Concluyó la V Cumbre de presidentes de las Américas en Trinidad y Tobago con una fuerte presión sobre Obama para asumir las responsabilidades de EEUU en la crisis, redefinir las relaciones con AL y terminar con el bloqueo a Cuba. No todos han firmado la declaración final por discrepar del enfoque. En pasillos, la mantención de la OEA está en cuestión y se plantea forjar un organismo latinoamericano propio. El tono conciliador de Obama muestra el peso de las demandas de una AL que ha cambiado y rechaza el rol de patio trasero.

Las izquierdas de AL, a las que pertenecen varios jefes de Estado, agrupadas en el Foro Sao Paulo (FSP) recordaron a la Cumbre, en una carta, las responsabilidades de EEUU como ombligo de la crisis: “origen de la crisis hipotecaria y financiera que ha desembocado en una profunda y prolongada crisis del capitalismo, que afecta a todos los sectores productivos” y “se suma a las crisis alimentaria, de seguridad ciudadana y climática”. La presidenta Kirchner fue enfática. El FSP criticó “la desregulación, la minimización del papel de los Estados y la tesis de la más absoluta libertad de acción al capital especulativo, monopólico y oligopólico”, y advirtió el enorme “impacto social evidenciado en el desempleo y la pobreza crecientes”. Llamó “a reforzar las instancias de integración subregionales y a fortalecer los mecanismos de diálogo político que permitan que AL se exprese con una sola voz en la sociedad internacional, viabilizando así el inicio de un nuevo ciclo histórico  de relaciones de cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos, basado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la vigencia del Derecho Internacional”.

Como varios presidentes, el FSP resaltó que vivimos “la crisis de las instituciones políticas y económicas surgidas de la posguerra, lo que genera un escenario mundial frágil y sujeto a las presiones y el manejo de los poderes fácticos y de poderosos Estados que operan a su libre albedrío y dan protección, en algunos de ellos, a la acción de la criminalidad de alto impacto que está poniendo en riesgo la institucionalidad democrática de varios países”.

Pero, “esta crisis, tan o más grave que la de 1929, encuentra nuevas circunstancias en las Américas. Por un lado, un nuevo gobierno en los EEUU que nace bajo la bandera del cambio y de la evidencia del fracaso del llamado Consenso de Washington, encabezado por el presidente Barack Obama. Por otro lado, una AL en la que –como lo ratifican las recientes elecciones en El Salvador– los pueblos reclaman cambios: desarrollo inclusivo y respetuoso del medio ambiente, justicia social, equidad de oportunidades y derechos, democracia participativa y gestión estatal, transparente y soberana”. Por ello, insta “a construir una nueva relación”, “hacer de la crisis una oportunidad de cambio”, a forjar “un trato respetuoso y equitativo entre nuestras naciones soberanas, para contribuir al desarrollo social y de nuestros mercados internos y regionales”.

Va al grano: “evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los pueblos, sobre los empobrecidos trabajadores y autoempleados del campo y la ciudad, sobre las capas medias y los pequeños y medianos empresarios de nuestros países”. Y, sin evadir un tema central, los insta “a revisar las condiciones, lesivas a nuestros países, presentes en los diversos TLC suscritos con los EEUU y a buscar mecanismos de promoción de una economía social y solidaria, con sólidos mercados internos y regionales”. Lamentablemente, el tema no se tocó aparentemente.

Y, conscientes de lo ocurrido en Venezuela, Ecuador y recientemente en Bolivia, llaman a “que se termine con todas las acciones políticas, económicas y militares injerencistas en los países que han decidido, libremente, emprender caminos políticos de cambio” y a “medidas concretas que eliminen los conflictos militares, inclusive el desarme nuclear”. Específicamente plantean definir “nuevos paradigmas en la política acerca de las drogas, reconociendo la corresponsabilidad de los países que generan la demanda, abastecen armamento a los traficantes y benefician del lavado de dinero, priorizando la prevención del consumo y la reducción de daños y no la persecución y militarización que sólo provocan mayor corrupción e impunidad. Debe, asimismo, respetarse las costumbres de los pueblos originarios y establecerse una clara distinción entre la hoja de coca –que tiene grandes virtudes– y la cocaína”. Importante definición frente al afán de militarizar la lucha antidrogas por EEUU.

Finalmente, el FSP exhortó a “buscar soluciones políticas y pacíficas a conflictos como el de Colombia, a dar término al inaceptable bloqueo contra Cuba y a la ocupación de Guantánamo por los EEUU (más allá de las medidas recientes de Obama); y a proceder a la descolonización pendiente en Curazao, Puerto Rico, Guadalupe, Martinica y Guyana”, demandando también “una agenda conjunta que permita el reconocimiento pleno de los derechos y la solución de la problemática de millones de connacionales latinoamericanos migrantes en las Américas”.

No hay duda, son nuevos tiempos en América.

La República, 20 de abril de 2009