Distintas organizaciones, movimientos sociales y espacios de reflexión y propuesta, han salido a las calles en días recientes ante el trascendido que el Tribunal Constitucional habría acogido el requerimiento de parlamentarios de derecha contra el decreto supremo dictado por la ministra de salud que instruye a los consultorios a repartir la píldora del día después. Si bien el 22 de abril se conocerá el fallo, se ha indicado que éste afectará al conjunto de métodos anticonceptivos utilizados en Chile -todos aquellos basados en el uso del levonorgestrel y los Dispositivos Intra Uterinos-, lo que implicaría un grave retroceso a nivel de salud pública y libertad de decisión ciudadana, pues por mandato inapelable de un grupo de nueve personas se impondría, para el conjunto de la sociedad, el fin de las normas de regulación de la fertilidad conquistadas hace 40 años.

Resulta impresionante el efecto devastador que tendrá esta política que eufemísticamente ha sido autodenominada por la derecha como "pro-vida". Especialistas de la Facultad de Medicina han sostenido que estamos ad portas a una catástrofe en salud pública como no se ha visto antes en ningún país del mundo, que tendrá impactos en muertes, dolor, sufrimiento y gran daño a la familia, porque por cada nacimiento adicional a los actuales morirán más de dos embriones o fetos a causa de abortos clandestinos, y se podrían hasta quintuplicar las muertes de mujeres a causa de complicaciones de abortos. Se trata claramente de una política pro-muerte masiva.

¿Cómo es posible que en una sociedad, que gusta llamarse a sí misma "en vías de desarrollo" y no tercer mundista, exista una institucionalidad que permita que un grupo minoritario adopte decisiones no consultadas democráticamente con consecuencias sociales masivas tan nefastas? Una elite que tiene acceso a la toma de decisiones, que admira los beneficios de la globalización en cuanto al acceso a nuevas tecnologías de información y a la libre circulación de mercancías y capitales, que se vanagloria de ser impulsora de una de las economías más desarrolladas y modernas de la región, en forma indolente aplica para las mayorías códigos propios de la Inquisición, que ni siquiera concita el apoyo de su credo. Llama la atención esta aporía bestial entre modernización económica y ultraconservadurismo valórico malinformado y prejuicioso.

Porque las razones que se esgrimen de parte de los impulsores de esta medida van en contra de toda evidencia científica. Estudios han confirmado repetidamente que el levonorgestrel, y en ella la molécula progestagénica que contienen el 100% de los anticonceptivos hormonales orales que entrega el Ministerio de Salud, y el 40% de las píldoras que se compran en farmacias, no es abortiva, en tanto funciona en base a inhibir la ovulación.

Esta elite minoritaria está por lograr una de las medidas más discriminatorias de los últimos tiempos: las mujeres jóvenes y adultas que no pueden acceder a los servicios privados, serán expuestas a embarazos no deseados, los que por lo común tienen graves consecuencias para su salud y la de sus hijos e hijas, su autonomía y desarrollo futuro. El Centro de Estudios de la Mujer ha enfatizado que esta resolución pretende tapar el sol con un dedo, ya que el 67,4% de las mujeres ha tenido relaciones sexuales antes de los 19 años, según la segunda encuesta sobre calidad de vida y salud del Ministerio de Salud, y que la mortalidad materna por aborto sigue siendo un importante problema de salud pública.

La elite derechista ultraconservadora y malinformada está lelvando al país, adicionalmente, a una división de clases de efectos insospechados. en el quintil de mayores ingresos, ha señalado el Centro de Estudios de la Mujer, sólo se embaraza el 2,7% de mujeres menores de 19 años, mientras en los quintiles más pobres este porcentaje se incrementa llegando al 20,6% de las adolescentes. Y son estas las mujeres que hasta el día de hoy pueden acceder a métodos anticonceptivos en los consultorios públicos, permitiendo la planificación familiar, una de las claves de las políticas públicas de superación del círculo de hierro de la pobreza y la falta de oportunidades. Con la medida del Tribunal Constitucional la división de clases se acrecienta a cuanto a posibilidad de decidir y de acceso material a bienes y servicios que el sector particular difícilmente perderá.

¿Porqué el código moral de una minoría tendría que ser la norma para el conjunto de la sociedad? Ello no es sostenible en el tiempo. Bien podrá ahora este grupo usufructuar del enclave autoritario que es el Tribunal Constitucional que legó Pinochet. Pero afortunadamente son muchos los códigos morales que conviven en nuestro territorio. Las iglesias, sinagogas, mezquitas, y diferentes tipos de culto pueden tener autoridad para sus creyentes y seguidores, desde el derecho al libre ejercicio de la religión. Pero no pueden pretender buscar autoridad con fuerza de ley para quienes no son sus adeptos. Sí pueden participar en la formación de una opinión pública en la que entreguen con la fuerza de la razón y la pasión sus argumentos, para conquistar democráticamente mayorías y para que cada hombre o mujer pueda formarse un juicio moral y actuar en consecuencia. Pero en una sociedad pluralista, como ha de ser la nuestra por convivir distintos códigos morales con igualdad de derechos, la ciudadanía no puede permitir que se utilice la institucionalidad para imponer un código moral particular por sobre todos los demás.

Este fallo del Tribunal Constitucional no solo atenta contra la integridad física de miles de mujeres y niños, sino también contra la posibilidad de la democracia. Con él queda en evidencia lo urgente que resulta llamar a una Asamblea Constituyente, que genere una nueva Carta Fundamental, en la que estén resguardados los Derechos Humanos y el bien público como columna vertebral de nuestra existencia en sociedad. Para que ningún grupo particular tome decisiones que afectan al conjunto de la sociedad a nombre de todos sin consultar al soberano, el pueblo, a través de procedimientos democráticos e informados.

Mientras ello no se concrete, seguiremos como el cangrejo, caminando para atrás empujados por grupos que se quedaron en el medioevo, hasta llegar, con grandes autopistas y televisores con norma digital, de regreso a la época de las cavernas. Hace falta mayor alerta y fuerza ciudadana para lanzarnos a otro futuro posible que no sea el pasado dictatorial. Árboles firmes, con raíces libertarias y democráticas, como a los que cantaba el poeta Nicolás Guillén: "Cierto que éste es un pueblo manso todavía/ No obstante, cualquier día / alza de un golpe la cerviz; / rompe por doquier con sus calludas manos / y hace como esos árboles urbanos / que arrancan toda una acera con una sola raíz".

Arranquemos una vez por todas la raíz constitucional dictatorial que amenaza la vida, y sembremos en su lugar otro árbol, más frondoso, pluralista, democrático, al que podamos arrimarnos todos y todas, sin exclusión.

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