El despido de Julia Príncipe y Katherine Ampuero de la Procuradoría tiene como trasfondo la venta de las empresas de Odebrecht y adonde se destina ese dinero, en particular cuánto y cómo se cobra el estado de reparación civil por los daños causados por la corrupta trasnacional constructora.

Personalmente pienso que el daño causado al país es muy grande; después de todo, que los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala estén involucrados en casos de corrupción es un enorme golpe a la nación, a la ciudadanía y al estado de derecho. El propio PPK ha dicho que este año el Producto Bruto Interno (PBI) ha perdido 1 por ciento de crecimiento por culpa del escándalo Lava Jato, y eso equivale a más de 2 mil millones de dólares. Me inclino por eso a pensar que la reparación civil debiera ser gorda y sumar varios miles de millones de dólares.

Por otro lado, el gobierno argumenta que si no permitimos que haya rápido un comprador que se hago cargo de los negocios de Odebrecht, la inversión, los empleos y el desarrollo se detienen.  Pero ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? Bueno, el subtexto en el discurso del gobierno, es decir lo que no está dicho pero cuya ausencia es muy reveladora, es que si se exige una reparación civil muy grande se detiene la operación de compra-venta y los proyectos siguen paralizados.

Eso es, en parte, verdad. Si el Estado peruano reclama a Odebrecht mucha plata por reparación civil, quizás el valor entero de los negocios, entonces a Odebrecht no le interesa vender. Prefieren esperar sentados. Solo que si seguimos esta lógica, resulta que los peruanos terminamos presos del chantaje de los corruptos, que nos dicen algo así como “si me exiges mucho, te friego”. ¿No es obvio que esto es total y absolutamente inaceptable, y que Odebrecht no debe poder decir ni pío, ni una palabra ni abrir la boca, luego de haber pagado decenas de millones en coimas para robar miles de millones en sus obras?

Lo que está muy mal planteado es el esquema para resolver la continuidad de las inversiones y proyectos asumidos por Odebrecht. El esquema actual, establecido en el Decreto de Urgencia N° 003, en el cual se deja a Odebrecht con la sartén por el mango, hace que el Estado se vea en un dilema inmoral: si pido lo justo como reparación, detengo la venta y agravo los despidos y la crisis. Algo así como la elección de Sofía, puestos a escoger entre lo pésimo y lo pésimo.

No tiene por qué ser así.  Lo que hay que entender es que, por el daño causado al país, Odebrecht nos debe tanto dinero que ya está quebrada. Como se sabe, cuando una empresa quiebra lo mejor no es que detenga sus operaciones, sino que los acreedores tomen el control de la misma. Eso es lo que el gobierno debió hacer hecho hace 6 meses y que debe hacer lo antes posible.

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