El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formado por ésta para el caso de los entonces 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26-27 de septiembre del año pasado, insiste en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, para entrevistar “directamente y no por intermediación de la Procuraduría General de la República” a los elementos que estuvieron presentes en los diversos escenarios del ataque a los normalistas.

La insistencia de Expertos Independientes fue hecha al rendir el tercer reporte de avances de la misión que les encomendó la Interamericana, desde que comenzaron su trabajo como coadyuvantes en la búsqueda de los desparecidos y la investigación judicial de los sucesos que implicaron también el asesinato de tres estudiantes, además de dos civiles de los que nadie se ocupa ni al parecer interesan, a excepción de sus familiares, lo que evidencia que en todos lados se cuecen habas.

Para los del Grupo Interdisciplinario –integrado por cinco expertos y en nombre de los cuales hablaron Carlos Martín Beristain y Claudia Paz y Paz–, la diligencia con los soldados es “clave” en el proceso de esclarecimiento, “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos.

No es la única recomendación formulada por Expertos Independientes y presentada al gobierno federal y que aún no es atendida, sino además no se aducen las razones para ello. Mas es de una importancia subrayada, aunque las restantes recomendaciones no son menores, pero en el caso que nos ocupa llama la atención la cerrazón gubernamental, quizás por ser una demanda del movimiento que propició protestas en instalaciones del Ejército y de la Marina, una en Iguala y con lamentables incidentes que no llegaron a mayores por la prudencia castrense frente a la rijosidad de integrantes presuntamente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, quien ya exporta prácticas vandálicas al valle de San Quintín, aunque los dirigentes de los obreros denunciaron la presencia de infiltrados y provocadores. Vaya usted a saber.

Otra razón y acaso la más importante es que se trata del Ejército, una institución que con todo y el discurso presidencial sobre transparencia, rendición de cuentas y respeto al derecho humanitario, permanece básicamente intocada y en la opacidad.

Tampoco puede omitirse que una de las apuestas oficiales es al desgaste del movimiento, lo cual es relativamente natural, además de los recurrentes errores de sus beligerantes dirigencias, así como al olvido en un país de memoria corta.

No se equivocan, pero la apuesta no es demasiado sólida por más corta que sea la memoria ciudadana. La barbarie con los estudiantes de Ayotzinapa selló al país y aún estremece a la opinión pública y publicada global.

Otras plausibles recomendaciones del tercer reporte son investigar los delitos como desaparición forzada; la inclusión de otros ilícitos como tortura y tentativa de homicidio; investigar otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes; atención a las víctimas como Aldo Gutiérrez, en estado de coma; reactivación de las expediciones de búsqueda con la participación de familiares de los desaparecidos; unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas hoy en seis juzgados y en cinco ciudades.

Utopía 1531

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