que implementen una reforma agraria integral en Guatemala
• Implementar medidas legislativas y administrativas que permitan la creación de una ley de código agrario, que entre otras permita la creación de tribunales agrarios y la superacion de la conflictividad agraria
• Reformar el código penal para la despenalización de la lucha por la tierra
• Fomentar un proceso concertado con la sociedad civil para la promoción de una ley de desarrollo rural
• Desarrollar líneas políticas específicas dirigidas al acceso y control de activos físicos, económicos y sociales de las mujeres rurales, incluyendo el acceso a recursos productivos como la tierra, así como créditos y otras medidas que permitan fortalecer el rol de la mujer.