Desde siempre se ha afirmado que el liberalismo se ocupaba de la seguridad de las personas, de la defensa de la propiedad y de manejar la estructura del Estado en forma austera, para no quitarle recursos a la sociedad civil y así los pueda aplicar al mercado y los negocios. Esto hizo afirmar acertadamente a Carlos Marx, en su Crítica a la Filosofía del derecho de Hegel, “el negocio es el corazón de la sociedad civil capitalista”.

El gobierno de Macri cuando asumió propuso reducir el déficit fiscal y el gasto público. Luego de un año y medio observamos que el resultado es totalmente contrario.

Argentina creció desde un 30% del PBI en 2003 a un 46% en 2015. Y desde que asumió Macri este gasto aumentó a un 49%.

En cuanto a la estructura del Estado esta subió a 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales, 689 subdirecciones nacionales y 120 organismos descentralizados.

El actual Estado argentino gasta mucho y mal, incluso en aquellas áreas de su íntima competencia como la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Paga una estructura ociosa de, según los especialistas, un 30%.

Ante este panorama existen dos propuestas distintas de reestructuración del Estado:

A) aquella que busca la gobernanza, esto es, el poder de las elites financieras transnacionales para poner a los Estados al servicio del mercado y a la libre circulación del capital, que propone el criterio de diseño “base cero”. No se parte de la organización existente, sino que se diseña otra nueva que responda al objetivo de cubrir, con criterios modernos y eficientes de administración de la Res-publica, de la cosas pública.

Uno de los cambios fundamentales propuestos es la sustitución del concepto de carrera administrativa por el de la contratación por tiempo determinado en los cargos con responsabilidad de conducción. El propósito es aproximarse a las modalidades del sector privado y aplicar mayor flexibilidad laboral. La reducción de la excedida planta de personal del Estado es la cuestión más importante y la más delicada de la reforma. Se encuentra vigente la Ley 25.164 denominada Ley Marco de Regulación del Empleo Público, sancionada en 1999, que habilita los procesos de racionalización en la administración nacional, por lo tanto la reforma puede desarrollarse con la legislación actualmente vigente.

B) aquella que busca el rescate del Estado a través de los tres principios que lo sustentan: el de solidaridad, el de subsidiariedad y el de bien común. El primero busca la unificación de las ciudadanos tras un proyecto común de nación; por el segundo el Estado ayuda a hacer a los ciudadanos aquellas grandes obras que de suyo no pueden realizar y por el tercero el Estado recupera el fin último y sentido de su existencia, esto es, el logro de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.

Si hay crisis de gobernabilidad es porque existe una crisis de conducción y si hay crisis de conducción es porque las decisiones se tomaron mal. Una provincia mal administrada no debe ser intervenida pues su costo político, con la estructura actual del Estado, es infinito, se debe nombrar un buen administrador de los dineros públicos por decreto de necesidad y urgencia, y que el costo político lo pague el mal gobernador.

A la inmensa clase ociosa del empleado público, desde docentes a médicos y desde policías a jueces hay que ponerlos a trabajar, recuperando la idea de la liberación por el trabajo. Para eso se necesita de un gobernante que tenga en claro los tres principios que dan sentido a la existencia del Estado.

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