En la guerra del Golfo de 1991 había un mercenario por cada 50 soldados del Ejército. Hoy, en Iraq, la proporción es de uno por cada diez. Naciones Unidas cifra en cerca de 70.000 el número de hombres que conforman un auténtico ejército privado en este país. Estados Unidos sólo reconoce la presencia de 40.000. La Administración de Bush tiene contratos que se acercan a los 800 millones de dólares con empresas privadas de seguridad. Y esto ha hecho que los gastos militares se hayan disparado. Mientras un sargento estadounidense le cuesta a su gobierno en torno a 70.000 dólares, un empleado de estas empresas privadas supera los 400.000. Estos “nuevos soldados” son imprescindibles, según los expertos, para poder intervenir en conflictos como el de Iraq o Afganistán. Cada día, los interesados en formar parte de las Fuerzas Armadas son menos y los ejércitos se ven necesitados de “colaboradores” para las funciones de seguridad y defensa.

Los integrantes de estas empresas de seguridad son ex militares o ex policías que buscan salidas a su situación laboral y mejorar sus ingresos. Baste como ejemplo el caso de un soldado español que, tras trabajar 12 años en la Legión, fue “fichado” por Blackwater, una de las mayores empresas de seguridad del mundo, que le ofreció más de 11.000 euros al mes por trabajar en Iraq.

Las empresas de seguridad, desde 2003, han visto aumentar de manera espectacular sus ingresos. Hoy mueven más de 100.000 millones de dólares. No sólo trabajan en Iraq o Afganistán o donde existen conflictos armados abiertos, éstas empresas también ofrecen sus trabajos para la protección de personalidades o para la seguridad de las instalaciones de empresas occidentales en países conflictivos. Así, empresas como la rusa Gazprom cuanta con unidades armadas para vigilar sus infraestructuras o el presidente del Chelsea, Abramovich, cuenta con 40 guardaespaldas que le cuestan cerca de dos millones de euros.

A pesar de su éxito, las empresas de seguridad se ven envueltas en situaciones “extrañas” y son acusadas de disparar de manera indiscriminada contra civiles o de no respetar los derechos humanos. La ONU cuenta con testimonios de soldados que corroboran los abusos de estos mercenarios. Un ex militar de Fidgi cuenta que uno de los norteamericanos con los que trabajaba en Iraq mató a un iraquí porque se iba de vacaciones y tenía que cumplir su apuesta. Otro soldado español, que trabajó para Blackwater, explica que “lo primero era un patadón en el pecho y un golpe con el arma en la cara, que los camiones arrastraban coches con niños y mujeres porque molestaban su paso o que para abrir el tráfico se disparaba al aire”.

En su defensa, la mayoría de las empresas de seguridad particular pertenecen a la Asociación Internacional de las Operaciones de la Paz (IPOA) que cuenta con un código de conducta del que se destaca la obligación de defender los derechos humanos, el fomento de la innovación y de la investigación, la integración de los aspectos culturales de los lugares en los que se actúa, la gestión ética de los recursos… Un lavado de cara para empresas que, a veces, están al margen la ley. Organizaciones humanitarias denuncian que existe un vacío legal para estos nuevos actores que no están dentro de la Convención de Ginebra, ya que aunque llevan armas, no son combatientes legales, no llevan uniformes oficiales, ni responden a una jerarquía.

Tampoco responden ante los parlamentos. El monopolio del uso de la fuerza, lo tenía, hasta ahora, el Estado. Hoy, con la aparición de ejércitos privados se ha dado un salto en la realidad de los conflictos armados. Las guerras del siglo XXI contarán con más “personajes” y deberán aparecer nuevos acuerdos y leyes para que los “nuevos soldados” estén en la legalidad.

- Ana Muñoz es periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.

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