El crimen y la violencia tienen altos costos para la sociedad, tanto directos como indirectos. Los costos directos incluyen una menor esperanza de vida, y otras consecuencias como la salud física y psicológica de las personas afectadas, los gastos públicos y privados asociados a la prevención y el control del delito , el sistema de justicia penal y las cárceles y los bienes y las propiedades pérdidas o destruidas a causa del crimen.

Los costos indirectos incluyen los cambios de conductas que adoptan las personas para evitar el delito (menos actividades recreativas o fuera del hogar), las decisiones de inversión de las empresas y el impacto sobre la confianza entre los ciudadanos y por parte de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones.

Un método muy utilizado para calcular los costos del crimen consiste en sumar los gastos directos (públicos y privados) en salud y en prevención y control del delito y que se realizan como consecuencia del crimen; el valor de la propiedad destruida como consecuencia del crimen; y los salarios perdidos por los individuos encarcelados o de las personas incapacitadas o fallecidas como consecuencia del crimen.

La información proviene en general de fuentes secundarias que incluyen presupuesto público, las encuestas de gastos de hogares, los registros médicos y las decisiones judiciales. Un problema de este método, es lograr la información muy detallada sobre gastos públicos y encuestas de familias.

Los costos directos del crimen podrían estimarse con métodos más directos. Por ejemplo encuestas directas de cuantos estarían dispuestos a pagar por una reducción de la criminalidad (cerraduras de seguridad y rejas, vigilancia privada, alarmas, cámaras, etc.). Por supuesto, en este caso, los hogares de ingresos más altos invierten más.

Los costos indirectos del crimen son más difíciles de estimar. Por ejemplo se puede recurrir a algunas técnicas y variables sobre las consecuencias negativas sobre la participación laboral y los salarios y sobre las decisiones de inversión. Otro método es como los individuos victimizados tienen 10% menos de confianza en la policía que los no victimizados y también menos confianza en el poder judicial y en las redes sociales.

En síntesis, el crimen y la violencia generan costos económicos y sociales significativos. Estimaciones que utilizan información de los presupuestos públicos y encuestas de gastos de hogares sugieren que estos costos están cerca del 5 del PBI.

Este análisis es de fundamental importancia en la elaboración de las políticas públicas y generalmente no ocurre por el déficit de conocimiento civil de la seguridad.

Miguel Ángel Barrios -Argentina- es doctor en educación y en ciencia política. Autor de reconocidas obras sobre América Latina.