Lo que está ocurriendo en Ecuador es el más perfecto medidor de la evolución de los denominados “procesos de cambio” de América Latina, especialmente de Sudamérica. Nos sirve, así mismo, para entender la situación que viven los gobiernos de Maduro y Rousseff, y avizorar lo que puede suceder en Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. Pero también es un referente para países como México, Colombia, Perú, Paraguay, El Salvador y otros.

Ello es así porque en   Ecuador es donde la derrota de la oligarquía tradicional y el ascenso al gobierno de la denominada “revolución ciudadana” encabezada por el actual presidente Rafael Correa, tuvo como antecedente una sostenida rebelión popular liderada por los pueblos indígenas que fue capaz de derrocar consecutivamente a tres presidentes de corte neoliberal (Mahuad, Bucaram y Gutiérrez) durante la década de los años 90s del siglo XX.

Fue por eso que el gobierno progresista contó desde el principio con un fuerte apoyo popular que fue la base para lograr importantes realizaciones políticas y administrativas. Se aprobó la más avanzada Constitución Política en cuanto a plurinacionalidad, derechos de la naturaleza y reivindicación del Sumak kawsay (“Bien o Buen Vivir”). Se pudo plantear la moratoria de la Deuda Pública, la auditoría y renegociación de la misma, el desalojo de la base militar de Manta por USA, el asilo político para Julián Assange, director de WikiLeaks y otra serie de confrontaciones con el imperio estadounidense, especialmente.

Por ello es tan importante hacer el seguimiento a lo que ocurre en Ecuador.

El paro, las movilizaciones y protestas

Dos tipos de movilización contra el gobierno de Correa se han entrelazado en este mes de agosto. Una, proviene de las protestas de junio frente a los intentos del gobierno de gravar la plusvalía y las herencias, qué hábilmente fue manipulada por la oligarquía y la derecha tradicional. La otra, recoge la inconformidad de sectores sociales como los indígenas, trabajadores del Estado y pensionados que se sienten afectados por políticas del gobierno.

Lo observado durante la marcha del 13 de agosto es que el llamado al Paro Nacional no tiene la fuerza suficiente para “desestabilizar” al gobierno. Los manifestantes en Quito fueron entre 100 y 150 mil, según diversos cálculos. Los bloqueos de carreteras se localizaron principalmente en el suroriente del país pero no tuvieron la contundencia mostrada durante los levantamientos indígenas de finales del siglo pasado. Además, el movimiento mismo es una sumatoria de reivindicaciones sectoriales sin cohesión política.

El gobierno llamó a realizar una contra-marcha con concentración en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carandolet, que contó con participación de algunas organizaciones sociales adeptas al gobierno que movilizó aproximadamente 35.000 personas, según los cálculos más optimistas. Allí intervino el presidente Correa afirmando que el “paro era un fracaso” y que tenía un carácter desestabilizador. 

Motivos de las actuales protestas

Los indígenas plantean que Correa no ha desarrollado la Constitución en el tema de la plurinacionalidad. Según su percepción, no se ha avanzado en la reforma agraria, la ley de aguas beneficia a los grandes empresarios agrarios y los proyectos extractivistas minero-energéticos avanzan sin ofrecer garantías sociales y ambientales. Los trabajadores están inconformes por la política de fijar topes salariales y pensionales. Plantean la aprobación de un Estatuto Orgánico de Trabajo. Además apoyan a los pensionados en su rechazo al recorte del 40% del subsidio hecho por el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales IESS, lo que consideran es una “estatización” abusiva de ese instituto.

Lo que de alguna manera unifica a estas protestas, es su oposición a las enmiendas constitucionales (http://bit.ly/1IXiUxM) que el gobierno impulsa en la Asamblea Nacional, en donde tiene las mayorías necesarias para aprobarlas, entre las cuales la más importante es la de la reelección indefinida. Detrás de ese objetivo está la matriz ideológica que ha construido la oligarquía y el imperio usando los medios de comunicación en el sentido de que el gobierno de Correa es una dictadura, que es un gobierno autoritario, que el ejecutivo ha monopolizado los poderes judicial, legislativo y electoral, y que ha cercenado las libertades públicas, especialmente el derecho a la “libre información” (libertad de prensa).

Causas de las protestas

Ya en junio se habían presentado numerosas protestas contra los proyectos de ley de impuestos a la plusvalía y a las herencias que obligaron al gobierno a modificar algunos aspectos de esas normas. Sin embargo Correa se había reafirmado en su posición de aprobarlas con el argumento de que sólo afectan al 2% de la población. “Se busca redistribuir la riqueza y dichas leyes no afectarán a la clase media ni pobre, sólo a los ricos” (http://bit.ly/1IXilEb).

Ahora, en agosto, frente a la movilización de los indígenas, trabajadores y pensionados, el presidente Correa se ha mostrado intransigente. Desde hace varios meses el FUT y diversas organizaciones sociales y de los trabajadores han presionado al gobierno para llegar a acuerdos, pero no han encontrado una disposición gubernamental de diálogo, a pesar de que en junio el gobierno llamó al diálogo pero bajo el presupuesto de que no iba a echar atrás sus iniciativas de ley.

El presidente Correa caracteriza toda protesta con intentos golpistas y desestabilizadores dirigidos por la oligarquía y la derecha tradicional. Sobre la base de encuestas que le dan una favorabilidad superior al 60%, ha asumido una actitud que muchos califican de “prepotente y soberbia”. El antecedente de esa actitud, sobre todo frente a la dirigencia indígena y de algunas organizaciones sindicales orientadas por sectores de izquierda, es que Correa no perdona las alianzas que esos dirigentes hicieron en el pasado con agrupaciones políticas de derecha y sus relaciones con ONGs financiadas desde el exterior. Así, las bases sociales pagan por los errores de sus directivas.

El entorno internacional

La actual situación no se puede entender si no identificamos la nueva estrategia imperial para el continente americano. Consiste en combinar la “normalización” de relaciones diplomáticas con los diferentes países, entre ellos Cuba, Brasil y Venezuela, pero a la vez, profundizar la guerra económica que mediante diversas acciones adelanta a nivel global.

Así, la recolonización imperial del sub-continente latinoamericano asume nuevas facetas. Su actitud en la Cumbre de Las Américas en Panamá el pasado mes de abril, lo corrobora. Lo ocurrido en Cuba con la reapertura de la embajada de los EE.UU. es un triunfo de la revolución cubana pero es, además, una jugada estratégica del imperio. La crisis económica es la que juega detrás y la confrontación geopolítica entre los bloques de poder global es lo que está a la orden del día.

La estrategia civilista y pacífica de los pueblos sudamericanos obligó a Obama a cambiar su estrategia. Ahora la guerra económica es más efectiva. Sabe que China y Rusia avanzan en la región. La caída de los precios internacionales –forzada por los EE.UU. (fracking y alianza estrecha con Arabia Saudita) –, y la correspondiente revaluación del dólar y devaluación de nuestras monedas, ha disparado hacia arriba la Deuda Pública de todos los países dependientes. Además pone en muchos aprietos fiscales inmediatos a países como Ecuador, que no puede devaluar su moneda porque su economía está “dolarizada”.

En todos los países latinoamericanos esa “guerra económica” que se entrelaza con la crisis económica global que viene desde 2007 (recesión en Europa, Japón, Rusia y China), se ha empezado a sentir con relativa fuerza. Todos los gobiernos preparan reformas tributarias y ajustes fiscales. Es lo que ha obligado al gobierno del Ecuador a impulsar esas leyes que aprueban nuevos impuestos y reestructuran un instituto tan sensible como el IESS. Hay que recordar que Ecuador es la “Grecia latinoamericana” al tener su moneda amarrada al dólar.

La situación interna

Es claro que la dolarización de la economía del Ecuador no la hizo Correa. Sin embargo, la sufre y debe afrontar sus consecuencias. Ello permite explicar por qué Correa ha tenido que aplicar políticas que empiezan a tocar a sectores populares y que muchos califican como neoliberales. No es un asunto de culpas o buenas intenciones. Son hechos objetivos.

Uno de los problemas que se observan en Correa y demás “procesos de cambio” es que al llegar al gobierno pierden la capacidad crítica y empiezan a ubicar a todos los que cuestionen sus políticas como enemigos, traidores y golpistas. Y claro, esa actitud los separa inmediatamente de los movimientos y organizaciones sociales que contribuyeron con la derrota de la oligarquía y que han adquirido una relativa autonomía.

Al actuar de esa manera “defensiva” empiezan a transitar por el camino de cederle terreno a sectores de la burguesía “emergente” que se introduce en los procesos de cambio para detenerlos y convertirlos en herramientas para canalizar la renta petrolera y el presupuesto estatal hacia sus intereses (en todos los países ha aparecido esa burguesía “emergente” que le disputa el control de esa renta a la oligarquía tradicional).

En esa dinámica están los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador. La neutralización del proceso de cambio a manos de sectores burgueses ha impedido la profundización de la “revolución”: la reforma agraria ha quedado paralizada, la plurinacionalidad se quedó en el papel, las organizaciones sociales se han dividido y el movimiento popular se ha debilitado. Ante la presión del imperio y el capital transnacional, los gobiernos tienen que retroceder. Y entonces, todo empieza a depender del caudillo y de la “gestión por arriba”.

Las clases y sectores de clase, los movimientos sociales y los partidos políticos

De manera breve y sintética presentamos una mirada sobre este tema. En los países en donde el pueblo derrotó plenamente a la oligarquía y a la derecha tradicional usando su propia legalidad, o sea, las elecciones, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, se han presentado fenómenos muy similares. La oligarquía tradicional se atrincheró en regiones en donde es fuerte política y económicamente: Táchira-Zulia en Venezuela, Guayaquil en Ecuador y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.

Esa oligarquía tradicional está representada por la burguesía transnacionalizada, más comercial que productiva, y antiguos terratenientes hoy reconvertidos en grandes empresarios del campo. Fueron derrotados políticamente, desplazados del gobierno, pero conservan su fuerza económica y un gran poder político que se apoya en instituciones gremiales, la iglesia, sectores conservadores de la justicia y, sobre todo, en los medios de comunicación. El nuevo “partido de la desinformación” es el que unifica a los diversos partidos políticos que representan a esa vieja, entreguista y antinacional oligarquía.

Por otro lado, aparece lo que denominamos “burguesía emergente”. Está compuesta por sectores de la burguesía burocrática, algunos empresarios díscolos e independientes, nueva burguesía surgida de la acumulación de capitales provenientes del narcotráfico, minería ilegal y otras actividades “no lícitas”. Esta burguesía emergente se “pega” muy rápidamente al proceso de cambio. Ven la oportunidad de disputarle la renta petrolera y minera a la gran burguesía, controlar y manejar en su beneficio el presupuesto estatal y frenar algunas políticas “revolucionarias” que podrían afectarlos. Apoyan las políticas que salvaguardan la producción nacional pero no ven con buenos ojos las medidas que los aíslen del mercado internacional. La política monetaria y laboral hace parte de las tensiones con los dirigentes “del proceso”, y en el caso de Bolivia y Ecuador, la política indígena es uno de los motivos de mayor tensión dentro y fuera del gobierno, especialmente el derecho a la consulta previa.

La pequeña burguesía, las capas medias de pequeños y medianos productores, comerciantes  y profesionales precariados (nueva clase trabajadora o nuevo proletariado), tanto de la ciudad como del campo, ya sean “blancos”, mestizos, indígenas o afrodescendientes, se constituyen en la base social más fuerte del proceso de cambio. En Venezuela los jóvenes profesionales no han sido jalonados totalmente por el “chavismo” por cuanto la influencia ideológica de la burguesía parasitaria pro-norteamericana los ha podido neutralizar, con la consigna de que Venezuela va a quedar aislado del mundo al estilo cubano.

Los trabajadores asalariados en general apoyan los procesos de cambio. Los desempleados y sectores informales cogen para donde el viento tira con más fuerza. Los subsidios son su gancho pero éstos pueden ser ofrecidos también por la derecha, como ocurrió en Colombia con Uribe. Los trabajadores del Estado (educación, salud y de servicios públicos), acostumbrados a décadas de manejo burocrático del Estado, reaccionan en forma dual. Apoyan la desprivatización de entidades y la “recuperación de lo público” pero cuando los gobiernos aprietan exigiendo mayor calidad, más disciplina y responsabilidad en la prestación de los servicios públicos, se ponen a la defensiva y muchas veces se enfrentan a los gobiernos con actitudes sectoriales y estrechas (sindicaleras) que en ocasiones son utilizadas por la derecha para poner en aprietos a los gobiernos.

Ese comportamiento de las diferentes clases y sectores de clase se manifiesta en la actitud de los movimientos sociales y partidos políticos. La verdad es que en ninguno de los países de la región se aprecia madurez en ese terreno. Los movimientos sociales se han vuelto añicos fruto de la división y dispersión de los partidos políticos que influyen en ellos. Los gobiernos, por afanes electoreros –base mal entendida de su poder– cogen el camino más fácil y cooptan dirigentes mediante ofrecimientos burocráticos u otros métodos no muy dignos o non sanctus, dividiendo y debilitando al movimiento popular.

Algunos sectores de izquierda que construyeron sus bases durante los últimos 40 años al interior de los trabajadores del Estado no logran entender el momento y vacilan entre reducir su acción a defender los estrechos intereses de esos trabajadores o disputarle la dirección del proceso a la pequeña-burguesía. La mayor de las veces terminan por aislarse de los “movimientos democráticos” que se forman como expresión política de los “procesos de cambio” y se lanzan a la oposición, aislándose del conjunto de la población, supuestamente en defensa de la revolución anti-imperialista, proletaria y socialista.

Otros partidos de izquierda, con fuerza en sectores barriales o campesinos, se suman a los “procesos de cambio” pero en calidad de acompañantes, colaboradores, solidarios, sin arriesgarse a disputar la dirección del movimiento, básicamente porque no logran superar el “síndrome de oposición” y no tienen iniciativa política. Se limitan a repetir su credo marxista pero no elaboran ni presentan propuestas para enfrentar el duro reto que es ser gobierno de unos países subordinados al gran capital financiero internacional, endeudados, des-industrializados y completamente dependientes de los ingresos del petróleo, gas u otras materias primas.

En ese marco los partidos de la oligarquía, burguesía emergente, clases medias y sectores populares se van alineando en dos grandes bloques: los que están en el gobierno y los que están contra el gobierno. Esa polarización impide que las voces críticas se hagan escuchar. Y en esa tragedia, la estrategia electoral, el inmediatismo, las lealtades obsecuentes y cómplices, el coyunturalismo y el pragmatismo se van imponiendo. Ello explica las alianzas que han realizado en Ecuador dirigentes indígenas y líderes sindicales de izquierda con la derecha golpista de Nebot. Y también nos permite entender –aunque no justificar–, las alianzas que se dieron en las elecciones pasadas en Bolivia, entre el MAS y agentes de la oligarquía derechista en varias provincias y municipios.      

El balance del momento actual

La mayoría de la población hoy está con Correa. Esas mayorías valoran positivamente las   realizaciones en diferentes áreas de su administración. Su gobierno ha manejado mucho mejor que los venezolanos el auge de los precios del petróleo y los commodities. Ha mostrado capacidad de ejecución e iniciativa política. Construye y muestra obras. Se comunica con la gente y no se esconde. Evo Morales lo emula y ambas poblaciones los premian.

Sin embargo Correa no tiene un proyecto revolucionario. No se apoya de verdad en movimientos sociales autónomos o en una “ciudadanía” organizada o en proceso de organización. Un “nuevo clientelismo” estatal ha sacado la cabeza. Por más retórica revolucionaria que dispare en sus discursos, al igual que hacia Chávez, su práctica se basa en la gestión, más de las veces burocrática que transparente y ética, de un Estado Heredado de tipo “colonial”[1]. Su proyecto es desarrollista burgués con retórica nacionalista, anti-imperialista y supuestamente socialista. Igual que Maduro y Evo.

Así mismo, la dirigencia indígena –desde mi perspectiva– no tiene claridad. Ha cometido muchos errores. Es conservadora y sectorial. Un sector de ellos está infiltrado por ONGs “indigenistas” que pueden, si no lo son ya, convertirse en agentes, conscientes o inconscientes, de la estrategia imperial que trata de “balcanizar” los países que están en proceso de independencia. Así lo han hecho en Libia, lo hacen en Siria y el Medio Oriente, y lo trabajan en Colombia y en Bolivia.

Algunos sectores intelectuales, que contribuyen con el movimiento social y popular, que fueron protagonistas en la elaboración y aprobación de la Constitución, creen ilusamente que el movimiento de protesta actual se hace para rescatar lo aprobado en Montecristi. Sin embargo esa visión sólo la comparte un pequeño núcleo de dirigentes que, según veo, políticamente no son muy duchos. Caen de cierta manera en una especie de “legalismo constitucional” y tienden al “fundamentalismo ambientalista” que los lleva a aislarse del conjunto de la población que comprenden fácilmente a Correa cuando éste plantea que si no se extrae el petróleo, el oro o el cobre… ¿con qué dinero o recursos el gobierno va a pagar la nómina estatal, a entregar los subsidios o a realizar obras?

Las posibles soluciones

Las alternativas son varias y claro, no son fórmulas que puedan resolver los problemas de un momento para otro, pero esas soluciones deben surgir de procesos de concertación con la población organizada que muestren una dirección de cambio. Una de las fórmulas no es otra que fortalecer la “democracia con el pueblo”, ser más autocríticos, aceptar que existen sectores “opositores no golpistas” y llegar a acuerdos con ellos, e incluso, así no se llegue a acuerdos, asumir una actitud diferente a la que se asume con la verdadera derecha golpista. Es claro que la dirigencia de las organizaciones sociales también ha cometido graves errores pero las bases sociales no tienen por qué pagar los platos rotos.

Pero además, los pueblos y los gobiernos deben entender que sin la construcción y consolidación de un Bloque Latinoamericano o por lo menos, Sudamericano, nuestros países quedan sometidos a los imperios (EE.UU - UE), y también a las nuevas potencias Rusia y China. La burguesía de Brasil también sueña con convertirse en un sub-imperio. El problema es que los gobiernos progresistas, al no lograr construir un movimiento social fuerte y coherente, rápidamente les cede espacios de poder y de gobierno a las burguesías locales y el proyecto regional muere. Sólo Chávez era realmente consecuente con ese proyecto.

Hoy los gobiernos progresistas están a la defensiva, y no perciben que algunas reivindicaciones populares como plurinacionalidad, reforma agraria, control social y ambiental del extractivismo, construcción de bases industriales propias, más democracia, respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, no sólo son razonables sino necesarias, y que debe haber una concertación en torno de ellas para ir avanzando paulatina pero consistentemente en políticas anti-neoliberales que avizoren –con paciencia, prudencia y capacidad de aprendizaje– caminos y procesos post-capitalistas.

No se puede “saltar al vacío”. No es posible romper con el sistema capitalista de un momento a otro, y menos en cada país por separado. El bloque regional tendría que construir paulatinamente nuevas formas de economía. Organizar grandes empresas transnacionales pero latinoamericanas del petróleo, gas, energía eléctrica, café, banano, cobre, oro, turismo, construcción de infraestructura, procesadoras y comercializadoras a nivel internacional de productos elaborados  a partir de nuestras materias primas, ojalá gestionas y administradas con enfoques y prácticas de “Pro-comunes colaborativos”, en donde sean mayoría los pequeños y medianos productores y los trabajadores, y en donde los Estados nacionales asociados en una gran Confederación o Patria Grande Latinoamericana sirvan de soporte financiero, técnico y legal.

En ese proceso tendríamos que avanzar con mucha flexibilidad, apoyándonos en alianzas estratégicas con sectores de las burguesías locales pero paralelamente construyendo procesos organizativos de los trabajadores y pequeños productores que vayan más allá de la protesta y construyan Democracia Directa (pro-comunes colaborativos) en todas las áreas de la vida social.

Ello es posible hacerlo. Todo depende de la actitud, no sólo de los gobiernos sino principalmente de la dirigencia de los trabajadores y del pueblo. De lo contrario, ayudaremos – seguramente en forma involuntaria e inconsciente – al regreso de la oligarquía neoliberal o a la conversión de los “procesos de cambio” en bonapartismos latinoamericanos.

Popayán, 18 de agosto de 2015

E-mail: ferdorado@gmail.com / Twitter: @ferdorado

http://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2015/08/ecuador-un-medidor-de-los-procesos-de.html#.VdNJ3rJ_Oko

[1] El concepto de Estado Colonial se plantea a partir de la visión de Aníbal Quijano. “Colonialidad del Poder”.