Es un contrasentido la noticia de que haya sido Estados Unidos quien excluyera a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo cuando ha sido precisamente la Isla, la nación que durante casi 60 años ha sufrido los efectos de los métodos terroristas utilizados por Washington para oponerse y castigar las ansias de independencia e identidad que han dado fundamento a la revolución cubana.

Lo más lamentable en la redacción de estas informaciones de prensa es que pareciera que Estados Unidos tiene algún derecho a actuar como testigo y juez en casos de terrorismo de Estado, delito internacional en el que ningún otro país ha incurrido con tanta frecuencia desde que finalizara la II Guerra Mundial.

Las noticias, que han recorrido el mundo en los principales medios occidentales parecerían legitimar el derecho de Washington a elaborar e imponer los propósitos y disposiciones de esa lista que solo sería legal si sus motivaciones y sus efectos fueran una cuestión interna, aplicable exclusivamente a entidades estadounidenses.

La intención terrorista de las sanciones previstas contra quienes violen las disposiciones que Estados Unidos impone extraterritorialmente a los países incluidos en la lista está en el terror que se impone a cualquier persona o entidad pública o privada del mundo que pretenda relacionarse con Cuba a propósito de eventuales intercambios comerciales, financieros, científicos, culturales, etcétera. Muchas veces basta una simple referencia a la posibilidad de perder sus proveedores o sus clientes USAmericanos para infundir pánico.

Cuba fue insertada en la lista en 1982, según se dijo entonces por el apoyo que supuestamente había brindado a los movimientos independentistas que se generalizaron en América Latina inspirados en la exitosa revolución cubana.

Todo parece indicar que esa inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo formaba parte del apoyo que Estados Unidos brindaba entonces a la operación Cóndor por la que esos movimientos y muchos miles de personas de ideas progresistas fueron brutalmente reprimidos.

La sangrienta operación Cóndor constituyó un pacto criminal que se puso en marcha cuando Estados Unidos contó con una verdadera red de crueles dictaduras en América Latina (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia). Decenas de miles de patriotas latinoamericanos resultaron muertos o encarcelados y torturados en Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Por múltiples motivos y formas de la presión popular, las tiranías represoras tuvieron que hacer concesiones y América Latina se abrió, de manera paulatina más o menos cruenta, a procesos democráticos que, por el hecho de que respetaban en un mayor grado la voluntad de los pueblos, condujeron a la instalación mediante procedimientos democráticos, de autoridades más receptivas a los reclamos populares e identificadas con los intereses de sus pueblos. Varios de los patriotas que antes fueron guerrilleros o partidarios de aquellas luchas, o sus seguidores, así como algunos militares que objetaban el papel de represores que les había sido impuesto para relacionarse con sus compatriotas, son hoy los que dirigen y los que defienden las democracias nuevas en Latinoamérica.

Luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba quedarán varios otros grandes obstáculos para la normalización de los lazos. El bloqueo económico que Washington eufemísticamente califica de embargo y la base naval que desde 1903 Estados Unidos ocupa en el entorno de la bahía de Guantánamo, una zona de 116 kilómetros cuadrados (45 millas cuadradas) que es un irrenunciable territorio soberano de Cuba, están entre ellos. Quedan por discutir también las demandas por expropiaciones de las propiedades de ciudadanos estadounidenses que no pudieron ser negociadas por impedirlo el gobierno Washington y las demandas cubanas de indemnización por los daños del bloqueo.

El Congreso estadounidense aún está considerando poner fin a la prohibición de viajes de ciudadanos de Estados Unidos a Cuba. Utilizando sus poderes legales, el Presidente Obama ha aliviado algunas restricciones que impone el Travel Ban estadounidense pero, en general, el turismo a la isla sigue siendo ilegal. Las licencias especiales que se conceden apenas cubren una pequeña parte de los estadounidenses interesados en conocer “la fruta prohibida durante más de medio siglo” y los que ahora llegan a la Isla bajo “licencias especiales” del gobierno de Estados Unidos, no están autorizados para visitar los mejores lugares turísticos, incluso los de sol y playa. Es de esperar que nunca más la superpotencia única del planeta abuse de esta manera de los derechos y las esperanzas de un país pequeño que lucha por su independencia y su identidad. Mayo 30 de 2015.

- Manuel E. Yepe http://manuelyepe.wordpress.com/