En demanda de la libertad de Abelino Chub Caal y el fin de la persecución política.

Malos tiempos para la protesta y el ejercicio de derechos. Grandes y pacíficas movilizaciones son calificadas en medios de comunicación como desorden, ruido, caos, bloqueo a la libertad de locomoción (ejemplo, 7 de marzo, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA).

Los promotores de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico nos ponen en riesgo a todos, nos colocan en la incertidumbre y dividen, con irresponsabilidad, según opiniones de sectores empresariales.

Comunidades indígenas que ejercen su derecho de decisión aparecen en comunicados de prensa promovidos por organizaciones empresariales como responsables de la subida de la luz, la escasez de energía, la huida de la inversión por inseguridad jurídica, la pérdida de empleos.

Dirigentes son perseguidos y encarcelados por defender su territorio, el agua y la tierra como elementos de vida, tal y como sucede con Bernardo Caal en Santa María Cahabón y el líder q´eqchi´Abelino Chub Caal en el Polochic.

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Si usted no se cree la agresividad verbal de esta campaña,  vuelva a escuchar los 108 segundos más intensos de la radiodifusión nacional, un anuncio que se multiplicó durante el debate de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico: en el mensaje reproducido de forma profusa, los empresarios reivindicaron igualdad, seguridad, certeza y responsabilidad (situación actual) y alertaron contra reformas que nos ponen en riesgo, en la incertidumbre y nos afectan a todos (situación que se daría de aprobarse las reformas).

Si usted no lo cree, revise los comunicados y declaraciones empresariales sobre la reglamentación del derecho de consulta: invalidan la consulta al reducirla a diálogo; plantean la homologación retroactiva de los proyectos en marcha, aunque no hayan realizado consulta ni diálogo;  contraponen intereses de sectores (pueblos y comunidades) al interés general legítimo, representado en el Estado.

Fin y principio del debate

Entre el Armageddon y la debilidad argumentativa: la defensa de la libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, de la  Certeza Jurídica y el Índice de Confianza de Inversión Directa en el país (cámaras empresariales), obvia el derecho de pueblos  y comunidades a decidir si quieren proyectos, empresas y lo que algunos llaman desarrollo pero se parece demasiado al despojo. Obvia asimismo las consecuencias profundamente destructivas del accionar irrestricto empresarial: el modelo extractivo defendido por los empresarios despoja y se impone por la violencia, en un marco de democracia muy restringida.

Las campañas de comunicación empresarial cierran discusiones incómodas desde el punto de vista de un poder construido sobre verdades inmutables y nada discutidas: verdades establecidas al antojo de las elites dominantes, sin espacio para el ejercicio del poder de pueblos, comunidades y organizaciones.

En la trastienda de la historia oficial, se ocultan  debates de fondo: el debate sobre el colapso histórico de un Estado y un modo de organización construido con violencia y exclusión; el debate sobre el modelo de desarrollo, el racismo, el patriarcado, el capitalismo; el debate que nos interroga y nos hace ir más allá de lo conocido: ¿es posible un modelo económico sin extracción de recursos, con respeto a la naturaleza y a la población, que tenga en cuenta no solo la ganancia inmediata, sino el bienestar de las generaciones actuales y futuras?  Tiene que ser posible, porque “conciliar” derechos de las empresas extractivas con derechos de las comunidades nos está llevando a un callejón sin salida, como evidencian las comunidades de Costa Sur tan ricas en monocultivo y desvíos de ríos como carentes de agua.

Construcción plural desde abajo frente a un nuevo pacto de elites

El 29 de marzo, en una decisión histórica, la Asamblea salvadoreña aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Una versión preliminar de la ley incluía en sus considerandos (finalmente no incorporados al texto) la reivindicación del interés público y el bien común, la necesidad de la preservación de la riqueza natural del pais para las generaciones actuales y futuras, al tiempo que declaraba la soberanía y libre disposición sobre los territorios y los bienes naturales. Lo que el proyecto dice, al margen de otras lecturas de política interior, es que el modelo de exclusión puede ser cuestionado. La condición es que lo pensemos y construyamos entre todos, con protagonismo desde abajo de pueblos, comunidades y sectores populares.

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No sirven los diálogos de los de siempre, concebidos para distraer y no para resolver los conflictos, sin otra agenda que la seguridad de inversiones, los derechos de las empresas, la constitucionalización de la propiedad privada, el Estado de Derecho entendido como el derecho a hacer negocios. Tampoco parecen suficientes esfuerzos desarticulados y movilizaciones aisladas.

La crisis profunda de este Estado y este modelo autoritario y excluyente nos obliga a pensar nuevas formas de organización y sujetos plurales y colectivos que superen la historia de violencia y construyan, desde este presente hecho por unos pocos, el futuro de todas y todos.

https://pensamientosguatemala.org/2017/04/10/derrotar-el-modelo-de-exclusion/