El pasado domingo 6 se conmemoró el día internacional por la ciudadanía de las mujeres, poca atención se dio en nuestro país a esta fecha, y con razón, si estamos inmersos en un estado de Calamidad que no nos da para muchas celebraciones, además de que se ha resentido la beligerancia de algunas organizaciones de mujeres en los últimos tiempos.

Un informe de hace algunos años del PNUD abordó el tema de la democracia para ciudadanas(os). En el mismo se incluyeron varias categorías de ciudadanía: la política, que hace referencia a nuestros derechos de elegir y ser electas; la ciudadanía civil incluye el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, la igualdad legal y la protección contra la discriminación, el acceso a la justicia, el derecho a la información, entre otros. Y finalmente la ciudadanía social, referida a las garantías en relación con necesidades básicas: salud, educación, empleo, situación social (pobreza, desigualdad).

A nosotras, el Estado nos debe con creces e intereses el cumplimiento de esos compromisos. No ha contribuido al adelanto de las mujeres, tal como se acordó en Naciones Unidas. ¡Ni siquiera el derecho a una vida digna y sin violencia nos ha podido garantizar, mucho menos la necesaria paridad en el ámbito político!

Durante 13 años han estado las compañeras de Convergencia Cívico Política de Mujeres y la Organización de Mujeres Indígenas Moloj, con perseverancia, paciencia y mística, trabajando intensamente para lograr la aprobación de una ley de cuotas, una medida afirmativa indispensable para romper con la exclusión y la discriminación de facto que existe y que puede ser constatada fácilmente; el trato idéntico no es pertinente en este caso, pues las diferencias deben ser equilibradas y es el Estado, a través de sus organismos, el que tiene la facultad, la obligación y la posibilidad de decretarlas.

La lucha de las mujeres por la ciudadanía ha sido extendida en el tiempo. En Europa ese movimiento fue encabezado por las mujeres propietarias que lucharon por el voto para defender sus propiedades, las socialistas lo hicieron con motivaciones políticas más integrales. Publicaciones de prensa atestiguan que en Guatemala hubo oposición a que se concediera el derecho al voto a las mujeres. La discriminación, por razón de género, ha sido irrebatible y está documentada en la historia.

El derecho al voto es la expresión de la lucha por los derechos políticos y por la conquista de una parte de la ciudadanía plena; es la lucha legítima de las mujeres por ser consideradas iguales en las sociedades desiguales.

La conquista del derecho al trabajo en igualdad de condiciones: a igual trabajo, igual salario, es otra demanda insatisfecha que continúa postergada. En el campo se reconoce el sueldo al varón, aunque sea exiguo, injusto y rogado, pero a la mujer que realiza las mismas faenas o que lo apoya en los trabajos no se le retribuye igual, y muchas veces no se le reconoce la labor realizada.

Este es un recordatorio al Estado y a la sociedad de las numerosas desigualdades que continúan existiendo. No hay que buscar pretextos, hay que cumplir con un deber moral y de justicia.

- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/