El gobierno de Danilo Medina necesita dinero fresco. Sus cuentas no le dan. Los ingresos son magros y los gastos incalculables. Su contabilidad no cuadra.

Eso explica la campaña mediática actual para que se apruebe un Pacto Fiscal que es una forma disimulada de nuevas cargas tributarias que serán nuevamente soportadas por las costillas de los trabajadores, particularmente la clase media. Es más, se ha llegado al despropósito de afirmar que dicho Pacto es un “clamor generalizado de la población”.

Si el gobierno logra imponer una nueva reforma fiscal, esta sería la sexta, con los mismos argumentos: aumentar los ingresos para equilibrar el presupuesto y reducir el déficit fiscal.

En un sentido riguroso los objetivos del gobierno aparentan racionales. Desde hace años el equilibrio presupuestal se realiza con empréstitos los cuales, como se sabe, aumenta sistemáticamente el endeudamiento externo cuyo monto alcanza hoy más de 35,000 millones de dólares.

El problema de fondo, sin embargo, es que nadie cree que el gobierno utilizará los fondos provenientes del aumento de los ingresos vía impuestos racionalmente.

Los empresarios temen que la masa monetaria resultante de la abolición de los incentivos –que no son pocos-irán a parar a los bolsillos de los compañeritos del PLD y de la burocracia de ese partido (convertido hoy en partido-Estado) en gastos superfluos; los trabajadores, por su parte, recelan a su vez del “pacto fiscal” porque sospechan que de sus bolsillos saldrán los dineros para sacarles las castañas del fuego a los déficits del gobierno, y la clase media está segura de que también será nuevamente penalizada en su nivel y calidad de vida si se impone una nueva reforma fiscal.

O sea, estamos en frente de una total falta de credibilidad ante el llamado Pacto Fiscal.

Si el gobierno quisiera transparentar las finanzas públicas, aboliera las nominillas, suprimiera el gasto superfluo en el servicio exterior y en la administración pública, reduciría el déficit fiscal, cancelaria las 7 mil cuentas innecesarias que ahorrarían unos 70,000 pesos, conforme a la denuncia de la oposición, etc. Si hiciera todo eso quizás entonces la oposición cambiaria de opinión y apoyaría el llamado “Pacto Fiscal”, con objetivos claramente definidos despejando las dudas de que estamos en presencia de otra simulada reforma tributaria.

Los socialdemócratas tenemos una posición bastante clara sobre los impuestos. No nos oponemos por principio al aumento de los tributos los cuales deben recaer en las espaldas de los sectores de mayores ingresos, siempre y cuando esos impuestos sean utilizados para ejecutar planes de desarrollo y realmente cubrir déficits fiscales. Pero jamás darle un cheque en blanco a un gobierno que no respeta las leyes y que las reformas fiscales aprobadas en los últimos años no han resuelto el sistemático déficit fiscal acumulado y que para este año se proyecta en unos 150,000 millones, conforme a datos aportados por los economistas.

Pero, además, para la oposición, la presión mediática actual atizada por el gobierno para que la agenda sea la discusión de los pactos (eléctrico y fiscal) y no el pacto político es inadmisible.

El imperativo de la hora es el debate y discusión de los aspectos vinculados a la institucionalidad democrática, hoy seriamente cuestionada, particularmente, la aprobación de la ley de partidos, la ley electoral y la elección de jueces honorables y apartidaristas en los principales estamentos judiciales, como son los casos de la JCE, el TSE, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Este imperativo ha sido asumido públicamente por el CONEP cuyo actual presidente en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio reclamó hace algunos días la aprobación de la ley de partidos y la ley electoral. En dicha intervención se expresó lo siguiente: “...En nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un verdadero Estado de Derecho, en el que todos estamos obligados a cumplir la ley…...”

Desviar, pues, la agenda nacional a debates como el pacto fiscal y eléctrico y obviar el principal problema que confronta la sociedad en este momento, que es el Pacto Político, es sencillamente inadmisible.

Lo primero es lo primero.

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