El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral firmado entre 12 países para favorecer a las corporaciones transnacionales principalmente estadounidenses y japonesas, con el fin de consolidar una nueva arquitectura normativa donde se otorgan derechos ilimitados a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos y de los intereses de los gobiernos receptores de inversiones.

El tratado fue presentado como un acuerdo comercial y está impulsado por EE.UU, negociado en secreto los últimos cinco años, entre funcionarios estadounidenses, asesores de las élites corporativas y algunos pocos funcionarios de los otros países firmantes.

En octubre 2015, cuando el gobierno peruano se alistaba a recibir en Lima a lo más selecto de la élite financiera en la Reunión Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se aprovechó para que el ex presidente Humala anunciara el final de las negociaciones, tras más de veinte rondas negociadoras desde marzo del 2010, sin que probablemente se sepa el contenido del TPP, ni los derechos que serían vulnerados.

El 4 de febrero fue firmado por el mandatario y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, con muy poca cobertura en los medios de comunicación; meses antes el texto del tratado con más de cinco mil páginas, divididos en treinta capítulos en un inglés técnico-jurídico, compuesto además por cuatro Acuerdos paralelos no había sido traducido al castellano, lo poco que se sabía antes de la firma del TPP fue filtrado por los WikiLeaks.

Esta opacidad desde el nacimiento del tratado se fue acentuando durante los últimos meses, el Poder Ejecutivo hasta el día de hoy no ha dado muestras de transparencia en el trámite del TPP. No se tiene información sobre los informes técnico-legales de los sectores correspondientes, los que habrían dado el visto bueno al tratado. Se sabe sin embargo que el Ministerio de Salud emitió un informe cuestionando el tratado en lo referente al acceso a la salud, pero no se conoce en detalle su contenido. Son estos informes los que sustentan la posición del Poder Ejecutivo, a pesar de que la mayoría hayan sido realizados después de la firma del tratado; además son requisitos necesarios para el ingreso al Congreso de la República donde finalmente será ratificado o no.

En el gobierno de Humala se buscó acelerar el proceso y se preparó el proyecto de ley para la ratificación del TPP, una estrategia muy osada, tratándose de un Congreso que estaba de salida. Recientemente el 23 de setiembre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retomó el proyecto y lo presentó al nuevo Congreso, tal como obliga la Constitución. El interés del Ejecutivo aparentemente es aprobar el TPP antes de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC por sus siglas en inglés) que se celebra en Lima a inicios de noviembre y donde se espera la llegada del presidente de Estados Unidos Barack Obama, principal impulsor del tratado.

Movimiento social-urbano Peruanos contra el TPP

La gran mayoría de la población hasta hoy no sabe de lo que se trata el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica- TPP, a pesar de los esfuerzos que desde octubre del año pasado vienen realizando el movimiento social urbano de Las Zonas, grupo de ciudadanos y ciudadanas que surgió en respuesta a las políticas de flexibilización laboral que impulso el gobierno de Humala, cuando a partir de la aprobación de la Ley de Régimen Laboral Juvenil o la “Ley Pulpín” los jóvenes se pudieron organizar logrando movilizar a miles de personas en diferentes partes del país hasta lograr la derogación de la norma.

Las Zonas, entre ellas la Zona 9 que articula a ciudadanos de los distritos de Lince, Breña, Jesús María y Pueblo Libre, realizaron diversos conversatorios sobre las serias consecuencias para los derecho sociales que traería la firma del TPP, la información obtenida fue a partir de las filtraciones de WikiLeaks, pero además contó con un trabajo de traducción de textos y análisis acuciosos por parte de los mismos miembros del movimiento.

Fue así que a partir de piquetes informativos, charlas, conversatorios, carraedas (información que se brinda durante viajes en el transporte público) y convocatorias virtuales lograron acumular hasta la firma del tratado cinco movilizaciones contra del TPP. Después de ello el proceso electoral tuvo única cobertura en los medios y fue invisibilizando las actividades realizadas contra el TPP; sin embargo Las Zonas siguieron organizándose hasta constituir la Plataforma de Peruanos contra el TPP y TISA; que aglutina a más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicatos, organizaciones indígenas y diversos colectivos que han ido realizando acciones diversas para informar y movilizar a la ciudadanía en contra del TPP.

Super-derechos de inversionistas vs. derechos humanos

Se menciona que el TPP es el tratado comercial más grande de la historia, puesto que comprende el 40% del PBI mundial, los que no se menciona es que solo EE.UU y Japón representan más del 85% de ese PBI, de la misma manera que representa el 30% de las exportaciones globales o el 11% de la población mundial, solo entre EE.UU y Japón suman más de 450 millones de habitantes, más de la mitad de los 800 millones de habitantes que comprende este tratado. ¿Qué significa esto? El TPP es un instrumento geopolítico de EE.UU. y Japón dirigido a detener el avance económico de China. Pero no solo eso, sino que es una estrategia de las empresas transnacionales que son quienes tienen el poder en ambos países, puesto que son las corporaciones transnacionales las que controlan los dos tercios (2/3) del comercio global.

Este juego geopolítico tiene que ver muy poco con el Perú, cuya relación ha sido completamente asimétrica en las negociaciones y que incluso va a contracorriente de su política económica internacional puesto que China es su principal socio. Pero lo peor de todo es que este tratado pretende consolidar una estrategia perversa de esta globalización únicamente económica: Reformar de facto el sistema jurídico internacional donde se privilegian los tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional de los derechos humanos.

El modo de hacerlo ha sido a través de la imposición del paradigma del libre comercio que ayudado de la instrumentalización del derecho internacional ha ido quebrando los avances en garantizar la supremacía de los derechos humanos. El caso del TPP es la consolidación de esa lógica por ejemplo en el capítulo IX se establece nuevas reglas de protección a los inversionistas a través de un Sistema Internacional de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) este sistema busca eludir la competencia de los tribunales nacionales cuando haya conflictos entre inversionistas y Estado, recurriendo directamente a tribunales arbitrales que finalmente son tribunales privados.

Otra estrategia de este quiebre del derecho internacional es los relacionado a derechos de propiedad intelectual, estos han ido sofisticándose más a desnaturalizar su objetivo cuando se entra a normar temas relacionados con el acceso a la salud no para garantizar la salud de los seres humanos sino para asegurar mayores ganancias a las corporaciones farmacéuticas cuando se extienden las patentes o derechos exclusivos de fabricación en los medicamentos, lo que hace inaccesible la adquisición de ciertas medicinas a determinadas personas.

Bajo la misma fórmula de los derechos de propiedad intelectual el TPP extiende los derechos de autor por encima de los 70 años y en el caso de internet le otorga derechos a los intermediarios del servicio (Movistar, Claro, etc.) para que puedan retirar contenidos cuando una empresa o persona denuncia que alguien ha violado los derechos de autor, lo que causaría restricciones graves a derechos fundamentales ejercidos en internet como libertad de expresión, información y privacidad. En esa misma dirección bajo el argumento de protección de derechos de propiedad intelectual también se obligara a que agricultores y campesinas restrinjan prácticas tradicionales como el intercambio de semillas, puesto que algunas empresas transnacionales han patentado dichas semillas o les interesa hacerlo.

A estas nuevas prerrogativas se unen las cláusulas o principios comerciales y de inversión, que empezaron a utilizarse en los llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI’s) y en los Tratados de Libre Comercio (TLC); pero que ahora están fortalecidas en este tratado multilateral del TPP, nos referimos a los “principios” de Trato Nacional, Trato justo y equitativo, Trato de la Nación más favorecida, la Expropiación Indirecta y los Requisitos de desempeño; que en resumidas cuentas son medidas de protección para que no obstaculicen la inversión, ni contravengan las expectativas de ganancias futuras que puedan tener las empresas transnacionales.

Para que esto funcione, es necesario que el Estado firmante del TPP renuncie a su jurisdicción nacional en el caso de una controversia Estado-inversionista y se someta a una corte arbitral con árbitros privados, sin doble instancia y donde muchos de los árbitros son parte de las puertas giratorias. La principal corte arbitral es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) institución del Banco Mundial que ha suscrito un Convenio sobre Arreglo de Diferencias con el Perú.

Las experiencias en el CIADI, como es lógico son mayormente favorables a las empresas transnacionales obligando a los Estados a pagar sumas millonarias de indemnizaciones e incluso truncando la implementación de leyes y políticas públicas por parte del Estado, bajo el argumento de que dichas normas o política contravienen los “principios” comerciales suscritos en los TBI o TLC y ahora fortalecidos con el TPP. En el caso del Perú, ha sido enjuiciado por más de 2500 millones de dólares y hasta ahora le ha costado más de quince millones de dólares para la defensa.

El TPP no solo ha tenido deficiencias serias en la transparencia de su elaboración, sino también en los procesos de firma y ratificación en cada país. Las razones de esa opacidad se encuentran en su contenido, diferentes artículos que mediante una técnica jurídica sofisticada busca beneficiar claramente a los inversionistas, otorgándoles super-derechos que los ponen en una cómoda posición en relación a Estados con debilidad en sus instituciones y que finalmente quiebran el marco de protección de los derechos humanos. Diferentes instancias de las Naciones Unidas han manifestado las amenazas del TPP y la liberalización extrema de los tratados comerciales y con esto la necesidad de un instrumento internacional vinculante para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. En el caso de Perú ha sido el movimiento social emergente el que ha puesto en cuestión la ratificación del TPP, esto sería un mensaje directo al actual presidente y congresistas, el mensaje de que estaremos vigilantes de los lobbys los próximos cinco años.

Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos contacto: luis.hallazi@gmail.com