En el contexto de la discusión llevada a cabo en el Congreso Argentino referente a las implicaciones de un acuerdo propuesto entre Argentina y los fondos de alto riesgo (hedge funds), el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, han decidido emitir el siguiente comunicado:

Ginebra - La oferta argentina de pagar $ 4.650 millones a los fondos de alto riesgo titulares de bonos impagados hace 14 años aumentará el riesgo moral y alentará litigios disruptivos de los acreedores hold out en todo el mundo.

Ese monto corresponde sólo a una parte del 7,7% de la deuda no reestructurada que Argentina dejó de pagar a finales de 2001. El país ha estado bajo una gran presión financiera para alcanzar un acuerdo con fondos de inversión hold out que habían comprado la deuda de Argentina en el mercado secundario con un gran descuento y que probablemente obtengan enormes ganancias.

Un acuerdo validaría el tipo de litigios predatorios que han aumentado durante la última década. Estos acuerdos dificultarán la solución de las crisis de la deuda de una manera justa, oportuna y eficiente, alentando y recompensando el comportamiento de aquellos que se niegan a participar en los esfuerzos de reestructuración de la deuda. Estas no son buenas noticias para los intentos de resolver la crisis de la deuda en forma oportuna y de una manera sensible a los derechos humanos.

Recientemente, en septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos expresó en una resolución su preocupación por el hecho de que el pago a los fondos buitres podría socavar la capacidad de los Gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales (1). El mensaje de un acuerdo sería que conviene negarse a participar en los procesos de reestructuración de deuda a través de la retención de la deuda pública de un Estado insolvente.

Alentar este tipo de comportamiento va en detrimento de muchas personas en los países afectados por las crisis de deuda. La propuesta de acuerdo extrajudicial, tras muchos años de litigio, confirma la necesidad de establecer mecanismos de reestructuración de la deuda más previsibles y eficaces a nivel internacional para resolver controversias de deuda en forma oportuna.

Queda por ver si el acuerdo entre Argentina y los fondos de alto riesgo, en caso de ser aprobado por el Congreso de Argentina, beneficiará a la población del país. Alcanzar un acuerdo con los "fondos buitres" podría permitir a Argentina volver a tomar deuda en los mercados financieros internacionales, pero para poder pagar a los hold outs el Estado tendrá que aumentar su endeudamiento.

Es necesario preguntarse si este acuerdo y el subsiguiente endeudamiento en los mercados financieros internacionales, serán convenientes desde una perspectiva de derechos humanos.

Emitir nueva deuda que supere ciertos límites de prudencia, en aras de una visión absolutista del principio pacta sunt servanda,(2) o para reducir un déficit fiscal crónico, no sólo afectarían negativamente al entorno económico necesario para la plena realización de los derechos económicos y sociales, sino que probablemente también exacerbaría la desigualdad económica y crearía las condiciones para una futura inestabilidad financiera  (3).

Esperamos que el Congreso argentino y el público en general consideren cuidadosamente las consecuencias del acuerdo propuesto. Es necesario decidir cuidadosamente cuánta deuda podría tomarse con prudencia y cómo deberían ser utilizados los fondos tomados en préstamo a fin de fomentar un crecimiento inclusivo y sostenible. Antes de decidir sobre esta amplia gama de cuestiones, sería apropiado realizar una evaluación del impacto sobre los derechos humanos.

Aunque Argentina ha sido promotora de los "Principios básicos sobre los procesos de reestructuración de la deuda soberana" de las Naciones Unidas exigiendo la igualdad de trato de los acreedores, ahora está a punto de pagar a los "fondos buitres" mucho más de lo que el Estado argentino pagó a los acreedores que cooperaron en reestructuraciones de deuda pasadas. Esto demuestra que las fuerzas del mercado e interpretaciones judiciales insólitas de las cláusulas pari passu menoscaban la aplicación de estándares internacionales encaminados a resolver las crisis de deuda de una manera justa, transparente y conforme a los derechos humanos. Ahora es aún más urgente que la comunidad internacional encuentre mejores soluciones a este problema.

Leer también el comunicado de prensa anterior emitido por el Experto Independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos y el Relator Especial sobre la extrema pobreza en el litigio de fondos buitres contra Argentina, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15354  y el informe del anterior experto Independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos tras su visita a Argentina, A/HRC/25/50/Add.3 .

 (1) Resolución 27/30 del Consejo de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 2014.

 (2) Véase el informe del Experto Independiente a la Asamblea General, A/70/275.

 (3) Véase el informe del Experto Independiente del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/31/60.