“Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder, cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos, excepto la suya propia”. (Herbert Hoover)

En 2006 el popular José María Aznar recorría territorio estadounidense en pos de denunciar ante la prensa “la amenaza de totalitarismo” que, según su democrática mirada, se diseminaba peligrosamente por Latinoamérica. Apenas unos años más tarde los tertulianos de Intereconomía manifestaban su preocupación respecto de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, a los cuales adjetivaban de golpistas. La nacionalización de YPF, concebida por Cristina Fernández de Kirchner, significó la indignación de los reaccionarios de derecha que, en sus respectivos medios de comunicación- titularon a este revés como “Duro golpe del gobierno argentino”.

Pocos años habían pasado de la negativa de Néstor Kirchner a aceptar los consejos de Rodrigo Rato que insistía en decirle -al por entonces presidente argentino- qué era lo debía hacer Argentina en materia económica. Recetas y consejos de quien se convertiría en el protagonista de unos de los escándalos de corrupción más significativos de la historia española.

En estos últimos días no he dejado de recordar la persistente preocupación de los invitados al plató de El Gato al Agua por la creciente “ola de populismo de América Latina” que, según criterios de analistas y expertos en política internacional, significaban “un riesgo para la democracia”. Pero mientras José María Aznar y medios de comunicación como Intereconomía o ABC se ocupaban de Venezuela, Bolivia y Argentina, el suyo propio, el español, comenzaba un raid de reformas, recortes, ajustes y violaciones a los derechos humanos que el pasado miércoles 1 de julio rompió todos los esquemas con la entrada en vigor de la llamada Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

En el apartado 6 de Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática, el lingüista estadounidense Noam Chomsky refiere a la gradualidad con que los gobiernos aplican medidas antipopulares, apoyándose en diversas maniobras de distracción. Así es como, en el caso español, la desaparición del Estado de Bienestar, la precariedad laboral, el desempleo, los salarios irrisorios, la criminalización de la pobreza, de la solidaridad, los desahucios, etc., fueron convirtiéndose en una realidad, mientras que la sociedad iba creyendo que los golpistas estaban en América Latina.

La sucesión de ataques al normal desenvolvimiento de la Democracia, impulsados por el gobierno de Mariano Rajoy, se remonta a los primeros meses de su gestión, cuando la sociedad ya advertía que los Populares habían obtenido el poder mediante un programa fantasma, o mejor dicho, visible únicamente a los ojos de La Troika y el Banco Central Europeo.

Mientras que la mayor ambición de Rajoy y los suyos era mantener la prima de riesgo en calma y a España lejos de las comparaciones con Uganda, las leyes antipersona comenzaban a materializarse muy lentamente. Las primeras víctimas del golpe de Mariano fueron los inmigrantes. El artículo 318 bis decretó que “quien colabore con los inmigrantes irregulares, prestándoles asistencia humanitaria, será multado y castigado con dos años de cárcel”. De esta manera la solidaridad se convertía en un delito. Mientras los tertulianos de Un Gato al Agua insistían en “la peligrosidad de los autoritarismos en América Latina”, en España, Mariano Rajoy le daba la vuelta a las interpretaciones que habían tenido sus promesas de campaña, haciendo exactamente lo contrario: Subía el IVA, el IRPF y el paro. Disminuían las pensiones, se privatizaba la Sanidad, llegaba el Copago, se  abandonaba la Educación Pública, se abarataba el despido, se perdonaba a los grandes estafadores mediante la Amnistía Fiscal, aumentaban los impuestos y se ordenaba la instalación de cuchillas afiladas en la valla de alambre que separan a Ceuta y Melilla del Continente Africano.

Claro que después de todas estas medidas que sumergieron al país en la peor crisis (económica y social) de su historia, el español medio comprendió que finalmente no eran Venezuela ni Argentina los países cuyas democracias estaban en peligro. Organizada, la ciudadanía salió a la calle para exigir explicaciones ante tanto desbarajuste y para manifestar su desacuerdo con cada una de las medidas antipopulares que gestó el popular Mariano Rajoy. Fue en ese momento cuando, en un arrebato propio de golpistas de la peor calaña, los miembros del PP parieron la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que supone serias restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas como, entre otros, el derecho de reunión, el derecho de manifestación y la libertad de expresión. Desde el pasado miércoles 1 de julio, en España protestar es un delito.

La dictadura que Aznar, Intereconomía y ABC creyeron ver en Argentina y Venezuela, es ahora la que con absoluta claridad ven los columnistas del diario británico The Guardian o el alemán Die Tageszeitung, cuyos titulares respecto de esta ley no dejan lugar para la duda: “Amenaza a la democracia”. “España es una dictadura”.

http://www.nuevatribuna.es/opinion/walter-c-medina/golpe-golpe/20150705224144117802.html